Es frecuente que, en mediante un testamento, se establezca a favor de alguno de los herederos (normalmente el cónyuge) el usufructo de parte de los bienes que componen la herencia.

El derecho de usufructo permite su titular utilizar una cosa ajena sin ser el propietario.

Su titular también puede apropiarse de los rendimientos que este bien ajeno pueda producir (las rentas si el usufructo se adquiere sobre un inmueble que se encuentra alquilado, los frutos si se trata de una explotación agrícola… etc.)

Sin embargo, el usufructuario ( persona que disfruta del usufructo) no puede vender el bien ni gravarlo constituyendo, por ejemplo, una hipoteca, porque sencillamente, no le pertenece.

Normalmente en estos casos se dice que el propietario tiene la “nuda propiedad”, esto es, una propiedad “desnuda”, sin poder utilizarla, porque su uso está reservado al usufructuario.

Respecto a los bienes, el usufructuario tiene la obligación de:

Cuidarlos y darles un uso normal.
Abonar los gastos de conservación, mantenimiento o reparaciones ordinarias que necesiten.
Debe comunicar al propietario la necesidad de hacer reparaciones urgentes que deba abonar o si se están produciendo actuaciones que pueden lesionar de alguna forma el derecho de propiedad.
Abonar las cargas e impuestos que graven el uso de la cosa como por ejemplo, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Debe distinguirse al respecto dos tipos de usufructos:

Los voluntarios o constituidos por la voluntad de las partes expresada mediante la celebración de contratos o en testamento.
Los legales, que son establecidos por disposición legal como, por ejemplo, la legítima del cónyuge viudo por la que se le reconoce el derecho de adquirir el usufructo de hasta la mitad de los bienes del fallecido.

Si se trata de un usufructo voluntario habrá de estarse a la limitación temporal que las partes hayan establecido en el contrato o al concedido por el testador en el testamento. Así, el usufructo puede pactarse por una duración determinada (por ejemplo, 30 años) o ser determinable (mientras viva el beneficiario)

También puede realizarse en beneficio de una persona o de varias conjunta (todas disfrutarán del bien al mismo tiempo) o sucesivamente (primero disfrutará el bien una persona y después otra o incluso de una persona jurídica, en cuyo caso la duración máxima será de 30 años.

Si no se limita la duración y en el caso de los usufructos legales, el usufructo durará mientras viva la persona beneficiaria.

El usufructo finaliza, entre otras causas, cuando:

Fallece el usufructuario.
Se cumple la condición de la que se hizo depender el usufructo.
El usufructuario adquiere la propiedad.
Se renuncia al usufructo.
La cosa sobre la que recae el usufructo se pierde.
Cuando no se utiliza el bien, durante 6 años si se trata de un bien mueble, o durante 30 años si se trata de un bien inmueble.
Al término del usufructo, el usufructuario está obligado a devolver el bien sobre el que recayó.

El principio de inocencia o presunción de inocencia es un principio jurídico penal que establece la inocencia de la persona como regla. Solamente a través de un proceso o juicio en el que se demuestre la culpabilidad de la persona, podrá el Estado aplicarle una pena o sanción.

La contracara de la presunción de inocencia son las medidas precautorias como la prisión preventiva. En el derecho penal moderno solamente se admiten medidas precautorias cuando hay riesgo de fuga o peligro cierto de que la persona afecte la investigación del hecho de manera indebida.

Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en un juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias a su defensa.

En aras de proteger a los vendedores en el caso de bienes muebles, se ha creado una forma de venta especialísima en la cual el vendedor puede reservarse el dominio o propiedad del bien hasta que el comprador haya pagado la totalidad del precio. Asimismo el comprador solo adquiere la propiedad de la cosa con el pago de la última cuota del precio, pero asume el riesgo desde el momento en que la recibe, todo conforme a las previsiones legales, este contrato se ha denominado “Venta con Reserva de Dominio” y será explicado en el presente artículo. Esperamos sea de su agrado.

El contrato de venta con reserva de dominio

Para el autor Aguilar Gorrondona, se puede definir como:

…Es la venta en la cual, en virtud de la voluntad de las partes, se difiere la transferencia de la propiedad hasta el momento en que el comprador pague la totalidad del precio, aún cuando ya tuviera en su poder la cosa vendida…
Asimismo el autor Arquímides González, afirma que es aquella mediante la cual el vendedor como una forma de protección, se reserva de mutuo acuerdo con la otra parte, la propiedad de la cosa vendida, hasta tanto no sea cancelado el precio total del bien en cuestión.

Cabe aclarar que no pueden ser objeto de este tipo de ventas, las cosas destinadas a la reventa, ni las destinadas a manufactura o transformación que no sean identificables, ya que atentan contra la naturaleza de este tipo de contrato. En ese orden de ideas se establece en la ley que no pueden realizarse actos de disposición sobre la cosa adquirida con reserva de dominio salvo autorización expresa del propietario, siendo una forma de obligar al comprador a que cumpla su obligación.

Por otro lado si la cosa vendida con reserva de dominio, estando asegurada por el comprador, perece, se deteriora, se pierde de modo que se ignore absolutamente su existencia, o quede afectada por cualquier otro suceso que dé lugar al pago de una indemnización de seguro: el crédito del vendedor se considerará prendario a los solos efectos de poder cobrar, con el privilegio inherente a éste, de las cantidades debidas por los aseguradores.

Cuando el precio de la venta con reserva de dominio se haya pactado para pagarse por medio de cuotas, y no obstante convenio en contrario, la falta de pago de una o más cuotas que no excedan en su conjunto de la octava parte del precio total de la cosa, no dará lugar a la resolución del contrato, sino al cobro de la cuota o cuotas insolutas y de los intereses moratorios a la rata corriente en el mercado, conservando el comprador el beneficio del término con respecto a las cuotas sucesivas.

Conclusión
De lo antes expuesto, podemos concluir que la venta con reserva de dominio es aquella mediante la cual y en virtud de la voluntad de las partes, se difiere la transferencia de la propiedad de bienes muebles por su naturaleza hasta el momento en que el comprador pague la totalidad del precio, aún cuando ya tuviera en su poder la cosa vendida conforme a las cláusulas contractuales y la Ley de venta con reserva de dominio. Esperamos haber sido claros y que te haya gustado nuestra explicación, nos vemos en una próxima oportunidad.

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Se ha afirmado que la legítima defensa no es más que una causa que justifica la realización de una conducta sancionada penalmente, eximiendo de responsabilidad a su autor, y que en caso de cumplirse todos sus requisitos, permite reducir la pena aplicable a este último.

En otras palabras, es una situación que permite eximir, o eventualmente reducir, la sanción ante la realización de una conducta generalmente prohibida.

En el artículo 28 de nuestro Código penal costarricense, es claro al establecer que no comete delito el que obra en defensa de la persona o derechos, propios o ajenos, siempre que concurran las siguientes circunstancias:
a) Agresión ilegítima;
b) Necesidad razonable de la defensa empleada para repeler o impedir la agresión.

Se entenderá que concurre esta causal de justificación para aquel que ejecutare actos violentos contra el individuo extraño que, sin derecho alguno y con peligro para los habitantes u ocupantes de la edificación o sus dependencias, se hallare dentro de ellas, cualquiera que sea el daño causado al intruso.

La legítima defensa se lleva a cabo indudablemente a través de un medio racionalmente necesario para impedir o repeler una agresión ilegítima y sin que medie provocación suficiente, ocasionando un perjuicio a la persona o derechos del agresor.

Muchas personas han mostrado a sus familias o amigos el deseo de cambiarse alguno de los dos apellidos, por razones como irresponsabilidad o muerte que sufrió alguno de sus dos progenitores, o bien por otros motivos.

Pero ¿se puede hacer esto? La respuesta es no.

Esto es casi, casi imposible, pues hay ciertos casos en que sí se puede realizar el cambio.

“No se puede quitar el apellido, lo que se puede realizar, si alguno de los padres fue algún irresponsable, es solicitar el trámite de pensión alimentaria”.

“No es un procedimiento sencillo, lleva su tiempo y se debe ser paciente en todo momento”.

Un experto consultado explicó que la única forma en que se puede hacer el cambio de apellidos es solo si la persona “afectada” se entera de que tiene otros papás.

Por ejemplo, si una persona con el paso del tiempo descubre que los padres con los que vivió durante varios años no son los reales y estos le dicen quiénes son, puede exigir una prueba de sangre para comprobar que se trata de sus verdaderos progenitores.

“Si la persona sabe que su papá o mamá no son los biológicos y presume cuáles son los verdaderos, puede pedir una investigación para determinar quiénes son sus padres reales”.

Este procedimiento se debe solicitar al Juzgado Penal que corresponde, según la zona donde habita la persona.

Antes de solicitar este procedimiento, se deben aportar pruebas.

“Esto se hace a través del juzgado correspondiente, la persona debe hacer un escrito solicitando la investigación. Esto se presenta ante el juez para que se le dé el trámite, siempre y cuando se presenten las pruebas”.

Expertos aconsejan asesorarse antes de tomar esta decisión, pues se tendría que invertir tiempo y dinero en cambios de nombres en cédulas, licencias, títulos de propiedad y académicos.

Fuente: laprensalibre.cr

El arbitraje, en Derecho, es una forma de resolver un litigio sin acudir a la jurisdicción ordinaria. Las partes, de mutuo acuerdo, deciden nombrar a un tercero independiente, denominado árbitro, o a un tribunal arbitral, que será el encargado de resolver el conflicto.

¿Qué es el arbitraje?

El arbitraje es un procedimiento por el cual se somete una controversia, por acuerdo de las partes, a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros que dicta una decisión sobre la controversia que es obligatoria para las partes. Al escoger el arbitraje, las partes optan por un procedimiento privado de solución de controversias en lugar de acudir ante los tribunales.

Las características principales del arbitraje son:

El arbitraje es consensual

Un proceso de arbitraje únicamente puede tener lugar si ambas partes lo han acordado. En el caso de controversias futuras que pudieran derivarse de un contrato, las partes incluyen una cláusula de arbitraje en el contrato. Una controversia existente puede someterse a arbitraje mediante un acuerdo de sometimiento entre las partes. A diferencia de la mediación, una parte no puede retirarse unilateralmente de un proceso de arbitraje.

Las partes seleccionan al árbitro o árbitros

Compete a las partes seleccionar conjuntamente a un árbitro único. Si optan por un tribunal compuesto por tres árbitros, cada parte selecciona a uno de los árbitros y éstos seleccionarán a su vez a un tercer árbitro que ejercerá las funciones de árbitro presidente. Otra posibilidad es que el Centro proponga árbitros especializados en la materia en cuestión o nombre directamente a miembros del tribunal arbitral. El Centro posee una amplia base de datos sobre árbitros, que incluye a expertos con vasta experiencia en el ámbito de la solución de controversias y expertos en todos los aspectos técnicos y jurídicos de la propiedad intelectual.

El arbitraje es neutral

Además de seleccionar árbitros de nacionalidad apropiada, las partes pueden especificar elementos tan importantes como el derecho aplicable, el idioma y el lugar en que se celebrará el arbitraje. Esto permite garantizar que ninguna de las partes goce de las ventajas derivadas de presentar el caso ante sus tribunales nacionales.

El arbitraje es un procedimiento confidencial

El Reglamento de Arbitraje, protege específicamente la confidencialidad de la existencia del arbitraje, las divulgaciones realizadas durante dicho proceso, y el laudo. En determinadas circunstancias, el Reglamento de Arbitraje permite a una parte restringir el acceso a secretos comerciales u otra información confidencial que se presente al tribunal arbitral o a un asesor que se pronuncie sobre su confidencialidad ante el tribunal arbitral.

La decisión del tribunal arbitral es definitiva y fácil de ejecutar

En virtud del Reglamento de Arbitraje, las partes se comprometen a ejecutar el laudo del tribunal arbitral sin demora.

¿Le ha pasado o ha escuchado que alguien quiso aprovechar una oferta y al final no era lo que se esperaba?.

Ten en cuenta que una oferta posterior a que es manifestada sea de forma verbal o escrita, el oferente esta en la obligación de cumplirla.

¿Que es la oferta?
La oferta es una manifestación unilateral de voluntad, emitida por un sujeto de derecho dirigida a otro, en que se le propone la conclusión de un contrato.

Debe consistir en una declaración precisa y completa de una voluntad contractual seria, sobre la cual no puede haber en principio retractación o arrepentimientos.

Lo anterior en síntesis indica que una vez que se exprese o publique una oferta, aun si existe error por parte del oferente tiene la obligación de respetarla.

Elementos de la oferta.

1- La oferta debe ser declarada.
No importa la forma de la oferta, puesto que puede consistir en manifestaciones verbales o escritas, en proposiciones hechas por mandatorio, o en la exhibición de mercaderías con precio conocido o etiquetado.

2-  La oferta debe ser dirigida.
La oferta es dirigida en tanto que el oferente individualiza en su declaración al beneficiario de la propuesta y con ello identifica la otra parte del contrato.

3- La oferta debe ser precisa y concreta.
Seta debe indicar todos los elementos necesarios para que sea valida, y en caso de error u omision se entiende por declarada en el estado que esta.

4- La oferta debe ser obligatoria.
El efecto básico de la oferta es el de fijar la voluntad del proponente, en terminos que una vez emitida, no puede variarla impunemente dentro de un plazo dado. Esa regla se conoce como la obligatoriedad de la oferta.

5- La oferta debe ser obligatoria.
Ningun oferente puede retirar abusivamente su oferta.
Es decir que una vez formulada una proposición tal, el oferente debe mantener al menos durante un tiempo necesario para que el destinatario la estudie y responda.

Tanto el robo como el hurto implican el hecho de apoderarse de un bien ajeno, pero la diferencia estriba en que en el robo hay violencia, amenaza o fuerza para conseguir ese propósito. En tal caso, el delincuente consigue superar la resistencia de su víctima. Además, consideramos robo las acciones en que la persona emplea su fuerza para abrir, por ejemplo, la puerta de un vehículo, puesto que la fuerza no tiene que ir dirigida al individuo necesariamente.

Entonces, ¿qué diferencia hay entre robo y hurto? La diferencia es simple, en el hurto no existe ningún tipo de violencia o intimidación a la hora de querer apoderarse de un bien ajeno. Por ejemplo, sería robo si el delincuente forzara la puerta de una casa, y hurto si el ladrón se la encontrara abierta y cometiera el delito.

Es importante que sepamos qué diferencia hay entre robo y hurto puesto que, por ejemplo, en los contratos de seguros del hogar se establece un trato diferente entre una acción y otra. Prácticamente, todas las compañías de seguros cubren los daños causados por robo en las pólizas del seguro del hogar. No obstante, es muy aconsejable que leamos con detenimiento las cláusulas para confirmar que esa contingencia está cubierta. Este tipo de seguro que cubre el robo también suele responsabilizarse de los desperfectos o pérdidas económicas ocasionadas por este. Es decir, si al efectuarse el robo se han roto puertas o ventanas, la compañía asume la reparación. Por el contrario, es frecuente que las compañías de seguros no cubran el hurto, ya que conlleva una negligencia o descuido por parte del asegurado.

En el caso de un auto, la garantía de robo es un producto concreto que nos ofrecen las aseguradoras y suele ir asociado a otros productos, como el seguro a terceros.  De cualquier forma, hemos de leer bien la póliza e informarnos acerca de qué elementos del interior cubre; si, además del robo, incluye el hurto (sin intimidación y sin forzar la cerradura); comprobar cuál es la indemnización; y si elementos fijos e imprescindibles para el funcionamiento del coche (neumáticos, llantas…) han sido robados.

En definitiva, hemos de tener clara qué diferencia hay entre robo y hurto, algo esencial a la hora de contratar un seguro y saber el alcance de la cobertura. En términos legales, el hurto se regula considerando una acción discreta, mientras que el robo es regulado para castigar actuaciones intimidatorias y violentas, ya sea sobre individuos o el espacio en que se hallan los bienes. Es por ello que la pena del robo es superior a la del hurto.

9458 -LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
REFORMAS DE LA LEY N.º 4573, CÓDIGO PENAL, DE 4 DE MAYO DE 1970 Y REFORMAS DE LA LEY N.º 7451, BIENESTAR DE LOS ANIMALES, DE 16 DE NOVIEMBRE DE 1994.

ARTÍCULO 1.- Se reforman los artículos 7, 12, y 21, y se adicionan los nuevos artículos 15 bis, 21 bis, 24 bis, 24 ter y 24 quáter, todos de la Ley N.º 7451, Bienestar de los Animales, de 16 de noviembre de 1994. Los textos son los siguientes:

Artículo 7.- Trato a los animales de compañía
Los dueños o los responsables de los animales de compañía deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Garantizarles condiciones vitales básicas y manejo apropiado según las buenas prácticas de seguridad, para evitar riesgos y daños a la integridad, la salud pública y la salud pública veterinaria.
b) Mantener los espacios destinados a su hábitat en condiciones apropiadas de higiene, con el fin de prevenir la propagación de enfermedades.
c) Recoger y depositar, en lugares apropiados, los desechos fecales de los animales de compañía que sean arrojados en las aceras, los parques, las calles, los jardines públicos, las playas y demás lugares públicos.
d) Los dueños o responsables de los animales de compania deberán cumplir con los requerimientos establecidos en esta ley y con las normas de salud pública y veterinaria, además de contar con lugares apropiados de espacios e higiene, con el propósito de no propagar enfermedades. De igual forma, cuando las mascotas circulan por las vías públicas, los respectivos dueños o responsables deberán tomar las medidas de seguridad con los mecanismos correspondientes.”

Artículo 12.- Condiciones para los experimentos
Los experimentos con animales deberán registrarse en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, salvo los casos estipulados en la Ley N. º 7317, Ley de Conservación de la Vida Silvestre, de 30 de octubre de 1992. También, deberán ajustarse a lo establecido por el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), en sus protocolos de buenas prácticas de salud animal en experimentos.
Ese Ministerio vigilará por que tales investigaciones se realicen de acuerdo con los criterios establecidos en esta ley.
Una vez realizado el registro del experimento respectivo, ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, se deberá notificar al Servicio Nacional de Salud Animal para lo que corresponda, de acuerdo con sus competencias contenidas en la Ley N.º 8495, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, de 6 de abril de 2006.”

Artículo 15 bis.- Espectáculos con animales
Se permiten los espectáculos públicos o privados con animales, que cumplan con las disposiciones del Ministerio de Salud y del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para la protección de las personas y de los animales.”

Artículo 21.- Sujetos de sanción y multas
Se impondrá sanción administrativa de multa de un cuarto a medio salario base, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley N.º 7337, de 5 de mayo de 1993, según la gravedad de la infracción, a quien:
a) Con el fin de promover peleas entre animales, promueva o realice la cría, la hibridación o el adiestramiento de animales para aumentar su peligrosidad.
b) Viole las disposiciones sobre experimentación, estipuladas en
el capítulo 111 de esta ley.
c) No cumpla las condiciones básicas para el bienestar de los animales, estipuladas en el artículo 3 de esta ley.
d) No cumpla con las obligaciones y las disposiciones normativas
establecidas en los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 y 17 de esta ley.
Esta sanción administrativa se impondrá sin perjuicio de las sanciones civiles y penal es que se deriven de estas conductas.

Artículo 21 bis.- Actividades exceptuadas
Se exceptúan de la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 21 de la presente ley, las siguientes actividades:
a) Las pesqueras y acuícolas reguladas por la Ley N.º 7384, Creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura
(lncopesca), de 16 de marzo de 1994 y la Ley N.º 8436, Ley de Pesca y Acuicultura, de 1 de marzo de 2005.
b) Las agropecuarias o zootécnicas o ganaderas o veterinarias reguladas de acuerdo con la Ley N .º 8495, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, de 6 de abril de 2006.
c) Las de fines de mejoramiento de control sanitario o fitosanitario, marcación, control reproductivo o higiene de la respectiva especie animal.
d) Las que se realicen por motivos de piedad.
e) Las que se efectúen por motivos de resguardo de cultivos o terrenos productivos.
f) Las que tengan fines de investigación, de conformidad con lo regulado en el capítulo 111 de esta ley.
g) Las que se realicen con el propósito de resguardar la salud pública y la salud pública veterinaria.
h) Los espectáculos públicos o privados con animales, de conformidad con la legislación vigente.”

Artículo 24 bis.- Recaudación y destino de multas
Las multas que se recauden, por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 7 de la presente ley, serán trasladadas al Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y serán destinadas a las labores de educación, control y fiscalización de las obligaciones allí establecidas . El Servicio podrá establecer convenios con las municipalidades, para asegurar las labores de vigilancia, educación y fiscalización.

Artículo 24 ter.- Plazo para el pago de multas
Las sanciones pecuniarias establecidas en la presente ley deben pagarse en un máximo de treinta días hábiles a partir de su firmeza.

Artículo 24 quáter.- Procedimiento administrativo
Todos los procedimientos sancionatorios de esta ley se tramitarán ante el Tribunal de Procedimiento Administrativo Sancionador creado en la Ley N.º 8495, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, de 6 de abril de 2006.”

ARTÍCULO 2.- Se adiciona una sección V al título IX “Delitos contra la seguridad común” de la Ley N.º 4573, Código Penal, de 4 de mayo de 1970. El texto es el siguiente:

“Sección V Crueldad contra los animales”

Artículo 279 bis.- Crueldad contra los animales
Será sancionado con prisión de tres meses a un año, quien directamente o por interpósita persona realice alguna de las siguientes conductas:
a) Cause un daño a un animal doméstico o domesticado, que le ocasione un debilitamiento persistente en su salud o implique la pérdida de un sentido, un órgano, un miembro, o lo imposibilite para usar un órgano o un miembro, o le cause sufrimiento o dolor intenso, o agonía prolongada.
b) Realice actos sexuales con animales. Por acto sexual se entenderá la relación sexual de una persona con un animal, es decir, actos de penetración por vía oral, anal o vaginal.
c) Practique la vivisección de animales con fines distintos de la investigación.
Por animal doméstico se entenderá todo aquel que por sus características evolutivas y de comportamiento conviva con el ser humano. Por animal domesticado se entenderá todo aquel que mediante el esfuerzo del ser humano ha cambiado su condición salvaje.
La pena máxima podrá ser aumentada en un tercio, cuando el autor de estos actos los realice valiéndose de una relación de poder para intimidar, amenazar, coaccionar o someter a una o más personas, así como cuando la conducta se cometa entre dos o más personas.
Las organizaciones debidamente inscritas en el Registro Judicial podrán representar los intereses difusos de los animales afectados por las conductas descritas en esta norma.

Artículo 279 ter.- Muerte del animal
Se sancionará con pena de prisión de tres meses a dos años, a quien dolosamente, de forma directa o por interpósita persona, cause la muerte de un animal doméstico o domesticado; la misma pena se aplicará cuando la muerte de este sea consecuencia de las conductas descritas en los artículos 279 bis y 279 quinquies de esta ley.
Por animal doméstico se entenderá todo aquel que por sus características evolutivas y de comportamiento conviva con el ser humano. Por animal domesticado se entenderá todo aquel que mediante el esfuerzo del ser humano ha cambiado su condición salvaje .
Las organizaciones debidamente inscritas en el Registro Judicial podrán representar los intereses difusos de los animales afectados por las conductas descritas en esta norma.
Se tendrá por exceptuado de la aplicación de la pena prevista en este artículo, cuando se le cause la muerte al animal exclusivamente para el autoconsumo personal o familiar.

Artículo 279 quáter.- Actividades exceptuadas
Se exceptúan de la aplicación de las penas previstas en los artículos 279 bis y 279 ter de la presente ley, las siguientes actividades:
a) Las pesqueras y acuícolas reguladas por la Ley N.º 7384, Creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (lncopesca ), de 16 de marzo de 1994 y la Ley N.º 8436, Ley de Pesca y Acuicultura, de 1 de marzo de 2005.
b) Las agropecuarias o zootécnicas o ganaderas o veterinarias
reguladas de acuerdo con la Ley N.º 8495, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, de 6 de abril de 2006.
e) Las de fines de mejoramiento de control sanitario o
fitosanitario, marcación, control reproductivo o higiene de la respectiva especie animal.
d) Las que se realicen por motivos de piedad.
e) Las que se efectúen por motivos de resguardo de cultivos o terrenos productivos.
f) Las que tengan fines de investigación, de conformidad con lo
regulado en el capítulo 111 de la Ley N.º 7451, Bienestar de los Animales, de 16 de noviembre de 1994.
g) Las que se realicen con el propósito de resguardar la salud
pública y la salud pública veterinaria.
h) Los espectáculos públicos o privados con animales, de conformidad con la legislación vigente.
i) Las de crianza o las de transporte, de conformidad con la legislación vigente.
Artículo 279 quinquies.- Peleas entre animales
Será sancionado con prisión de tres meses a un año quien, directamente o por interpósita persona, organice, propicie o ejecute peleas entre animales de cualquier especie, sin excepción alguna en el territorio nacional.

Artículo 279 sexies.- Pena alternativa
Cuando se imponga una pena de prisión por la comisión de algún delito de crueldad animal, el tribunal podrá sustituir la pena privativa de libertad, de conformidad con lo señalado en el libro 1, título IV de la presente ley, según corresponda.”

ARTÍCULO 3.– Se adicionan los artículos 405 bis y 405 ter a la Ley N.º 4573, Código Penal, de 4 de mayo de 1970. Los textos son los siguientes:

Artículo 405 bis.- Maltrato de animales
Será sancionado con veinte a cincuenta días multa quien:
a) Realice actos de maltrato animal. Por maltrato animal se entenderá toda conducta que cause lesiones injustificadas a un animal doméstico o domesticado.
b) Abandone animales domésticos a sus propios medios.
Por animal doméstico se entenderá todo aquel que por sus características evolutivas y de comportamiento conviva con el ser humano. Por animal domesticado se entenderá todo aquel que mediante el esfuerzo del ser humano ha cambiado su condición salvaje.
Las organizaciones debidamente inscritas en el Registro Judicial podrán representar los intereses difusos de los animales afectados por las conductas descritas en esta norma.

Artículo 405 ter.- Actividades exceptuadas
Se exceptúan de la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 405 bis de la presente ley, las siguientes actividades:
a) Las pesqueras y acuícolas, reguladas por la Ley N.º 7384, Creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (lncopesca ), de 16 de marzo de 1994 y la Ley N.º 8436, Ley de Pesca y Acuicultura, de 1 de marzo de 2005.
b) Las agropecuarias o zootécnicas o ganaderas o veterinarias
reguladas de acuerdo con la Ley N.º 8495, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, de 6 de abril de 2006.
e) Las de fines de mejoramiento de control sanitario o fitosanitario, marcación, control reproductivo o higiene de la respectiva especie animal.
d) Las que se realicen por motivos de piedad.
e) Las que se efectúen por motivos de resguardo de cultivos o terrenos productivos.
f) Las que tengan fines de investigación, de conformidad con lo
regulado en el capítulo 111 de la Ley N.º 7451, Bienestar de los Animales, de 16 de noviembre de 1994.
g) Las que se realicen con el propósito de resguardar la salud pública y la salud pública veterinaria.
h) Los espectáculos públicos o privados con animales, de conformidad con la legislación vigente.
i) El entrenamiento profesional, debidamente acreditado, de animales de asistencia para personas con discapacidad y el de animales utilizables para seguridad humana o para el combate de la delincuencia.
j) Las de crianza o las de transporte, de conformidad con la legislación vigente.”

ARTÍCULO 4.- Se deroga el inciso 2) del artículo 392 de la Ley N. º 4573, Código Penal, de 4 de mayo de 1970.
Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA.– Aprobado el primer día del mes de junio de dos mil diecisiete.

El Registro Inmobiliario (de propiedades) y el Registro de Bienes Muebles (de vehíulos) han emitido la Circular DRI-009-2017 y la Circular DRBM-CIR-004-2017, ambas del 16 de junio del 2017, en relación con el requisito de declaraciones juradas que deben contener las escrituras conforme al artículo 15 Ter de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, en todo acto o contrato otorgado a partir del día 10 de mayo del 2017, inclusive.

Al respecto el referido artículo 15 ter dice lo siguiente: ​“(…) En todo acto o contrato realizado ante notario público en el que medien pagos entre partes, los comparecientes deberán señalar, bajo fe de juramento el monto, la forma y el medio de pago del negocio o contrato, así como de los impuestos, los timbres, las tasas, el origen de los recursos y demás contribuciones, según cada caso. Deberá declarar los datos necesarios para identificar cada una de esas transacciones, tales como el número, la fecha, la hora, el número de cuentas de los depósitos bancarios, el número y la fecha de los cheques utilizados. (…)”

En este sentido, en adelante las partes deberán suministrar al Notario Público respectivo la siguiente información necesaria para completar la declaración jurada del origen de los fondos:

1. La forma y el medio de pago del negocio o contrato de que se trate, así como de los impuestos, los timbres, las tasas, y cualquier otro gasto.

2. El origen de los recursos y demás contribuciones, según cada caso.

​3. Datos necesarios para identificar cada una de esas transacciones (tales como número, fecha, hora, número de cuentas de los depósitos bancarios, número y fecha de los cheques utilizados). Entendemos que se si el pago se realiza en efectivo, bastará con hacer esa indicación en la declaración.

Recientemente la Dirección Nacional de Notariado ha emitido un lineamiento a los notarios públicos en el sentido de que la declaración deberá ser otorgada por la parte que origina el pago, únicamente, lo cual es razonable porque sólo ella conoce el origen de los fondos.

Como es usual en estos casos, será necesario incorporar dentro de estas transacciones el otorgamiento de la declaración jurada que incluya estos extremos, ajustable en cada caso a la naturaleza del negocio de que se trate; y, además, será necesario definir en algunos casos la forma en que se aplicará este requisito en situaciones particulares como la cancelación de hipotecas o prendas, donde usualmente media un pago entre las partes pero en donde sólo comparece el acreedor, aunque el acto del pago ocurrió antes y no como parte del acto mismo de cancelación que deviene posteriormente. Estas zonas grises se irán definiendo en los próximos días por lo que es necesario actuar en forma cautelosa y preventiva en cada caso.

No está por demás decir que mucha de la responsabilidad recaerá en el Notario Público responsable de la escritura quien deberá implementar las medidas que considere necesarias, mediante el requerimiento de la información a las partes, para cumplir con lo indicado.

Lo que sí es cierto, es que la modificación efectuada a ley agrega un requisito más que las partes deben cumplir para lograr la inscripción de un traspaso de bienes (u otros actos/contratos donde media un pago) en el Registro Público; para lo cual deberán suministrar información más detallada sobre el origen de los fondos, que para bien o para mal afectará la agilidad de los negocios que día a día se realizan en el país.

Fuente: Zurcher Odio & Raven