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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETAN: CODIGO PROCESAL PENAL

PRIMERA PARTE. PARTE GENERAL

LIBRO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES

TITULO I
PRINCIPIOS Y GARANTIAS PROCESALES
ARTICULO 1.- Principio de legalidad
Nadie podrá ser condenado a una pena ni sometido a una medida de seguridad,
sino en virtud de un proceso tramitado con arreglo a este Código y con observancia
estricta de las garantías, las facultades y los derechos previstos para las personas.
La inobservancia de una regla de garantía establecida en favor del imputado no
podrá hacerse valer en su perjuicio.

ARTICULO 2.-
Regla de interpretación Deberán interpretarse restrictivamente las disposiciones legales
que coarten la libertad personal o limiten el ejercicio de un poder o derecho conferido a los
sujetos del proceso. En esta materia, se prohíben la interpretación extensiva y la analogía
mientras no favorezcan la libertad del imputado ni el ejercicio de una facultad conferida a
quienes intervienen en el procedimiento.

ARTICULO 3.-
Juez natural Nadie podrá ser juzgado por jueces designados especialmente para el caso.
La potestad de aplicar la ley penal corresponderá sólo a los tribunales ordinarios,
instituidos conforme a la Constitución y la ley.

ARTICULO 4.-
Toda persona tendrá derecho a una decisión judicial definitiva en un plazo
razonable. Para el logro de este objetivo, se preferirá la tramitación oral mediante
audiencias, durante el proceso.
(Así reformado por el artículo 1° «Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia, otras
Reformas al Régimen de Impugnación e Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en
el Proceso Penal», Ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)

ARTICULO 5.-
Independencia Los jueces sólo están sometidos a la Constitución, el Derecho Internacional
y Comunitario vigentes en Costa Rica y a la ley. En su función de juzgar, los jueces son
independientes de todos los miembros de los poderes del Estado. Por ningún motivo, los
otros órganos del Estado podrán arrogarse el juzgamiento de las causas, ni la reapertura
de las terminadas por decisión firme; tampoco podrán interferir en el desarrollo del
procedimiento. Deberán cumplir y hacer cumplir lo dispuesto por los jueces, conforme a lo

resuelto. En caso de interferencia en el ejercicio de su función, el juez deberá informar a la
Corte Suprema de Justicia sobre los hechos que afecten su independencia. Cuando la
interferencia provenga del pleno de la Corte, el informe deberá ser conocido por la
Asamblea Legislativa.
ARTICULO 6.-
Objetividad Los jueces deberán resolver con objetividad los asuntos sometidos a su
conocimiento. Desde el inicio del procedimiento y a lo largo de su desarrollo, las
autoridades administrativas y judiciales deberán consignar en sus actuaciones y valorar en
sus decisiones no solo las circunstancias perjudiciales para el imputado, sino también las
favorables a él. Serán funciones de los jueces preservar el principio de igualdad procesal y
allanar los obstáculos que impidan su vigencia o lo debiliten.

Artículo 7- Solución del conflicto, reparación y restablecimiento de los derechos de
la victima
Los tribunales deberán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho, de
conformidad con los principios contenidos en las leyes, en procura de contribuir a
restaurar la armonía social entre las partes y, en especial, el restablecimiento delos
derechos de la víctima. Para tal efecto, también podrá resolverse conforme al
procedimiento de justicia restaurativa.
Para tales fines, siempre tomarán en cuenta el criterio de la víctima, en la forma y
las condiciones que regulan este Código.
(Así reformado por el artículo 47 de la Ley de justicia restaurativa, N° 9582 del 2 de julio
del 2018)

ARTICULO 8.-
Decisiones en tribunales colegiados Cuando la ley exija una integración colegiada del
tribunal, sus integrantes deberán intervenir activamente en la deliberación y decisión.

ARTICULO 9.-
Estado de inocencia El imputado deberá ser considerado inocente en todas las etapas del
procedimiento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia firme, conforme a las
reglas establecidas en este Código. En caso de duda sobre las cuestiones de hecho, se
estará a lo más favorable para el imputado. Hasta la declaratoria de culpabilidad, ninguna

autoridad pública podrá presentar a una persona como culpable ni brindar información
sobre ella en ese sentido. En los casos del ausente y del rebelde, se admitirá la publicación
de los datos indispensables para su aprehensión por orden judicial.
ARTICULO 10.-
Medidas cautelares Las medidas cautelares sólo podrán ser establecidas por ley. Tendrán
carácter excepcional y su aplicación, en relación con el imputado, debe ser proporcional a
la pena o medida de seguridad que pudiera llegar a imponerse.

ARTICULO 11.-
Unica persecución Nadie podrá ser juzgado penalmente más de una vez por el mismo
hecho.

ARTICULO 12.-
Inviolabilidad de la defensa Es inviolable la defensa de cualquiera de las partes en el
procedimiento. Con las excepciones previstas en este Código, el imputado tendrá derecho
a intervenir en los actos procesales que incorporen elementos de prueba y a formular las
peticiones y observaciones que considere oportunas, sin perjuicio de que la autoridad
correspondiente ejerza el poder disciplinario, cuando se perjudique el curso normal de los
procedimientos. Cuando el imputado esté privado de libertad, el encargado de custodiarlo
transmitirá al tribunal las peticiones u observaciones que aquel formule, dentro de las
doce horas siguientes a que se le presenten y le facilitará la comunicación con el defensor.
Toda autoridad que intervenga en los actos iniciales de la investigación deberá velar
porque el imputado conozca inmediatamente los derechos que, en esa condición, prevén la
Constitución, el Derecho Internacional y el Comunitario vigentes en Costa Rica y esta ley.

ARTICULO 13.-
Defensa técnica Desde el primer momento de la persecución penal y hasta el fin de la
ejecución de la sentencia, el imputado tendrá derecho a la asistencia y defensa técnica
letrada. Para tales efectos, podrá elegir a un defensor de su confianza, pero, de no
hacerlo, se le asignará un defensor público. El derecho de defensa es irrenunciable. Se
entenderá por primer acto del procedimiento cualquier actuación, judicial o policial, que
señale a una persona como posible autor de un hecho punible o partícipe en él.

ARTICULO 14.-
Intérprete Cuando el imputado no comprenda correctamente el idioma oficial, tendrá
derecho a que se le designe un traductor o intérprete, sin perjuicio de que, por su cuenta,
nombre uno de su confianza.

ARTICULO 15.-Saneamiento de defectos formales . El tribunal o el fiscal que
constate un defecto saneable en cualquier gestión, recurso ordinario o instancia de
constitución de los sujetos del proceso, lo comunicará al interesado y le otorgará un plazo
para corregirlo, el cual no será superior a cinco días. Si no se corrige en el plazo
conferido, resolverá lo correspondiente.
(Así reformado por el artículo 1° «Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia, otras
Reformas al Régimen de Impugnación e Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en
el Proceso Penal», Ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)

TITULO II. ACCIONES PROCESALES

CAPITULO I. ACCION PENAL
Sección primera Ejercicio

ARTICULO 16.- Acción penal
La acción penal será pública o privada. Cuando sea pública, su ejercicio
corresponderá al Ministerio Público, sin perjuicio de la participación que este Código
concede a la víctima o a los ciudadanos.
En los delitos contra la seguridad de la Nación, la tranquilidad pública, los poderes
públicos, el orden constitucional, el ambiente, la zona marítimo-terrestre, la hacienda
pública, los deberes de la función pública, los ilícitos tributarios y los contenidos en la Ley
de aduanas, Nº 7557, de 20 de octubre de 1995; la Ley orgánica del Banco Central de
Costa Rica, Nº 7558, de 3 de noviembre de 1995 y la Ley contra el enriquecimiento ilícito
de los servidores públicos, Nº `6872, de 17 de junio de 1983, la Procuraduría General de
la República también podrá ejercer directamente esa acción, sin subordinarse a las
actuaciones y decisiones del Ministerio Público. En los asuntos iniciados por acción de la
Procuraduría, esta se tendrá como parte y podrá ejercer los mismos recursos que el
presente Código le concede al Ministerio Público.

(Así reformado el párrafo segundo por el artículo 3 de la Ley N° 8242 de 9 de abril del
2002, Ley de Creación de la Procuraduría de la Ética Pública)

ARTICULO 17.-
Denuncia por delito de acción pública perseguible a instancia privada Cuando el ejercicio
de la acción penal pública requiera instancia privada, el Ministerio Público sólo la ejercerá
una vez que formulen denuncia, ante autoridad competente, el ofendido mayor de quince
años o, si es menor de esa edad, en orden excluyente, sus representantes legales, tutor o
guardador. Sin embargo, antes de la instancia, podrán realizarse los actos urgentes que
impidan continuar el hecho o los imprescindibles para conservar los elementos de prueba,
siempre que no afecten la protección del interés de la víctima. Los defectos relacionados
con la denuncia podrán subsanarse con posterioridad, cuando la víctima se presente a
ratificar la instancia hasta antes de finalizar la audiencia preliminar. La instancia privada
permitirá perseguir a todos los autores y partícipes. La víctima o su representante podrán
revocar la instancia en cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura a juicio.
La revocatoria comprenderá a los que hayan participado en el hecho punible. El Ministerio
Público ejercerá directamente la acción cuando el delito se haya cometido contra un
incapaz o un menor de edad, que no tengan representación, o cuando lo haya realizado
uno de los parientes hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad, el representante
legal o el guardador.

Artículo 18.- Delitos de acción pública perseguibles solo a instancia privada
Serán delitos de acción pública perseguibles a instancia privada:
a) El contagio de enfermedad y la violación de una persona mayor de edad
que se encuentre en pleno uso de razón.
b) Las agresiones sexuales, no agravadas ni calificadas, contra personas
mayores de edad.
c) Las lesiones leves y las culposas que no tengan origen en un accidente o
hecho de tránsito, el abandono de personas, la ocultación de impedimentos
para contraer matrimonio, la simulación de matrimonio, las amenazas, la
violación de domicilio y la usurpación.
(Así reformado el inciso anterior por el artículo 5° de la Ley N° 8696 de 17
de diciembre de 2008)
d) El incumplimiento del deber alimentario o del deber de asistencia y el
incumplimiento o abuso de la patria potestad.
(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 2 aparte XI) de la ley que aprueba el
Código Procesal de Familia, N° 9747 del 23 de octubre del 2019, se
reformará el numeral anterior. De conformidad con el transitorio III de la ley
antes mencionada dicha modificación entrarán a regir a partir del 1° de
octubre del 2022, por lo que a partir de esa fecha el nuevo texto será el
siguiente: «d) El incumplimiento del deber alimentario o del deber de
asistencia, y el incumplimiento o abuso de la responsabilidad parental.»)
e) Cualquier otro delito que la ley tipifique como tal.

(Así reformado por el artículo 2° de la Ley Fortalecimiento de la Lucha Contra La
Explotación Sexual de las Personas Menores de Edad, N° 8590 del 18 de julio del 2007)
ARTICULO 19.-
Delitos de acción privada Son delitos de acción privada:
a) Los delitos contra el honor.
b) La propaganda desleal.
c) Cualquier otro delito que la ley califique como tal.
ARTICULO 20.-
Conversión de la acción pública en privada La acción pública podrá convertirse en privada
a pedido de la víctima, siempre que el Ministerio Público lo autorice y no exista un interés
público gravemente comprometido, cuando se investigue un delito que requiera instancia
privada o un delito contra la propiedad realizado sin grave violencia sobre las personas. Si
existen varios ofendidos, será necesario el consentimiento de todos.

ARTICULO 21.-
Prejudicialidad Cuando lo que deba resolverse en un proceso penal dependa de la solución
de otro procedimiento según la ley y no corresponda acumularlos, el ejercicio de la acción
se suspenderá después de la investigación preparatoria hasta que, en el segundo
procedimiento, se dicte resolución final.

Sección segunda
Criterios de oportunidad
Artículo 22.- Principios de legalidad y oportunidad
El Ministerio Público deberá ejercer la acción penal pública, en todos los casos en
que sea procedente, con arreglo a las disposiciones de la ley.
No obstante, previa autorización del superior jerárquico, el representante del
Ministerio Público podrá solicitar que se prescinda, total o parcialmente, de la persecución
penal, que se limite a alguna o varias infracciones o a alguna de las personas que
participaron en el hecho, cuando:
a) Se trate de un hecho insignificante, de mínima culpabilidad del autor o el partícipe o
con exigua contribución de este, salvo que exista violencia sobre las personas o fuerza
sobre las cosas, se afecte el interés público o el hecho haya sido cometido por un
funcionario público en el ejercicio del cargo o con ocasión de él.
b) Se trate de asuntos de delincuencia organizada, criminalidad violenta, delitos graves o
de tramitación compleja y el imputado colabore eficazmente con la investigación, brinde
información esencial para evitar que continúe el delito o que se perpetren otros, ayude a
esclarecer el hecho investigado u otros conexos o proporcione información útil para probar
la participación de otros imputados, siempre que la conducta del colaborador sea menos
reprochable que los hechos punibles cuya persecución facilita o cuya continuación evita.
No obstante lo dispuesto en el artículo 300, en los casos previstos en este inciso, la
víctima no será informada de la solicitud para aplicar el criterio de oportunidad y, si no
hubiere querellado, no tendrá derecho de hacerlo con posterioridad, salvo que el tribunal
ordene la reanudación del procedimiento conforme al artículo siguiente.
c) El imputado haya sufrido, como consecuencia del hecho, daños físicos o morales graves
que tornen desproporcionada la aplicación de una pena, o cuando concurran los
presupuestos bajo los cuales el tribunal está autorizado para prescindir de la pena.
d) La pena o medida de seguridad que pueda imponerse, por el hecho o la infracción de
cuya persecución se prescinde, carezca de importancia, en consideración a la pena o
medida de seguridad impuesta, que debe esperar por los restantes hechos o infracciones
que se le impuso o que se le impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero.
En estos últimos casos, podrá prescindirse de la extradición activa y concederse la pasiva.
La solicitud deberá formularse ante el tribunal que resolverá lo correspondiente, según el
trámite establecido para la conclusión del procedimiento preparatorio.
(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 1° «Creación del Recurso de Apelación de
la Sentencia, otras Reformas al Régimen de Impugnación e Implementación de Nuevas

Reglas de Oralidad en el Proceso Penal», Ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)
(Así reformado por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás
intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)

ARTICULO 23.-
Efectos del criterio de oportunidad Si el tribunal admite la solicitud para aplicar un criterio
de oportunidad, se produce la extinción de la acción penal con respecto al autor o partícipe
en cuyo beneficio se dispuso. Si la decisión se funda en la insignificancia del hecho, sus
efectos se extienden a todos los que reúnan las mismas condiciones. No obstante, en el
caso de los incisos b) y d) del artículo anterior, se suspende el ejercicio de la acción penal
pública en relación con los hechos o las personas en cuyo favor se aplicó el criterio de
oportunidad. Esa suspensión se mantendrá hasta quince días después de la firmeza de la
sentencia respectiva, momento en que el tribunal deberá resolver definitivamente sobre la
prescindencia de esa persecución. Si la colaboración del sujeto o la sentencia no satisfacen
las expectativas por las cuales se suspendió el ejercicio de la acción, el Ministerio Público
deberá solicitar al tribunal que ordene reanudar el procedimiento.

ARTICULO 24.-
Plazo para solicitar criterios de oportunidad Los criterios de oportunidad podrán solicitarse
hasta antes de que se formule la acusación del Ministerio Público.

Sección tercera
Suspensión del procedimiento a prueba
Artículo 25- Procedencia. Cuando proceda la suspensión condicional de la pena o en
los asuntos por delitos sancionados exclusivamente con penas no privativas de libertad, el
imputado podrá solicitar la suspensión del procedimiento a prueba siempre que, durante
los cinco años anteriores, no se haya beneficiado con esta medida ni con la extinción de la
acción penal por la reparación del daño o la conciliación. Para tales efectos, el Registro
Judicial llevará un archivo de los beneficiarios.
No procederá la medida en los delitos dolosos, cuando el hecho se haya cometido
por medio de fuerza en las cosas o violencia sobre las personas. Este instituto procesal se
podrá aplicar solamente en los delitos de violencia patrimonial contemplados en la Ley N.º
8589, Penalización de la Violencia contra las Mujeres, de 25 de abril de 2007, cuando no
exista violencia contra las personas y siempre que se hayan tramitado con aplicación de la
Ley de Justicia Restaurativa.
La solicitud deberá contener un plan de reparación del daño causado por el delito, a
satisfacción de la víctima de domicilio conocido, y un detalle de las condiciones que el
imputado está dispuesto a cumplir, conforme al artículo siguiente. El plan podrá consistir
en la conciliación con la víctima, la reparación natural del daño causado o una reparación
simbólica, inmediata o por cumplir a plazos. Si efectuada la petición aún no existe
acusación, el Ministerio Público describirá el hecho que le imputa.
Para otorgar el beneficio son condiciones indispensables que el imputado admita el
hecho que se le atribuye y que la víctima manifieste su conformidad con la suspensión del

proceso a prueba.
En audiencia oral, el tribunal oirá sobre la solicitud al fiscal, a la víctima de
domicilio conocido, así como al imputado, y resolverá de inmediato, salvo que difiera esa
discusión para la audiencia preliminar. La resolución fijará las condiciones conforme a las
cuales se suspende el procedimiento o se rechaza la solicitud y aprobará o modificará el
plan de reparación propuesto por el imputado, según criterios de razonabilidad.
La suspensión del procedimiento podrá solicitarse en cualquier momento, hasta
antes de acordarse la apertura a juicio, sin perjuicio de tramitarse con arreglo a la Ley de
Justicia Restaurativa, y no impedirá el ejercicio de la acción civil ante los tribunales
respectivos.
Si la solicitud del imputado no se admite o el procedimiento se reanuda con
posterioridad, la admisión de los hechos por parte del imputado no podrá considerarse
como una confesión.
Cuando el plan de reparación del daño causado por el delito incorpore el servicio de
utilidad pública, deberá observar las regulaciones del artículo 56 bis del Código Penal.
(Así reformado por el artículo 47 de la Ley de justicia restaurativa, N° 9582 del 2 de julio
del 2018)
Artículo 26- Condiciones por cumplir durante el período de prueba. El tribunal fijará
el plazo de prueba, que no podrá ser inferior a dos años ni superior a cinco, y determinará
una o varias de las reglas que deberá cumplir el imputado, entre las siguientes:
a) Residir en un lugar determinado.
b) Frecuentar determinados lugares o personas.
c) Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes, o de abusar de las bebidas
alcohólicas.
d) Participar en programas especiales de tratamiento con el fin de abstenerse de
consumir drogas, bebidas alcohólicas o cometer hechos delictivos.
e) Comenzar o finalizar la escolaridad primaria, si no la ha cumplido; aprender
una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución
que determine el tribunal.
f) Prestar servicios o labores en favor del Estado o de instituciones de bien
público.
g) Someterse a un tratamiento médico o psicológico, si es necesario.
h) Permanecer en un trabajo o empleo, o adoptar, en el plazo que el tribunal
determine, un oficio, arte, industria o profesión, si no tiene medios propios de
subsistencia.
i) Someterse a la vigilancia que determine el tribunal.
j) No poseer o portar armas.
k) No conducir vehículos.
l) Participar y someterse a las condiciones del programa de tratamiento bajo
supervisión judicial restaurativa, conforme a lo establecido en la Ley de Justicia
Restaurativa.

m) Participar en programas con abordajes socioeducativos para el manejo de la
ira, masculinidad y afines, para la prevención de la violencia intrafamiliar y contra
la mujer.
Solo a proposición del imputado, el tribunal podrá imponer otras reglas de conducta
análogas cuando estime que resultan razonables.
(Así reformado por el artículo 47 de la Ley de justicia restaurativa, N° 9582 del 2 de julio
del 2018)
Artículo 27- Notificación y vigilancia de las condiciones de prueba. El tribunal
deberá explicarle personalmente al imputado las condiciones que deberá cumplir durante
el período de prueba y las consecuencias de incumplirlas.
Corresponderá a una oficina especializada, adscrita a la Dirección General de
Adaptación Social, vigilar el cumplimiento de las reglas impuestas e informar
periódicamente al tribunal, en los plazos que determine, sin perjuicio de que otras
personas o entidades, como la sede restaurativa con arreglo a la Ley de Justicia
Restaurativa, también le suministren informes.
(Así reformado por el artículo 47 de la Ley de justicia restaurativa, N° 9582 del 2 de julio
del 2018)
ARTICULO 28.-
Revocatoria de la suspensión
Si el imputado incumple el plan de reparación, se aparta, considerable e
injustificadamente, de las condiciones impuestas o comete un nuevo delito, el tribunal
dará audiencia por tres días al Ministerio Público y al imputado y resolverá, por auto
fundado, acerca de la reanudación de la persecución penal. En el primer caso, en lugar de
la revocatoria, el tribunal puede ampliar el plazo de prueba hasta por dos años más. Esta
extensión del término puede imponerse solo por una vez.
(Así reformado por el inciso b) del artículo 1 de la Ley N° 8146 de 30 de octubre del 2001)

ARTICULO 29.-
Suspensión del plazo de prueba El plazo de prueba se suspenderá mientras el imputado
esté privado de su libertad por otro procedimiento. Cuando el imputado esté sometido a
otro procedimiento y goce de libertad, el plazo correrá; pero, no podrá decretarse la

extinción de la acción penal sino hasta que quede firme la resolución que lo exima de
responsabilidad por el nuevo hecho.

Sección cuarta
Extinción de la acción penal
Artículo 30.- Causas de extinción de la acción penal
La acción penal se extinguirá por las causas siguientes:
a) La muerte del imputado.
b) El desistimiento de la querella, en los delitos de acción privada.
c) El pago del máximo previsto para la pena de multa, realizado antes
del juicio oral, cuando se trate de delitos sancionados solo con esa clase de
pena, caso en el que el tribunal hará la fijación correspondiente, a petición del
interesado, siempre y cuando la víctima exprese su conformidad.
d) La aplicación de un criterio de oportunidad, en los casos y las formas
previstos en este Código.
e) La prescripción.
f) El cumplimiento del plazo de suspensión del proceso a prueba, sin
que esta sea revocada.
g) El indulto o la amnistía.
h) La revocatoria de la instancia privada, en los delitos de acción pública
cuya persecución dependa de aquella.
i) La muerte del ofendido, en los casos de delitos de acción privada,
salvo que la iniciada ya por la víctima sea continuada por sus herederos,
conforme a lo previsto en este Código.
j) La reparación integral a entera satisfacción de la víctima, del daño
particular o social causado, realizada antes del juicio oral, en delitos de
contenido patrimonial sin fuerza en las cosas ni violencia sobre las personas y
en delitos culposos, siempre que la víctima o el Ministerio Público lo admitan,
según el caso.

Esta causal procede siempre que, durante los cinco años anteriores, el
imputado no se haya beneficiado con esta medida ni con la suspensión del
proceso a prueba o la conciliación. Para tales efectos, el Registro Judicial
llevará un archivo de los beneficiarios.
k) La conciliación, siempre que durante los cinco años anteriores, el
imputado no se haya beneficiado con esta medida, con la suspensión del
proceso a prueba ni con la reparación integral del daño.
l) El incumplimiento de los plazos máximos de la investigación
preparatoria, en los términos fijados por este Código.
m) Cuando no se haya reabierto la investigación, dentro del plazo de un
año, luego de dictado el sobreseimiento provisional.
(Así reformado por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás
intervinientes en el Proceso Penal N° 8720 de 4 de marzo de 2009).

ARTICULO 31.- Plazos de prescripción de la acción penal. Si no se ha iniciado la
persecución penal, la acción prescribirá:
a) Después de transcurrido un plazo igual al máximo de la pena, en los
delitos sancionables con prisión, no podrá exceder de diez años ni ser
inferior a tres, excepto en los delitos cometidos contra personas menores de
edad, en los cuales la prescripción empezará a correr a partir de que la
víctima haya cumplido la mayoría de edad.
(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° de la ley N° 9057 del 23
de julio de 2012, «Reforma de varias leyes sobre la Prescripción de Daños
causados a Personas Menores de Edad»)
b) A los dos años, en los delitos sancionables solo con penas no privativas
de libertad y en las faltas o contravenciones, excepto en los delitos
cometidos por personas jurídicas, en los cuales la prescripción será de diez
años.
(Así reformado el inciso anterior por el artículo 41 de la ley sobre la
Responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos,
soborno transnacional y otros delitos, N° 9699 del 10 de junio del 2019)
c) Veinticinco años después de que la víctima cumplió la mayoría de edad,
cuando se trate de delitos sexuales cometidos contra personas menores de
edad y a los veinticinco años desde la consumación del hecho punible, del
último acto de ejecución de la tentativa o del cese del delito continuo, según
corresponda, cuando estos delitos sean cometidos contra personas mayores
de edad sin capacidad volitiva o cognoscitiva. La regla anterior aplicará
indistintamente para todo autor, cómplice o partícipe responsable del
respectivo hecho punible, siempre que al momento de delinquir hayan
adquirido la mayoridad.
(Así adicionado el inciso anterior por el artículo único de la ley N° 9685 del
21 de mayo de 2019, «Ley de Derecho al Tiempo, reforma Código Penal para
ampliar el plazo de prescripción de la acción penal en casos de delitos
sexuales contra personas menores de edad o sin capacidad volitiva o
cognoscitiva»)
(Así reformado el inciso anterior por el artículo único de la ley N° 9826 del
10 de marzo del 2020)
ARTICULO 32.- Cómputo de la prescripción
Los plazos de prescripción se regirán por la pena principal prevista en la ley y
comenzarán a correr, para las infracciones consumadas, desde el día de la consumación;
para las tentativas, desde el día en que se efectuó el último acto de ejecución y, para los
delitos continuos o permanentes, desde el día en que cesó su permanencia.
La prescripción correrá, se suspenderá o se interrumpirá, en forma individual, para
cada uno de los sujetos que intervinieron en el delito. En el caso de juzgamiento conjunto
de varios delitos, las acciones penales respectivas que de ellos resulten prescribirán
separadamente en el término señalado a cada uno.

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 9082 del 12 de octubre del 2012)
Artículo 33.- Interrupción de los plazos de prescripción
Iniciado el procedimiento, los plazos establecidos en el artículo trasanterior se
reducirán a la mitad para computarlos, a efectos de suspender o interrumpir la
prescripción. Los plazos de prescripción se interrumpirán con lo siguiente:
a) La comparecencia a rendir declaración indagatoria, en los delitos de acción
pública.
b) La presentación de la querella, en los delitos de acción privada.
c) La resolución que convoca a la audiencia preliminar.
d) El señalamiento de la fecha para el debate.
e) Cuando la realización del debate se suspenda por causas atribuibles a la
defensa, con el propósito de obstaculizar el desarrollo normal de aquel, según
la declaración que efectuará el tribunal en resolución fundada.
f) El dictado de la sentencia, aunque no se encuentre firme.
La interrupción de la prescripción opera, aun en el caso de que las resoluciones
referidas en los incisos anteriores sean declaradas ineficaces o nulas posteriormente.
La autoridad judicial no podrá utilizar como causales de interrupción de la
prescripción otras distintas de las establecidas en los incisos anteriores.
(Así reformado por el artículo 81° de la Ley contra la Trata de Personas y Creación de la
Coalición Nacional contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas (CONATT),
N° 9095 del 26 de octubre de 2012)

ARTICULO 34.-
Suspensión del cómputo de la prescripción El cómputo de la prescripción se suspenderá:
a) Cuando en virtud de una disposición constitucional o legal, la acción penal no pueda ser
promovida ni proseguida. Esta disposición no regirá cuando el hecho no pueda perseguirse
por falta de la instancia privada. b) En los delitos cometidos por funcionarios públicos en el
ejercicio del cargo o con ocasión de él, mientras sigan desempeñando la función pública y
no se les haya iniciado el proceso. c) En los delitos relativos al sistema constitucional,
cuando se rompa el orden institucional, hasta su restablecimiento. d) Mientras dure, en el
extranjero, el trámite de extradición. e) Cuando se haya suspendido el ejercicio de la
acción penal en virtud de un criterio de oportunidad o por la suspensión del proceso a

prueba y mientras duren esas suspensiones. f) Por la rebeldía del imputado. En este caso,
el término de la suspensión no podrá exceder un tiempo igual al de la prescripción de la
acción penal; sobrevenido este, continuará corriendo ese plazo.
Terminada la causa de la suspensión, el plazo de la prescripción continuará su curso.

ARTICULO 35.-
Renuncia a la prescripción El imputado podrá renunciar a la prescripción.

Artículo 36- Conciliación. En las faltas o contravenciones, en los delitos de acción
privada, de acción pública a instancia privada, los que admitan la suspensión condicional
de la pena, procederá la conciliación entre la víctima y el imputado, en cualquier momento
hasta antes de acordarse la apertura a juicio. También procederá en los asuntos por
delitos sancionados, exclusivamente, con penas no privativas de libertad, siempre que
concurran los demás requisitos exigidos por esta ley. Es requisito para la aplicación de la
conciliación, cuando se trate de un delito de acción pública y sea procedente su aplicación,
que durante los cinco años anteriores el imputado no se haya beneficiado de esta medida,
de la suspensión del proceso a prueba o de la reparación integral del daño.
En esos casos, si las partes no lo han propuesto con anterioridad, en el momento
procesal oportuno, el tribunal procurará que manifiesten cuáles son las condiciones en que
aceptan conciliarse.
Para facilitar el acuerdo de las partes, el tribunal podrá solicitar el asesoramiento y
el auxilio de personas o entidades especializadas para procurar acuerdos entre las partes
en conflicto, o instar a los interesados a que designen a un amigable componedor. Los
conciliadores deberán guardar secreto sobre lo que conozcan en las deliberaciones y
discusiones de las partes. Asimismo, se podrá acordar la conciliación mediante el
procedimiento restaurativo regulado en la Ley de Justicia Restaurativa.
Cuando la conciliación se produzca, el tribunal homologará los acuerdos y declarará
extinguida la acción penal. Sin embargo, la extinción de la acción penal tendrá efectos a
partir del momento en que el imputado cumpla todas las obligaciones contraídas. Para tal
propósito, podrá fijarse un plazo máximo de un año, durante el cual se suspende la
prescripción de la acción penal.
Si el imputado no cumpliera, sin justa causa, las obligaciones pactadas en la
conciliación, el procedimiento continuará, como si no se hubiera conciliado.
En caso de incumplimiento por causa justificada, las partes podrán prorrogar el
plazo hasta por seis meses más. Si la víctima no aceptara prorrogar el plazo, o este se
extinguiera sin que el imputado cumpla la obligación, aun por justa causa, el proceso
continuará su marcha, sin que puedan aplicarse de nuevo las normas sobre la conciliación.
El tribunal no aprobará la conciliación, cuando tenga fundados motivos para estimar
que alguno de los que intervienen no está en condiciones de igualdad para negociar o ha
actuado bajo coacción o amenaza; tampoco, en los delitos cometidos en perjuicio de las
personas menores de edad.
En los delitos de carácter sexual, en las agresiones domésticas y en los delitos
sancionados en la Ley N. º 8589, Penalización de la Violencia contra las Mujeres, el
tribunal no debe procurar la conciliación entre las partes ni debe convocar a una audiencia

con ese propósito, salvo cuando lo soliciten, de forma expresa, la víctima o sus
representantes legales.
El plazo de cinco años señalado en el primer párrafo del artículo 25, en los incisos j)
y k) del artículo 30 y en este artículo, se computará a partir de la firmeza de la resolución
que declare la extinción de la acción penal.
Los órganos jurisdiccionales que aprueben aplicar la suspensión del procedimiento a
prueba, la reparación integral del daño o la conciliación, una vez firme la resolución, lo
informarán al Registro Judicial, para su respectiva inscripción. El Registro Judicial llevará
un archivo de los beneficiarios con estas medidas.
(Así reformado por el artículo 47 de la Ley de justicia restaurativa, N° 9582 del 2 de julio
del 2018)
CAPITULO II
ACCION CIVIL
ARTICULO 37.-
Ejercicio La acción civil para restituir el objeto materia del hecho punible, así como la
reparación de los daños y perjuicios causados, podrá ser ejercida por el damnificado, sus
herederos, sus legatarios, la sucesión o por el beneficiario en el caso de pretensiones
personales, contra los autores del hecho punible y partícipes en él y, en su caso, contra el
civilmente responsable.

ARTICULO 38.-
Acción civil por daño social La acción civil podrá ser ejercida por la Procuraduría General
de la República, cuando se trate de hechos punibles que afecten intereses colectivos o
difusos.

ARTICULO 39.-
Delegación La acción civil deberá ser ejercida por un abogado de una oficina
especializada en la defensa civil de las víctimas, adscrita al Ministerio Público, cuando:
a) El titular de la acción carezca de recursos y le delegue su ejercicio.

b) El titular de la acción sea incapaz de hacer valer sus derechos y no tenga quien
lo represente, sin perjuicio de la intervención del Patronato Nacional de la Infancia.
ARTICULO 40.-
Carácter accesorio En el procedimiento penal, la acción civil resarcitoria sólo podrá ser
ejercida mientras esté pendiente la persecución penal. Sobreseído provisionalmente el
imputado o suspendido el procedimiento, conforme a las previsiones de la ley, el ejercicio
de la acción civil se suspenderá hasta que la persecución penal continúe y quedará a salvo
el derecho de interponer la demanda ante los tribunales competentes. La sentencia
absolutoria no impedirá al tribunal pronunciarse sobre la acción civil resarcitoria
válidamente ejercida, cuando proceda.

ARTICULO 41.-
Ejercicio alternativo La acción civil podrá ejercerse en el proceso penal, conforme a las
reglas establecidas por este Código o intentarse ante los tribunales civiles; pero no se
podrá tramitar simultáneamente en ambas jurisdicciones.

CAPITULO III. EXCEPCIONES
ARTICULO 42.-
Enumeración El Ministerio Público y las partes podrán oponer excepciones por los
siguientes motivos:
a) Falta de jurisdicción o competencia.
b) Falta de acción, porque esta no pudo promoverse, no fue iniciada legalmente o
no puede proseguirse.
c) Extinción de la acción penal.
Las excepciones serán planteadas al tribunal competente, que podrá asumir, de
oficio, la solución de alguna de las cuestiones anteriores.

ARTICULO 43.-Trámite . Las excepciones se deducirán oralmente en las audiencias.
Deberá ofrecerse la prueba que justifica los hechos en que se basan. Se dará traslado de
la gestión a la parte contraria.
El tribunal admitirá la prueba pertinente y resolverá, sin dilación, lo que corresponda.
(Así reformado por el artículo 1° «Creación del recurso de apelación de la sentencia, otras
reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el
proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)

ARTICULO 44.-
Efectos Si se declara la falta de acción, los autos se archivarán salvo si la persecución
puede proseguir en razón de otro interviniente; en este caso, la decisión sólo desplazará
del procedimiento a quien afecte. En los casos en que deba declararse la extinción de la
persecución penal o de la pretensión civil, se decretará el sobreseimiento o se rechazará la
demanda, según corresponda.

LIBRO I. JUSTICIA PENAL Y SUJETOS PROCESALES
TITULO I. JUSTICIA PENAL

CAPITULO I. COMPETENCIA
ARTICULO 45.-

Competencia La competencia de los tribunales de justicia se extiende al
conocimiento de los hechos delictivos cometidos en el territorio de la República, así como a
los ejecutados en los lugares donde el Estado costarricense ejerce una jurisdicción
especial. Además, en los casos previstos en la ley, conocerán de los delitos cometidos
fuera del territorio nacional.
ARTICULO 46.-
Mantenimiento de competencia Cuando se advierta la incompetencia, después de señalada
la fecha para el juicio oral, el tribunal facultado para juzgar delitos más graves no podrá
declararse incompetente porque la causa corresponde a un tribunal integrado para juzgar
hechos punibles más leves. Los tribunales con competencia para conocer de delitos la
tendrán también para conocer de contravenciones, cuando el hecho principal se haya
recalificado en el juicio o sean conexas con un delito. El procedimiento será el establecido
para juzgar el delito más grave. Una vez señalada la fecha para el debate, la competencia
territorial de un tribunal de juicio no podrá objetarse.

ARTICULO 47.-
Reglas de competencia Para determinar la competencia territorial de los tribunales,
se observarán las siguientes reglas:
a) El tribunal tendrá competencia sobre los hechos punibles cometidos dentro de la
circunscripción judicial donde ejerza sus funciones. Si existen varios jueces en una
misma circunscripción, dividirán sus tareas de modo equitativo, conforme a la
distribución establecida al efecto. En caso de duda, conocerá del procedimiento
quien haya prevenido. Se considerará que ha prevenido quien haya dictado la
primera providencia o resolución del procedimiento.
b) Cuando el delito cometido en territorio extranjero haya producido sus efectos en
la República, conocerán los tribunales de la circunscripción judicial de la capital,
aunque el imputado haya sido aprehendido en cualquier otra circunscripción judicial
del país.
c) Cuando el hecho punible haya sido cometido en el límite de dos circunscripciones
judiciales o en varias de ellas, será competente el tribunal que haya prevenido en el
conocimiento de la causa.
d) Cuando el lugar de comisión del hecho punible sea desconocido, será
competente el tribunal de la circunscripción judicial donde resida el imputado. Si,
posteriormente, se descubre el lugar de comisión del delito, continuará la causa el
tribunal de este último lugar, salvo que con esto se produzca un retardo procesal
innecesario o se perjudique la defensa.
e) En los delitos cometidos a bordo de naves o aeronaves, cuando naveguen en
aguas jurisdiccionales o el espacio aéreo nacional, será competente el juez del
lugar donde arribe la nave o aeronave. Cuando la nave o aeronave no arribe al
territorio nacional, conocerá del asunto un tribunal de la capital de la República.

ARTICULO 48.-
Incompetencia En cualquier estado del proceso, salvo las excepciones previstas en este
Código, el tribunal que reconozca su incompetencia remitirá las actuaciones al que
considere competente y pondrá a su disposición a los detenidos, si existen. Si el tribunal
que recibe las actuaciones discrepa de ese criterio, elevará las actuaciones al tribunal
competente para resolver el conflicto. La inobservancia de las reglas sobre competencia
sólo producirá la ineficacia de los actos cumplidos después de que haya sido declarada la
incompetencia.

ARTICULO 49.-
Efectos Las cuestiones de competencia no suspenderán el procedimiento. No obstante, si
se producen antes de fijar la audiencia para el debate, lo suspenderán hasta la decisión
del conflicto.

ARTICULO 50.-
Casos de conexión Las causas son conexas:
a) Cuando a una misma persona se le imputen dos o más delitos.
b) Si los hechos imputados han sido cometidos simultáneamente por varias
personas reunidas o aunque estén en distintos lugares o tiempos, cuando hubiera
mediado acuerdo entre ellas.
c) Si un hecho punible se ha cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro,
o para procurar al culpable o a otros el provecho o la impunidad.
d) Cuando los hechos punibles hayan sido cometidos recíprocamente.

ARTICULO 51.-
Competencia en causas conexas Cuando exista conexidad conocerá:

a) El tribunal facultado para juzgar el delito más grave.
b) Si los delitos son reprimidos con la misma pena, el tribunal que deba intervenir
para juzgar el que se cometió primero.
c) Si los delitos se cometieron en forma simultánea o no consta debidamente cuál
se cometió primero, el tribunal que haya prevenido.
d) En último caso, el tribunal que indique el órgano competente para conocer del
diferendo sobre la competencia.

ARTICULO 52.-
Acumulación material A pesar de que se haya dispuesto la acumulación de dos o más
procesos, las actuaciones se compilarán por separado, salvo que sea inconveniente para el
desarrollo normal del procedimiento, aunque en todos deberá intervenir el mismo tribunal.

ARTICULO 53.-
Acumulación de juicios Si en los procesos acumulados se acusan varios delitos, el tribunal
podrá disponer que el juicio oral se celebre en audiencias públicas sucesivas, para cada
uno de los hechos. En este caso, el tribunal podrá resolver sobre la culpabilidad al finalizar
cada audiencia, y fijará la pena correspondiente a todos los casos después de celebrar la
audiencia final. Serán aplicables las reglas previstas para la celebración del debate en dos
fases.

ARTICULO 54.-
Unificación de penas El tribunal que dictó la última sentencia, de oficio o a petición de
alguno de los sujetos del proceso, deberá unificar las penas cuando se hayan dictado
varias condenatorias contra una misma persona.

CAPITULO II. EXCUSAS Y RECUSACIONES

ARTICULO 55.-
Motivos de excusa El juez deberá excusarse de conocer en la causa:
a) Cuando en el mismo proceso hubiera pronunciado o concurrido a pronunciar el
auto de apertura a juicio o la sentencia, o hubiera intervenido como funcionario del
Ministerio Público, defensor, mandatario, denunciante o querellante, o hubiera
actuado como perito, consultor técnico o conociera del hecho investigado como
testigo, o tenga interés directo en el proceso.
b) Si es cónyuge, conviviente con más de dos años de vida en común, pariente
dentro del tercer grado de consanguinidad o afinidad, de algún interesado, o este
viva o haya vivido a su cargo.
c) Si es o ha sido tutor o curador, o ha estado bajo tutela o curatela de alguno de
los interesados.
d) Cuando él, su cónyuge, conviviente con más de dos años de vida en común,
padres o hijos, tengan un juicio pendiente iniciado con anterioridad, o sociedad o
comunidad con alguno de los interesados, salvo la sociedad anónima.
e) Si él, su esposa, conviviente con más de dos años de vida en común, padres,
hijos u otras personas que vivan a su cargo, son acreedores, deudores o fiadores
de alguno de los interesados, salvo que se trate de bancos del Sistema Bancario
Nacional.
f) Cuando antes de comenzar el proceso hubiera sido denunciante o acusador de
alguno de los interesados, hubiera sido denunciado o acusado por ellos, salvo que
circunstancias posteriores demuestren armonía entre ambos.
g) Si ha dado consejos o manifestado extra-judicialmente su opinión sobre el
proceso.
h) Cuando tenga amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los
interesados.
i) Si él, su esposa, conviviente con más de dos años de vida en común, padres,
hijos u otras personas que vivan a su cargo, hubieran recibido o reciban beneficios
de importancia de alguno de los interesados o si, después de iniciado el proceso, él
hubiera recibido presentes o dádivas aunque sean de poco valor.
j) Cuando en la causa hubiera intervenido o intervenga, como juez, algún pariente
suyo dentro del segundo grado de consanguinidad.
Para los fines de este artículo, se consideran interesados el imputado, el
damnificado, la víctima y el demandado civil, aunque estos últimos no se constituyan en
parte; también, sus representantes, defensores o mandatarios.

ARTICULO 56.-
Trámite de la excusa El juez que se excuse remitirá las actuaciones, por resolución
fundada, a quien deba reemplazarlo. Este tomará conocimiento del asunto de inmediato y

dispondrá el trámite por seguir, sin perjuicio de que eleve los antecedentes, en igual
forma, al tribunal respectivo, si estima que la excusa no tiene fundamento. La incidencia
será resuelta sin trámite. Cuando el juez forme parte de un tribunal colegiado y reconozca
un motivo de excusa, pedirá a los restantes miembros que dispongan su separación.
ARTICULO 57.-
Recusación El Ministerio Público y las partes podrán recusar al juez, cuando estimen que
concurre en él una causal por la cual debió excusarse.

ARTICULO 58.-Tiempo y forma de recusar. Al formularse la recusación se indicarán,
bajo pena de inadmisibilidad, los motivos en que se funda y los elementos de prueba
pertinentes. Será formulada dentro de las veinticuatro horas de conocerse los motivos en
que se funda. Durante las audiencias, la recusación será deducida oralmente.
(Así reformado por el artículo 1° «Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia, otras
Reformas al Régimen de Impugnación e Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en
el Proceso Penal «, ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)

ARTICULO 59.-
Trámite de la recusación Si el juez admite la recusación, aplicará el procedimiento previsto
para la excusa. En caso contrario, remitirá el escrito de recusación y su informe al tribunal
competente o, si el juez integra un tribunal colegiado, pedirá el rechazo de aquella a los
restantes miembros. Si se estima necesario, se fijará fecha para celebrar una audiencia en
la que se recibirá la prueba y se informará a las partes. El tribunal competente resolverá el
incidente dentro de las veinticuatro horas, sin recurso alguno.

ARTICULO 60.-
Recusación de secretarios y colaboradores Las mismas reglas regirán respecto a los
secretarios y a quienes cumplan alguna función de auxilio judicial en el procedimiento. El
tribunal ante el cual actúan averiguará sumariamente el motivo invocado y resolverá lo
que corresponda. Acogida la excusa o recusación, el funcionario quedará separado del
asunto.

ARTICULO 61.-
Efectos Producida la excusa o aceptada la recusación, no serán eficaces los actos
posteriores del funcionario separado. La intervención de los nuevos funcionarios será
definitiva, aunque posteriormente desaparezcan los motivos determinantes de la
separación.

TITULO II. MINISTERIO PUBLICO Y POLICIA JUDICIAL
CAPITULO I. EL MINISTERIO PUBLICO

ARTICULO 62.-
Funciones El Ministerio Público ejercerá la acción penal en la forma establecida por
la ley y practicará las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del
hecho delictivo. Tendrá a su cargo la investigación preparatoria, bajo control jurisdiccional
en los actos que lo requieran.
Los representantes del Ministerio Público deberán formular sus requerimientos y
conclusiones en forma motivada y específica.

ARTICULO 63.-
Objetividad En el ejercicio de su función, el Ministerio Público adecuará sus actos a un
criterio objetivo y velará por el cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la
Constitución, el Derecho Internacional y el Comunitario vigentes en el país y la ley. Deberá
investigar no sólo las circunstancias que permitan comprobar la acusación, sino también
las que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado; asimismo, deberá formular los
requerimientos e instancias conforme a ese criterio, aun en favor del imputado.

ARTICULO 64.-
Distribución de funciones Además de las funciones acordadas por la ley, los representantes
del Ministerio Público actuarán, en el proceso penal, de conformidad con la distribución de
labores que disponga el Fiscal General de la República.

ARTICULO 65.-
Cooperación internacional Cuando las actividades delictivas se realicen, en todo o en
parte, fuera del territorio nacional, o se les atribuyan a personas ligadas a una
organización de carácter regional o internacional, en los casos en que deba aplicarse la
legislación penal costarricense, el Ministerio Público podrá formar equipos conjuntos de
investigación con instituciones extranjeras o internacionales. Los acuerdos de investigación
conjunta deberán ser aprobados y supervisados por el Fiscal General.

ARTICULO 66.-
Excusa y recusación En la medida en que les sean aplicables los funcionarios del Ministerio
Público deberán excusarse y podrán ser recusados por los mismos motivos establecidos
respecto de los jueces, salvo por el hecho de intervenir como acusadores en el proceso. La
excusa o la recusación serán resueltas por el superior jerárquico, previa la investigación
que estime conveniente.

CAPITULO II. LA POLICIA JUDICIAL

ARTICULO 67.-
Función Como auxiliar del Ministerio Público y bajo su dirección y control, la policía
judicial investigará los delitos de acción pública, impedirá que se consuman o agoten,
individualizará a los autores y partícipes, reunirá los elementos de prueba útiles para
fundamentar la acusación y ejercerá las demás funciones que le asignen su ley orgánica y
este Código.

ARTICULO 68.-
Dirección El Ministerio Público dirigirá la policía cuando esta deba prestar auxilio en las
labores de investigación. Los funcionarios y los agentes de la policía judicial deberán
cumplir siempre las órdenes del Ministerio Público y las que, durante la tramitación del
procedimiento, les dirijan los jueces. En casos excepcionales y con fundamentación, el
Fiscal General podrá designar directamente a los oficiales de la policía judicial que deberán
auxiliarlo en una investigación específica. En este caso, las autoridades policiales no
podrán ser separadas de la investigación, si no se cuenta con la expresa aprobación de
aquel funcionario.

ARTICULO 69.-
Formalidades Los funcionarios y agentes de la policía judicial respetarán las formalidades
previstas para la investigación, y subordinarán sus actos a las instrucciones de carácter
general o particular que emita el Ministerio Público.

TITULO III. LA VICTIMA
CAPITULO I. DERECHOS DE LA VICTIMA

Artículo 70.- Víctimas
Serán consideradas víctimas:
a) La persona directamente ofendida por el delito.
b) El cónyuge, la persona conviviente con más de dos años de vida en común, el
hijo o la hija, la madre y el padre adoptivos, los parientes dentro del tercer grado
de consanguinidad o el segundo de afinidad y el heredero declarado judicialmente,
en los delitos cuyo resultado sea la muerte del ofendido.
c) Las personas socias, asociadas o miembros, respecto de los delitos que afecten
a una persona jurídica, cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan.

d) Las asociaciones, fundaciones y otros entes que tengan carácter registral, en los
delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la
agrupación se vincule directamente con esos intereses.
(Así reformado por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás
intervinientes en el Proceso Penal N° 8720 de 4 de marzo de 2009)

Artículo 71.- Derechos y deberes de la Artículo 71- Derechos y deberes de la
víctima. Aunque no se haya constituido como querellante, la víctima tendrá los siguientes
derechos dentro del proceso:
1) Derechos de información y trato:
a) A recibir un trato digno, que respete sus derechos fundamentales y que
procure reducir o evitar la revictimización con motivo del proceso.
b) A que se consideren sus necesidades especiales, tales como limitaciones
físicas, sensoriales o mentales, así como las diferencias sociales, culturales o
étnicas.
c) A ser informada, en el primer contacto que tenga con las autoridades
judiciales, de todos los derechos y facultades, así como sus deberes, con
motivo de su intervención en el proceso, además, tener acceso al expediente
judicial.
d) A señalar un domicilio, lugar o un medio en el que puedan serle
comunicadas las decisiones que se adopten y en el que pueda ser localizada,
así como a que se canalice esa información, por una vía reservada a criterio de
la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público, en caso de
que se encuentre sujeta a protección.
e) A ser informada de todas las resoluciones finales que se adopten, así como
de los cambios o las modificaciones en las medidas cautelares que se hayan
adoptado por la existencia de un riesgo para su seguridad, vida o integridad
física, siempre y cuando haya señalado un domicilio, sitio o medio en que
puedan serle comunicadas.
f) A ser informada de su derecho a solicitar y obtener protección especial, en
caso de riesgos o amenazas graves para sí misma o su familia, con motivo de
su denuncia o intervención en el proceso.
g) A ser informada sobre la necesidad de su participación en determinados
exámenes o pericias, a que se le expliquen sus alcances y a contar con la
presencia de una persona de su confianza, que la acompañe en la realización
de estas, siempre que ello no arriesgue su seguridad ni ponga en riesgo la
investigación.
h) A ser informada por el fiscal a cargo del caso, de su decisión de no recurrir
la sentencia absolutoria o el cese o la modificación de las medidas cautelares
adoptadas por la existencia de riesgo para su vida o su integridad física, dentro
del plazo formal para recurrir cada una de esas resoluciones y con indicación de
las razones para no hacerlo, siempre y cuando haya señalado un domicilio,
lugar o medio para ser informada.

i) Derecho a ser informada sobre la posibilidad de resolver el caso mediante el
procedimiento de justicia restaurativa, conforme a lo estipulado en la Ley de
Justicia Restaurativa.
(Así adicionado el subinciso anterior por el artículo 47 de la Ley de justicia
restaurativa, N° 9582 del 2 de julio del 2018)
2) Derechos de protección y asistencia:
a) Protección extraprocesal:
La víctima tendrá derecho a solicitar y a obtener protección especial, en caso
de riesgos o amenazas graves para su vida o integridad física o la de sus
familiares, con motivo de su denuncia o intervención en el proceso. El
Ministerio Público, la policía, el juez o el tribunal de juicio que conozcan de la
causa adoptarán las medidas necesarias para que se brinde esta protección.
La víctima será escuchada, en todo procedimiento en que se pretenda
brindarle protección. La Oficina de Atención a la Víctima del Delito del
Ministerio Público, coordinará con todas las fiscalías del país la protección de
las víctimas y canalizará, por su medio, la información necesaria para
sustentar las medidas de protección o las solicitudes de medidas cautelares,
según lo regulado en el párrafo final del artículo 239 de este Código.
b) Protección procesal:
Cuando su conocimiento represente un riesgo para su vida o su integridad
física o la de sus familiares, con motivo de su denuncia o intervención en el
proceso, la víctima tendrá derecho a que se reserven sus datos de
identificación, como nombre, cédula y domicilio, números de teléfono o lugar
de trabajo y que no consten en la documentación del proceso; además, en
los casos excepcionales señalados en el artículo 204 bis de este Código,
tendrá derecho a mantener reserva de sus características físicas
individualizantes, cuando, por la naturaleza del hecho, estas no sean
conocidas por el imputado u otras personas relacionadas con él, sin perjuicio
del derecho de defensa. Para asegurar su testimonio y proteger su vida,
podrán utilizarse los medios tecnológicos disponibles como la
videoconferencia o cualquier otro medio similar, que haga efectiva la
protección acordada, tanto cuando se haga uso del anticipo jurisdiccional de
prueba como en juicio, en los términos y según el procedimiento regulado
en los artículos 204 y 204 bis de este Código.
c) Las personas menores de edad víctimas, las mujeres víctimas de abuso
sexual o de violencia y las víctimas de trata de personas y de hechos
violentos, tendrán derecho a contar con medidas de asistencia y apoyo, por
parte del personal designado para tal efecto, tanto en el Poder Judicial como
en el Ministerio de Seguridad y otras instituciones, a fin de reducir la
revictimización con motivo de su intervención en el proceso y facilitar su
participación en las distintas diligencias judiciales, como pericias o
audiencias.
d) Las personas menores de edad víctimas tendrán derecho a que se
considere su interés superior a la hora de practicar cualquier diligencia o
pericia y, especialmente, a la hora de recibir su testimonio; para ello, el
Ministerio Público, el juez o el tribunal de juicio que conozca de la causa,
adoptarán las medidas necesarias para que se reduzcan los trámites y se
reciba su testimonio, en las condiciones especiales que se requieran. Podrá
solicitarse, en caso necesario, un dictamen al Departamento de Trabajo
Social y Psiquiatría y Psicología Forense o de algún otro perito o experto,
debidamente nombrado, resguardando siempre el derecho de defensa, tal y
como lo regulan los artículos 212, 221 y 351 de este Código.
e) La víctima tendrá derecho a licencia con goce de sueldo por parte de su
patrono, público o privado, cuando tenga que asistir a diligencias judiciales,
a pericias o a comparecer ante el llamamiento judicial y por el tiempo

necesario para ello. Con el objeto de comprobar la asistencia a tales actos,
el despacho que conoce de la causa o ante quien se realice la diligencia,
deberá extender el comprobante respectivo, en el que se indique la
naturaleza del acto y la duración efectiva del trámite. El Ministerio Público, el
juez o el tribunal de juicio que conozca de la causa, adoptarán las medidas
necesarias para evitar que la víctima sea sometida a múltiples citaciones o
comparecencias; además, cuando sea posible, deberán programarse las
audiencias, para que se rinda el testimonio, a la brevedad posible y no se
haga uso abusivo de la licencia concedida.
3) Derechos procesales:
a) La víctima tiene derecho a denunciar por sí, por un tercero a quien haya
autorizado o por mandatario, los hechos cometidos en su perjuicio.
b) La víctima directamente ofendida por el hecho tiene el derecho de ser
escuchada en juicio, aun si el Ministerio Público no la ofreciera como testigo.
En todas las gestiones que este Código autoriza realizar a la víctima,
prevalecerá su derecho a ser oída. No podrá alegarse la ausencia de
formalidades de interposición, como causa para no resolver sus peticiones, y
tendrá derecho a que se le prevenga la corrección de los defectos en los
términos del artículo 15 de este Código.
c) A apelar el sobreseimiento definitivo, en las etapas preparatoria,
intermedia y de juicio, así como la desestimación.
d) Cuando el Ministerio Público le comunique su decisión de no impugnar la
sentencia absolutoria, el cese o la modificación de las medidas cautelares
adoptadas por la existencia de un riesgo para su vida o integridad física y la
víctima no esté conforme, tendrá el derecho de recurrir a tales decisiones,
en los términos establecidos en el artículo 426 de este Código.
e) A ser convocada a la audiencia preliminar, en todos los casos, siempre y
cuando haya señalado un domicilio, lugar o medio en que pueda ser
localizada y a que se considere su criterio, cuando se conozca de la
aplicación del procedimiento abreviado, la suspensión del proceso a prueba,
la conciliación o la aplicación de un criterio de oportunidad, en los términos y
alcances definidos en este Código. En cualquier caso en que se encuentre
presente se le concederá la palabra.
f) A ejercer la acción civil resarcitoria, en los términos y alcances que define
este Código, a plantear la querella en los delitos de acción privada, a revocar
la instancia en los delitos de acción pública dependiente de instancia
privada, a solicitar la conversión de la acción pública en acción privada, así
como a desistir de sus querellas o acciones, todo en los términos y alcances
que define este Código.
g) A que el Ministerio Público le comunique su decisión de acusar, solicitar el
sobreseimiento o la aplicación de un criterio de oportunidad, a fin de que, en
los términos regulados en este Código, decida si formula querella y se
constituye en querellante, o si formula la acción civil resarcitoria.
h) Cuando se solicite la prisión preventiva por la existencia de riesgos o
amenazas a la vida o la integridad física de la víctima o de sus familiares,
tendrá derecho a ser escuchada por el juez, al resolver de la solicitud que le
formule el Ministerio Público, siempre y cuando haya señalado un domicilio,
lugar o medio para ser localizada. Podrá hacer su manifestación por escrito
para ser presentada por el fiscal junto a la solicitud de prisión, sin perjuicio
de que el juez decida escucharla. Para tales efectos, el fiscal a cargo del
caso podrá requerir información a la Oficina de Atención a la Víctima del
delito del Ministerio Público, con el objeto de fundamentar su solicitud, en
los términos que se regulan en el párrafo final del artículo 239 de este
Código.

i) A acudir ante el juez de la etapa preparatoria, a señalar los errores, las
omisiones o los retrasos que estime han ocurrido en la investigación de los
hechos en su perjuicio, en los términos establecidos en el último párrafo del
artículo 298 de este Código. Asimismo, podrá objetar el archivo fiscal en los
términos que regula el numeral 298 citado.
j) A que le sean devueltos a la brevedad posible, aun en carácter de
depósito provisional, todos los bienes o valores de su propiedad que hayan
sido incautados o recuperados por las autoridades, con el propósito de ser
utilizados como evidencia.

(Así reformado por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal N° 8720 de 4 de marzo de 2009)

CAPITULO II . EL QUERELLANTE EN DELITOS DE ACCION PRIVADA

ARTICULO 72.-
Querellante en delitos de acción privada Toda persona con capacidad civil que se
pretenda ofendida por un delito de acción privada, tendrá derecho a presentar querella y a
ejercer conjuntamente la acción civil resarcitoria, de conformidad con lo dispuesto en este
Código.
El representante legal del menor o el incapaz por los delitos cometidos en su
perjuicio gozarán de igual derecho.

ARTICULO 73.-
Representación El querellante deberá actuar con el patrocinio de un abogado. Cuando los
querellantes sean varios, deberán actuar bajo una sola representación, la que se ordenará
de oficio si no llegan a un acuerdo.

ARTICULO 74.-
Forma y contenido de la querella La querella será presentada, por escrito,
personalmente o por mandatario con poder especial, y deberá expresar bajo pena de
inadmisibilidad:
a) El nombre, los apellidos y el domicilio del querellante y, en su caso, también los
del mandatario.
b) El nombre, los apellidos y el domicilio del querellado o, si se ignoran, cualquier
descripción que sirva para identificarlo.
c) Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho, con indicación del lugar y
el momento en que se ejecutó, si se saben.
d) La solicitud concreta de la reparación que se pretenda, si se ejerce la acción
civil.
e) Las pruebas que se ofrezcan.
i) Si se trata de testigos y peritos, deberán indicarse el nombre, los apellidos, la
profesión, el domicilio y los hechos sobre los que serán examinados.
ii) Cuando la querella verse sobre calumnias, injurias o difamaciones, el
documento o la grabación que, en criterio del accionante, las contenga, si es
posible presentarlos.
f) La firma del actuante o, si no sabe o no puede firmar, la de otra persona a su
ruego.
Se agregará, para cada querellado, una copia del escrito y del poder.

CAPITULO III. EL QUERELLANTE EN DELITOS DE ACCION PUBLICA

ARTICULO 75.-
Querellante en delitos de acción pública En los delitos de acción pública, la víctima
y su representante o guardador, en caso de minoridad o incapacidad, podrán provocar la
persecución penal, adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público o continuar con su
ejercicio, en los términos y las condiciones establecidas en este Código.
El mismo derecho tendrá cualquier persona contra funcionarios públicos que, en el
ejercicio de su función o con ocasión de ella, hayan violado derechos humanos; cuando se
trate de delitos cometidos por funcionarios que han abusado de su cargo así como contra
quienes cometen delitos que lesionan intereses difusos.

ARTICULO 76.-
Formalidades de la querella La querella por delito de acción pública deberá reunir, en lo
posible, los mismos requisitos de la acusación, y será presentada ante el representante del
Ministerio Público que realiza o debe realizar la investigación. Si el querellante ejerce la
acción civil, deberá indicar el carácter que invoca y el daño cuya reparación pretende,
aunque no precise el monto. El querellante deberá actuar con el patrocinio de un abogado.
La querella podrá ser iniciada y proseguida por un mandatario, con un poder especial para
el caso.

ARTICULO 77.-
Oportunidad La querella podrá ser formulada en el procedimiento preparatorio. El
Ministerio Público rechazará la solicitud de constitución cuando el interesado no tenga
legitimación. Informado el querellante del rechazo podrá acudir, dentro del tercer día, ante
el tribunal del procedimiento preparatorio para que resuelva el diferendo.

ARTICULO 78.-

Desistimiento expreso El querellante podrá desistir de su demanda en cualquier momento.
En este caso, tomará a su cargo las costas propias y quedará sujeto a la decisión general
que, sobre ellas, dicte el tribunal, salvo que las partes convengan lo contrario.
ARTICULO 79.-
Desistimiento tácito Se considerará desistida la querella cuando el querellante, sin
justa causa, no concurra:
a) A prestar declaración testimonial o a realizar cualquier medio de prueba para
cuya práctica sea necesaria su presencia, luego de ser citado.
b) A la audiencia preliminar.
c) A la primera audiencia del debate, se aleje de la audiencia o no presente
conclusiones.
En los casos de incomparecencia, si es posible la justa causa deberá acreditarse
antes de iniciar la audiencia o, en caso contrario, dentro de cuarenta y ocho horas de la
fecha fijada para aquella.
El desistimiento será declarado por el tribunal de oficio o a pedido de cualquiera de
los intervinientes. Contra esta resolución, sólo se admitirá el recurso de revocatoria.

ARTICULO 80.-
Facultades La querella no alterará las facultades concedidas al Ministerio Público respecto
del ejercicio de los criterios de oportunidad y la suspensión del proceso a prueba. El
querellante podrá interponer los recursos que este Código autoriza al Ministerio Público. La
intervención como querellante no eximirá del deber de declarar como testigo.

TITULO IV. EL IMPUTADO
CAPITULO I. NORMAS GENERALES

ARTICULO 81.-
Denominación Se denominará imputado a quien, mediante cualquier acto de la
investigación o del procedimiento, sea señalado como posible autor de un hecho punible o
partícipe en él.

ARTICULO 82.-
Derechos del imputado La policía judicial, el Ministerio Público y los jueces, según
corresponda, harán saber al imputado, de manera inmediata y comprensible, que tiene los
siguientes derechos:
a) Conocer la causa o el motivo de su privación de libertad y el funcionario que la
ordenó, exhibiéndole, según corresponda, la orden emitida en su contra.
b) Tener una comunicación inmediata y efectiva con la persona, asociación,
agrupación o entidad a la que desee comunicar su captura.
c) Ser asistido, desde el primer acto del procedimiento, por el defensor que designe
él, sus parientes o la agrupación a la que se comunicó su captura y, en defecto de
éste, por un defensor público.
d) Presentarse o ser presentado al Ministerio Público o al tribunal, para ser
informado y enterarse de los hechos que se le imputan.
e) Abstenerse de declarar y si acepta hacerlo, de que su defensor esté presente en
el momento de rendir su declaración y en otras diligencias en las cuales se requiera
su presencia.
f) No ser sometido a técnicas ni métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o
atenten contra su dignidad.
g) No se utilicen, en su contra, medios que impidan su libre movimiento en el lugar
y durante la realización de un acto procesal, sin perjuicio de las medidas de
vigilancia que, en casos especiales, estime ordenar el tribunal o el Ministerio
Público.

ARTICULO 83.-
Identificación El imputado deberá suministrar los datos que permitan su identificación
personal y mostrar su documento de identidad. Si no los suministra o se estima necesario,
se solicitará constancia al Registro Civil, sin perjuicio de que una oficina técnica practique
su identificación física utilizando sus datos personales, impresiones digitales y señas
particulares. También podrá recurrirse a la identificación por testigos en la forma prescrita
para los reconocimientos, o a otros medios que se consideren útiles. La duda sobre los
datos obtenidos no alterará el curso del procedimiento y los errores referentes a ellos
podrán corregirse en cualquier oportunidad, aun durante la ejecución penal. Estas medidas

podrán aplicarse aun en contra de la voluntad del imputado.
ARTICULO 84.-
Domicilio En su primera intervención, el imputado deberá indicar su domicilio y señalar el
lugar o la forma para recibir notificaciones. Deberá mantener actualizada esta información.

ARTICULO 85.-
Incapacidad sobreviniente Si durante el proceso sobreviene trastorno mental del
imputado, que excluya su capacidad de querer o entender los actos del procedimiento, o
de obrar conforme a ese conocimiento y voluntad, el procedimiento se suspenderá hasta
que desaparezca esa incapacidad. Sin embargo, no impedirá la investigación del hecho ni
la continuación de las actuaciones con respecto a otros imputados. La incapacidad será
declarada por el tribunal, previo examen pericial.

ARTICULO 86.-
Internación para observación Si es necesario el internamiento del imputado para elaborar
el informe pericial sobre su capacidad, la medida podrá ser ordenada por el tribunal, a
solicitud de los peritos, sólo cuando exista la probabilidad de que el imputado haya
cometido el hecho y esta medida no sea desproporcionada respecto de la importancia de
la pena o medida de seguridad que podría imponerse. La internación no podrá prolongarse
por más de un mes y sólo se ordenará si no es posible realizarla con el empleo de otra
medida menos drástica.

ARTICULO 87.-
Examen mental obligatorio El imputado será sometido a un examen psiquiátrico o
psicológico cuando:
a) Se le atribuya la comisión de delitos de carácter sexual contra menores de edad
o agresiones domésticas.
b) Se trate de una persona mayor de setenta años de edad.
c) Prima facie, se pueda estimar que, en caso de condena, se le impondrá pena
superior a quince años de prisión.

d) El tribunal considere que es indispensable para establecer la capacidad de
culpabilidad en el hecho.
ARTICULO 88.-
El imputado como objeto de prueba Se podrá ordenar la investigación corporal del
imputado para constatar circunstancias importantes para descubrir la verdad. Con esta
finalidad y por orden del tribunal, serán admisibles intervenciones corporales, las cuales se
efectuarán según las reglas del saber médico, aun sin el consentimiento del imputado,
siempre que esas medidas no afecten su salud o su integridad física, ni se contrapongan
seriamente a sus creencias. Tomas de muestras de sangre y piel, corte de uñas o cabellos,
tomas de fotografías y huellas dactilares, grabación de la voz, constatación de tatuajes y
deformaciones, alteraciones o defectos, palpaciones corporales y, en general, las que no
provoquen ningún perjuicio para la salud o integridad física, según la experiencia común,
ni degraden a la persona, podrán ser ordenadas directamente por el Ministerio Público,
durante el procedimiento preparatorio, siempre que las realice un perito y no las considere
riesgosas. En caso contrario, se requerirá la autorización del tribunal, que resolverá previa
consulta a un perito si es necesario. Estas reglas también son aplicables a otras personas,
cuando sea absolutamente indispensable para descubrir la verdad.

ARTICULO 89.-
Rebeldía Será declarado en rebeldía el imputado que, sin grave impedimento, no
comparezca a una citación, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido, o se
ausente de su domicilio sin aviso.

ARTICULO 90.-
Efectos La declaración de rebeldía o de incapacidad suspenderá la audiencia preliminar y el
juicio, salvo que corresponda, en este último caso, el procedimiento para aplicar una
medida de seguridad. La incomparecencia del imputado a la audiencia preliminar no
producirá su rebeldía. El procedimiento sólo se paralizará con respecto al rebelde y
continuará para los imputados presentes. Al decretarse la rebeldía se dispondrá la captura
del imputado. Durante el procedimiento preparatorio se solicitará la orden al tribunal. Si el
imputado se presenta después de la declaratoria de rebeldía y justifica su ausencia en
virtud de un impedimento grave y legítimo, aquella será revocada y no producirá ninguno
de los efectos señalados en esta norma.

CAPITULO II. DECLARACION DEL IMPUTADO

ARTICULO 91.-
Oportunidades y autoridad competente Cuando exista motivo suficiente para
sospechar que una persona ha participado en la comisión de un hecho punible, el
funcionario del Ministerio Público encargado de la investigación procederá a recibirle la
declaración.
Si el imputado ha sido aprehendido, se le deberá recibir la declaración
inmediatamente o, a más tardar, en el plazo de veinticuatro horas contadas desde su
aprehensión. El plazo se prorrogará por otro tanto, cuando sea necesario para que
comparezca el defensor de su confianza.
El imputado tendrá derecho a declarar cuando lo estime indispensable, siempre que
su declaración sea pertinente y no constituya una medida dilatoria del procedimiento.

ARTICULO 92.-
Advertencias preliminares Al comenzar a recibirse la declaración, el funcionario que la
reciba comunicará, detalladamente, al imputado el hecho que se le atribuye, su calificación
jurídica y un resumen del contenido de la prueba existente. También, se pondrán a su
disposición las actuaciones reunidas hasta ese momento. Antes de comenzar la
declaración, se le advertirá que puede abstenerse de declarar sobre los hechos, sin que su
silencio le perjudique o en nada le afecte y que, si declara, su dicho podrá ser tomado en
consideración aun en su contra. Se le prevendrá que señale el lugar o la forma para recibir
notificaciones. Además, será instruido acerca de que puede solicitar la práctica de medios
de prueba, dictar su declaración y, en general, se le informará de sus derechos procesales.

ARTICULO 93.-
Nombramiento de defensor Antes de que el imputado declare sobre los hechos, se le
requerirá el nombramiento de un abogado, si no lo tiene, para que lo asista y se le
informará que puede exigir su presencia y consultar con él todo lo relacionado con su
defensa. En ese caso, si no está presente el defensor, se le dará aviso inmediato, por
cualquier medio, para que comparezca. De no ser hallado, se fijará una nueva audiencia
para el día siguiente, y se procederá a su citación formal. Si el defensor no comparece o el
imputado no lo designa, se le proveerá inmediatamente de un defensor público.

ARTICULO 94.-
Interrogatorio de identificación A continuación se le solicitará al imputado indicar su
nombre, apellidos, sobrenombre o apodo, edad, estado civil, profesión u oficio,
nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, lugar de trabajo y condiciones de
vida, números telefónicos de su casa, su lugar de trabajo o cualquier otro en donde pueda
ser localizado; además, exhibir su documento de identidad e indicar nombre, estado,
profesión u oficio y domicilio de sus padres.

ARTICULO 95.-
Declaración sobre el hecho Cuando el imputado manifieste que desea declarar, se le
invitará a expresar cuanto tenga por conveniente, en descargo o aclaración de los hechos,
y a indicar las pruebas que estime oportunas. Su declaración se hará constar fielmente y,
en lo posible, con sus propias palabras. La autoridad que recibe la declaración y las partes
podrán dirigirle preguntas, siempre que estas sean pertinentes. La declaración sobre el
hecho sólo podrá recibirse en presencia del defensor.

ARTICULO 96.-
Prohibiciones En ningún caso, se le requerirá al imputado juramento ni promesa de decir la
verdad, ni será sometido a ninguna clase de coacción o amenaza, ni se usará medio
alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad, ni se le
formularán cargos ni reconvenciones tendentes a obtener su confesión. Estarán prohibidas
las medidas que menoscaben la libertad de decisión del imputado, su memoria o la
capacidad de comprensión y dirección de sus actos, en especial, los malos tratos, las
amenazas, el agotamiento, la violencia corporal, la tortura, la administración de
sicofármacos y la hipnosis. La promesa de una ventaja sólo se admitirá cuando esté
específicamente prevista en la ley. Si por la duración del acto se notan signos de fatiga o
falta de serenidad, la declaración será suspendida, hasta que desaparezcan. Las preguntas
serán claras y precisas; no estarán permitidas las capciosas o sugestivas y las respuestas
no serán instadas perentoriamente.

ARTICULO 97.-
Tratamiento durante la declaración El imputado declarará siempre con libertad de
movimiento, sin el uso de instrumentos de seguridad, salvo cuando sea absolutamente
indispensable para evitar su fuga o daños a otras personas. Esta circunstancia se hará
constar en el acta. Asimismo, declarará únicamente con la presencia de las personas
autorizadas para asistir al acto o en público cuando la ley lo permita.

Artículo 98.- Facultades policiales
Durante las primeras seis horas, desde su aprehensión o detención, y en presencia de su
defensor de confianza y/o defensor público que se le asigne, los agentes del OIJ, en
cumplimiento de sus funciones, y respetando las garantías constitucionales y los derechos
procesales de los detenidos, podrán constatar su identidad e interrogarlo con fines
investigativos.
Si en un momento posterior, al indicado en el primer párrafo de este artículo, el detenido
manifiesta su deseo de declarar o ampliar sus manifestaciones, deberá comunicarse ese
hecho al Ministerio Público para que estas también se reciban con las formalidades
previstas en la ley.
(Así reformado por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás
intervinientes en el Proceso Penal N° 8720 de 4 de marzo de 2009)

ARTICULO 99.-
Valoración La inobservancia de los preceptos relativos a la declaración del imputado
impedirá que esta se utilice en su contra, aun cuando él haya dado su consentimiento para
infringir alguna regla o utilizar su declaración. Las inobservancias meramente formales
serán corregidas durante el acto o después de él. Al valorar el acto, el juez apreciará la
calidad de esas inobservancias, para determinar si procede conforme al párrafo anterior.

TITULO V. DEFENSORES Y MANDATARIOS

ARTICULO 100.-
Derecho de elección. El imputado tendrá el derecho de elegir como defensor un
abogado de su confianza.
La intervención del defensor no menoscabará el derecho del imputado a formular
solicitudes y observaciones.
Cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica, podrá defenderse por sí
mismo.

ARTICULO 101.-
Intervención Los defensores designados serán admitidos en el procedimiento de inmediato
y sin ningún trámite, tanto por la policía como por el Ministerio Público y el tribunal, según
sea el caso. El ejercicio como defensor será obligatorio para el abogado que acepta
intervenir en el procedimiento, salvo excusa fundada.

ARTICULO 102.-
Nombramiento posterior Durante el transcurso del procedimiento, el imputado podrá

designar un nuevo defensor; pero el anterior no podrá separarse de la defensa, sino hasta
que el nombrado intervenga en el procedimiento.
ARTICULO 103.-
Defensor mandatario En el procedimiento por delito de acción privada o por delitos que no
prevén pena privativa de libertad, el imputado podrá ser representado por un defensor con
poder especial para el caso, quien podrá reemplazarlo en todos los actos, excepto en la
declaración. No obstante, el tribunal podrá exigir la presencia del imputado cuando lo
considere indispensable.

ARTICULO 104.-
Renuncia y abandono El defensor podrá renunciar al ejercicio de la defensa. En este caso,
el tribunal o el Ministerio Público le fijará un plazo para que el imputado nombre otro. Si
no lo nombra, será reemplazado por un defensor público. El renunciante no podrá
abandonar la defensa mientras su reemplazante no intervenga. No se podrá renunciar
durante las audiencias ni una vez notificado del señalamiento de ellas. Si el defensor, sin
causa justificada, abandona la defensa o deja al imputado sin asistencia técnica, se
nombrará uno público y aquel no podrá ser nombrado nuevamente. La decisión se
comunicará al imputado, y se le instruirá sobre su derecho de elegir otro defensor. Cuando
el abandono ocurra antes de iniciarse el juicio, podrá aplazarse su comienzo, por un plazo
no mayor de cinco días, si el nuevo defensor lo solicita.

ARTICULO 105.-
Sanciones El abandono de la defensa constituirá una falta grave. El tribunal pondrá el
hecho en conocimiento del Colegio de Abogados, para que este, conforme al
procedimiento establecido, fije la sanción correspondiente. Esa falta será sancionada con
la suspensión para ejercer la profesión durante un lapso de un mes a un año y con el pago
de una suma de dinero equivalente al costo de las audiencias que debieron repetirse a
causa del abandono. Para esto, se tomarán en cuenta los salarios de los funcionarios
públicos intervinientes y los de los particulares. Esa sanción pecuniaria deberá utilizarse en
programas de capacitación por parte del Colegio de Abogados.

ARTICULO 106.-
Número de defensores El imputado no podrá ser defendido, simultáneamente, por más de

dos abogados. Cuando intervengan dos defensores, la notificación practicada a uno de
ellos tendrá validez respecto de todos y la sustitución de uno por otro no alterará trámites
ni plazos.
ARTICULO 107.-
Defensor común La defensa común de varios imputados será admisible, siempre que no
exista incompatibilidad. No obstante, si esta se advierte, será corregida de oficio y se
proveerá lo necesario para reemplazar al defensor.

ARTICULO 108.-
Garantías para el ejercicio de la defensa No será admisible el decomiso de cosas
relacionadas con la defensa; tampoco, la interceptación de las comunicaciones del
imputado con sus defensores, consultores técnicos y sus auxiliares, ni las efectuadas entre
estos y las personas que les brindan asistencia.

ARTICULO 109.-
Entrevista con los detenidos El imputado que se encuentre detenido, incluso ante la
policía, tendrá derecho a entrevistarse privadamente con el defensor desde el inicio de su
captura.

ARTICULO 110.-
Identificación Todos los abogados que intervengan como autenticantes, asesores o
representantes de las partes en el proceso, deberán consignar, en los escritos en que
figuren, su número de inscripción ante el Colegio de Abogados. Las gestiones no se
atenderán mientras no se cumpla con ese requisito.

TITULO VI. PARTES CIVILES
CAPITULO I. ACTOR CIVIL

ARTICULO 111.-
Constitución de parte Para ejercer la acción resarcitoria, su titular deberá
constituirse en actor civil.
Quienes no tengan capacidad para actuar en juicio deberán ser representados o
asistidos del modo prescrito por la ley civil.
El actor civil deberá actuar con el patrocinio de un abogado y podrá hacerse
representar por un mandatario con poder especial.

ARTICULO 112.-
Requisitos del escrito inicial El escrito en que se apersone el actor civil contendrá:
a) El nombre y domicilio del accionante y, en su caso, de su representante. Si se
trata de entes colectivos, la razón, el domicilio social y el nombre de quienes lo
dirigen.
b) El nombre y el domicilio del demandado civil, si existe, y su vínculo jurídico con
el hecho atribuido al imputado.
c) La indicación del proceso a que se refiere.
d) Los motivos en que la acción se basa, con indicación del carácter que se invoca y
el daño cuya reparación se pretenda, aunque no se precise el monto.

ARTICULO 113.-
Imputado civilmente responsable El ejercicio de la acción civil procederá aun cuando no
esté individualizado el imputado. Si en el proceso existen varios imputados y civilmente
responsables, la pretensión resarcitoria podrá dirigirse contra uno o varios de ellos.
Cuando el actor no mencione a ningún imputado en particular, se entenderá que se dirige
contra todos.

ARTICULO 114.-
Oportunidad La solicitud deberá plantearse ante el Ministerio Público durante el
procedimiento preparatorio, antes de que se formule el requerimiento fiscal o la querella, o
conjuntamente con esta.

ARTICULO 115.-
Traslado de la acción civil El Ministerio Público comunicará el contenido de la acción al
imputado, al demandado civil, a los defensores y, en su caso, al querellante, en el lugar
que hayan señalado y, si no lo han hecho, personalmente o en su casa de habitación.
Cuando no se haya individualizado al imputado, la comunicación se hará en cuanto este
haya sido identificado. Cualquier interviniente podrá oponerse a la participación del actor
civil, planteando las excepciones que correspondan. En tal caso, la oposición se pondrá en
conocimiento del actor y su resolución se reservará para la audiencia preliminar. La
aceptación del actor civil no podrá ser discutida nuevamente por los mismos motivos. La

inadmisiblidad de la instancia no impedirá el ejercicio de la acción ante la jurisdicción civil.
ARTICULO 116.-
Facultades El actor civil actuará en el procedimiento sólo en razón de su interés civil.
Limitará su intervención a acreditar la existencia del hecho y a determinar a sus autores y
partícipes, la imputación de ese hecho a quien considere responsable, el vínculo con el
tercero civilmente responsable, la existencia, extensión y cuantificación de los daños y
perjuicios cuya reparación pretenda. El actor civil podrá recurrir contra las resoluciones
únicamente en lo concerniente a la acción por él interpuesta. La intervención por sí
misma, como actor civil, no exime del deber de declarar como testigo.

ARTICULO 117.-
Desistimiento El actor civil podrá desistir expresamente de su demanda, en
cualquier estado del procedimiento.
La acción se considerará tácitamente desistida, cuando el actor civil no concrete sus
pretensiones oportunamente o cuando sin justa causa no concurra:
a) A prestar declaración testimonial o a la realización de cualquier medio de prueba
para cuya práctica se requiera su presencia, luego de ser citado.
b) A la audiencia preliminar.
c) A la primera audiencia del debate, se aleje de la audiencia o no presente
conclusiones.
En los casos de incomparecencia, la justa causa deberá acreditarse, de ser posible,
antes del inicio de la audiencia; en caso contrario, dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes a la fecha fijada para aquella.

ARTICULO 118.-
Efectos del desistimiento El desistimiento tácito no perjudicará el ejercicio posterior de la
acción reparatoria ante los tribunales competentes, según el procedimiento civil. Declarado
el desistimiento, se condenará al actor civil al pago de las costas que haya provocado su
acción.

CAPITULO II. EL DEMANDADO CIVIL

ARTICULO 119.-
Demandado civil Quien ejerza la acción resarcitoria podrá demandar a la persona
que, según las leyes, responda por el daño que el imputado hubiera causado con el hecho
punible.

ARTICULO 120.-
Efectos de la incomparecencia La falta de comparecencia del demandado civil o su
inasistencia a los actos, no suspenderá el trámite, que continuará como si él estuviera
presente. No obstante, podrá apersonarse en cualquier momento. Si ha sido notificado por
edictos, se le nombrará como representante a un defensor público, mientras dure su
ausencia.

ARTICULO 121.-
Intervención espontánea El tercero que pueda ser civilmente demandado podrá solicitar su
participación en el procedimiento, cuando se ejerza la acción civil resarcitoria. Su solicitud
deberá cumplir, en lo aplicable, con los requisitos exigidos para el escrito en el que se
apersona el actor civil y será admisible antes de que el Ministerio Público requiera la
apertura del juicio o el sobreseimiento. La intervención será comunicada a las partes y a
sus defensores.

ARTICULO 122.-
Oposición Podrá oponerse a la intervención forzosa o espontánea del demandado civil,
según el caso, el propio demandado, quien ejerza la acción civil, si no ha pedido la
citación, o el imputado. Cuando la exclusión del demandado civil haya sido pedida por el
actor civil, este último no podrá intentar posteriormente la acción contra aquel. Serán
aplicables las reglas sobre oposición a la participación del actor civil.

ARTICULO 123.-
Exclusión La exclusión del actor civil o el desistimiento de su acción, cesará la intervención
del tercero civilmente demandado.

ARTICULO 124.-
Facultades Desde su intervención en el procedimiento, el tercero civilmente demandado
gozará de todas las facultades concedidas al imputado para su defensa, en lo concerniente
a sus intereses civiles. La intervención como tercero no eximirá del deber de declarar
como testigo. El demandado civil deberá actuar con el patrocinio de un abogado y podrá
recurrir contra la sentencia que declare su responsabilidad.

TITULO VII. AUXILIARES DE LAS PARTES

ARTICULO 125.-
Asistentes Las partes podrán designar asistentes para que colaboren en su tarea.
En tal caso, asumirán la responsabilidad por su elección y vigilancia.
Los asistentes sólo cumplirán con tareas accesorias, pero no podrán sustituir a
quienes ellos auxilian. Se les permitirá concurrir a las audiencias, sin intervenir
directamente en ellas.
Esta norma regirá también para la participación de los estudiantes que realizan su
práctica jurídica.

ARTICULO 126.-
Consultores técnicos Si, por las particularidades del caso, el Ministerio Público o alguno de
los intervinientes consideran necesaria la asistencia de un consultor en una ciencia, arte o
técnica, lo propondrán al Ministerio Público o al tribunal, el cual decidirá sobre su
designación, según las reglas aplicables a los peritos, sin que por ello asuman tal carácter.

El consultor técnico podrá presenciar las operaciones periciales, acotar observaciones
durante su transcurso, sin emitir dictamen, y se dejará constancia de sus observaciones.
Podrán acompañar, en las audiencias, a la parte con quien colaboran, auxiliarla en los
actos propios de su función o interrogar, directamente, a peritos, traductores o intérpretes,
siempre bajo la dirección de la parte a la que asisten.

TITULO VIII. DEBERES DE LAS PARTES

ARTICULO 127.-
Deber de lealtad Las partes deberán litigar con lealtad, evitando los planteamientos
dilatorios, meramente formales y cualquier abuso de las facultades que este Código les
concede.

ARTICULO 128.-
Vigilancia Los tribunales velarán por la regularidad del litigio, el ejercicio correcto de las
facultades procesales y la buena fe. Bajo ningún pretexto podrán restringir el derecho de
defensa ni limitar las facultades de las partes.

ARTICULO 129.-
Régimen disciplinario Salvo lo dispuesto en este Código para el abandono de la
defensa, cuando se compruebe que las partes o sus asesores han actuado con evidente
mala fe, han realizado gestiones o han asumido actitudes dilatorias o litigado con
temeridad, el tribunal podrá sancionar la falta con apercibimiento o hasta con cincuenta
días multa.
Cuando el tribunal estime que existe la posibilidad de imponer esta sanción, dará
traslado al presunto infractor, a efecto de que se manifieste sobre la falta y ofrezca la
prueba de descargo, que se recibirá de inmediato. Cuando el hecho ocurra en una
audiencia oral, el procedimiento se realizará en ella.
Quien resulte sancionado será requerido para que cancele la multa en el plazo de
tres días.
En caso de incumplimiento de pago por parte de algún abogado, el tribunal lo
suspenderá en el ejercicio profesional hasta tanto cancele el importe respectivo y lo
separará de la causa mientras dure la suspensión.
Se expedirá comunicación a la Corte Suprema de Justicia y al Colegio de Abogados.
Contra la resolución que le impone la medida disciplinaria, el abogado sancionado podrá
interponer recurso de revocatoria y, en las estapas [Sic] preparatoria e intermedia,
también de apelación.

LIBRO II. ACTOS PROCESALES
TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I. FORMALIDADES

ARTICULO 130.-
Idioma Los actos procesales deberán realizarse en español.
Cuando una persona no comprenda o no se exprese con facilidad en español, se le
brindará la ayuda necesaria para que el acto se pueda desarrollar en este idioma.
Deberá proveérseles traductor o intérprete, según corresponda, a las personas que
ignoren el español, a quienes se les permita hacer uso de su propio idioma, así como a los
sordomudos y a quienes tengan algún impedimento para darse a entender.
Los documentos y las grabaciones en un idioma distinto del español deberán ser
traducidos cuando sea necesario.

ARTICULO 131.-
Declaraciones e interrogatorios con intérpretes Las personas serán también interrogadas
en español o por intermedio de un traductor o intérprete, cuando corresponda. El tribunal
podrá permitir, expresamente, el interrogatorio directo en otro idioma o forma de
comunicación; pero, en tal caso, la traducción o la interpretación precederán a las
respuestas.

ARTICULO 132.-
Lugar El tribunal podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional, cuando
estime indispensable conocer directamente elementos probatorios decisivos en una causa
bajo su conocimiento y competencia. El debate se llevará a cabo y la sentencia se dictará
en la circunscripción territorial en la que es competente el tribunal, excepto si ello puede
provocar una grave alteración del orden público, no garantiza la defensa de alguno de los
intereses comprometidos en el juicio, u obstaculiza seriamente su realización.

ARTICULO 133.-
Tiempo Salvo disposición legal en contrario, los actos procesales podrán ser realizados
cualquier día y a cualquier hora. Se consignarán el lugar y la fecha en que se cumplan. La
omisión de estos datos no tornará ineficaz el acto, salvo que no pueda determinarse, de
acuerdo con los datos del acta u otros conexos, la fecha en que se realizó.

ARTICULO 134.-
Juramento Cuando se requiera la prestación del juramento, se recibirá por las creencias de
quien jura, después de instruirlo sobre las penas con que la ley reprime el falso
testimonio. El declarante prometerá decir la verdad en todo cuanto sepa y se le pregunte.
Si el deponente se niega a prestar juramento en virtud de creencias religiosas o
ideológicas, se le exigirá promesa de decir la verdad, con las mismas advertencias del
párrafo anterior.

ARTICULO 135.-
Interrogatorio Las personas que sean interrogadas deberán responder de viva voz y sin
consultar notas ni documentos, con excepción de los peritos y de quienes sean autorizados
para ello, en razón de sus condiciones o de la naturaleza de los hechos. En primer término,
el declarante será invitado a manifestar cuanto conozca sobre el asunto de que se trate y
después, si es necesario, se le interrogará. Las preguntas que se le formulen no serán
impertinentes, capciosas ni sugestivas.

CAPITULO II. ACTAS

ARTICULO 136.-
Regla general Cuando uno o varios actos deban hacerse constar en un acta, el
funcionario que los practique la levantará haciendo constar el lugar y la fecha de su
realización. La hora constará cuando la ley o las circunstancias lo requieran.
El acta será firmada por quien practica el acto y, si se estima necesario, por los que
intervinieron en él, previa lectura. Si alguien no sabe firmar, podrá hacerlo, en su lugar,
otra persona, a su ruego o bien un testigo de actuación.

ARTICULO 137.-
Invalidez del acta Si por algún defecto, el acta se torna ineficaz, el acto que se pretendía
probar con ella podrá acreditarse por otros elementos válidos del mismo acto o de otros
conexos.

ARTICULO 138.-
Reemplazo del acta El acta podrá ser reemplazada, total o parcialmente, por otra forma de
registro, salvo disposición expresa en contrario. En ese caso, quien preside el acto
determinará el resguardo conveniente para garantizar la inalterabilidad y la
individualización futura.

CAPITULO III. ACTOS Y RESOLUCIONES JUDICIALES

ARTICULO 139.-
Poder coercitivo El tribunal y el Ministerio Público podrán requerir la intervención de
la fuerza pública y disponer las medidas necesarias para el cumplimiento seguro y regular
de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones.

ARTICULO 140.-
Facultad especial En cualquier estado de la causa y a solicitud del ofendido, el tribunal
puede ordenar, como medida provisional, el restablecimiento de las cosas al estado que
tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo.

ARTICULO 141.-
Resoluciones Los tribunales dictarán sus resoluciones en forma de providencias, autos y
sentencias. Dictarán sentencia para poner término al procedimiento; providencias, cuando
ordenen actos de mero trámite y autos, en todos los demás casos. Las resoluciones
judiciales deberán señalar el lugar y la fecha en que se dictaron.

ARTICULO 142.-
Fundamentación Las sentencias y los autos contendrán una fundamentación clara y
precisa. En ella se expresarán los razonamientos de hecho y de derecho en que se basan
las decisiones, así como la indicación del valor otorgado a los medios de prueba. La simple
relación de las pruebas o la mención de los requerimientos de las partes no reemplazará,
en ningún caso, la fundamentación. Será insuficiente cuando se utilicen formularios,
afirmaciones dogmáticas, frases rutinarias, la simple descripción de los hechos o la sola
mención de los elementos de prueba. No existe fundamentación cuando se hayan
inobservado las reglas de la sana crítica, con respecto a medios o elementos probatorios
de valor decisivo. Los autos y las sentencias sin fundamentación serán ineficaces.

ARTICULO 143.-
Presupuesto de la valoración En la resolución, el tribunal deberá consignar, una breve y
sucinta descripción del contenido de la prueba oral, antes de proceder a su valoración.

ARTICULO 144.-
Firma Sin perjuicio de disposiciones especiales, las resoluciones serán firmadas por los
jueces. La falta de alguna firma provocará la ineficacia del acto, salvo que el juez no haya
podido firmar por un impedimento invencible surgido después de haber participado en la
deliberación y votación. No invalidará la resolución el hecho de que el juez no la haya
firmado oportunamente, siempre que la falta sea suplida y no exista ninguna duda sobre
su participación en el acto que debió suscribir, sin perjuicio de la responsabilidad
disciplinaria.

ARTICULO 145.-
Plazos Los tribunales dictarán, de oficio e inmediatamente, las disposiciones de mero
trámite. Los autos y las sentencias que sucedan a una audiencia oral serán deliberados,
votados y redactados inmediatamente después de cerrada esa audiencia. En las
actuaciones escritas, las resoluciones se dictarán dentro de los tres días siguientes. Se
aplicarán estas disposiciones salvo que la ley establezca otro plazo.

ARTICULO 146.-
Errores materiales Los tribunales podrán corregir, en cualquier momento, los errores
puramente materiales contenidos en sus actuaciones o resoluciones.

ARTICULO 147.-Aclaración y adición
En cualquier momento, el tribunal podrá aclarar los términos oscuros, ambiguos o
contradictorios en que estén redactadas las resoluciones o adicionar su contenido, si se ha
omitido resolver algún punto controversial, siempre que tales actos no importen una
modificación de lo resuelto.
Las partes y el Ministerio Público podrán solicitar la aclaración o adición de los
pronunciamientos que se dicten oralmente, solicitud que deberán presentar en forma oral
inmediatamente después de que finalice el dictado de la resolución.
En las resoluciones emitidas por escrito, las partes y el Ministerio Público podrán
solicitar la aclaración o adición de los pronunciamientos, dentro de los tres días posteriores
a su notificación. La solicitud interrumpirá el término para interponer los recursos que
procedan.
(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 9021 del 3 de enero de 2012)

ARTICULO 148.-

Resolución firme En cuanto no sean oportunamente recurridas, las resoluciones judiciales
quedarán firmes y serán ejecutables, sin necesidad de declaración alguna. Contra la
sentencia firme sólo procede la revisión, de conformidad con lo dispuesto en este Código.
ARTICULO 149.-
Copia auténtica Cuando, por cualquier causa se destruya, se pierda o sea sustraído el
original de las sentencias o de otros actos procesales necesarios, la copia auténtica tendrá
el valor de aquel. Para tal fin, el tribunal ordenará, a quien tenga la copia, entregarla a la
Secretaría, sin perjuicio del derecho de obtener otra gratuitamente. La reposición también
podrá efectuarse utilizando los archivos informáticos del tribunal.

ARTICULO 150.-
Restitución y renovación Si no existe copia de los documentos, el tribunal ordenará que se
repongan, para lo cual recibirá las pruebas que evidencien su preexistencia y su contenido.
Cuando esto sea imposible, dispondrá la renovación, prescribiendo el modo de realizarla.

ARTICULO 151.-
Copias, informes o certificaciones Si el estado del proceso no lo impide, ni obstaculiza la
normal sustanciación, el tribunal podrá ordenar la expedición de copias, informes o
certificaciones que hayan sido pedidos por una autoridad pública o por particulares que
acrediten legítimo interés en obtenerlos.

Artículo 152.-
Nuevo delito. Si durante el procedimiento, el tribunal conoce de otro delito
perseguible, de oficio, remitirá los antecedentes al Ministerio Público.

(Así reformado por el artículo 15 de la Ley de Reorganización Judicial No.7728 de 15 de
diciembre de 1997)

Artículo 152.- Cuando se reciba una denuncia por delitos sexuales o lesiones, aun
en grado de tentativa y concurran, en la víctima y el imputado, las circunstancias del
inciso 1) del artículo 112 del Código Penal, y se constate que el imputado no está detenido
y convive con el ofendido, la autoridad correspondiente ordenará al imputado abandonar
de inmediato el domicilio.
forma simultánea, le ordenará depositar una cantidad de dinero que fijará
prudencialmente y que el imputado deberá pagar en un plazo de ocho días, a fin de
sufragar los gastos de habitación y alimentos de los integrantes del grupo familiar
económicamente dependientes de él. Esta obligación se regirá por las normas propias de
las pensiones alimentarias; por ello, se ordenará el apremio corporal del obligado, en caso
de incumplimiento.
De oficio, la autoridad penal ordenará el testimonio de piezas y lo remitirá al
tribunal correspondiente, para que tramite lo relacionado con la pensión alimentaria
impuesta al agresor.

(Este segundo artículo 152 fue adicionado por el artículo 67 de la Ley N° 7654 de 19 de
diciembre de 1996, Ley de Pensiones Alimentarias. No obstante; la norma que realizó la
afectación no específica que sea un numeral 152 bis)

CAPITULO IV. COMUNICACION ENTRE AUTORIDADES

ARTICULO 153.-
Reglas generales Cuando un acto procesal deba ejecutarse por intermedio de otra
autoridad, el tribunal o el Ministerio Público podrán encomendarle su cumplimiento.
Esas comunicaciones podrán realizarse con aplicación de cualquier medio que
garantice su autenticidad.
La autoridad requerida, colaborará con los jueces, el Ministerio Público y la policía,
y tramitará, sin demora, los requerimientos que reciban de ellos. La desobediencia a estas
instrucciones será sancionada disciplinariamente, sin perjuicio de la responsabilidad penal
que corresponda.

ARTICULO 154.-
Exhortos a autoridades extranjeras Los requerimientos dirigidos a jueces o autoridades
extranjeras se efectuarán por exhortos y se tramitarán en la forma establecida por la

Constitución, el Derecho Internacional y el Comunitario vigentes en el país. Por medio de
la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, se canalizarán las comunicaciones al
Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual las tramitará por la vía diplomática. No
obstante, en casos de urgencia podrán dirigirse comunicaciones a cualquier autoridad
judicial o administrativa extranjera, anticipando el exhorto o la contestación a un
requerimiento, sin perjuicio de que, con posterioridad, se formalice la gestión, según lo
previsto en el párrafo anterior.

CAPITULO V. NOTIFICACIONES Y CITACIONES

ARTICULO 155.-
Regla general Las resoluciones deberán notificarse a quien corresponda, dentro de
las veinticuatro horas después de ser dictadas, salvo que el tribunal disponga un plazo
menor. No obligarán sino a las personas debidamente notificadas.

ARTICULO 156.-
Notificador Las notificaciones serán practicadas por el secretario, el notificador o quien
designe especialmente el tribunal. Cuando deba practicarse una notificación fuera del
asiento del tribunal, se solicitará el auxilio de la autoridad respectiva, sin perjuicio de que
el notificador del despacho se desplace si así lo dispone el tribunal. Cuando convenga,
oficinas especializadas podrán encargarse de la notificación de resoluciones de varios
despachos judiciales.

ARTICULO 157.-
Lugar para notificaciones Al comparecer en el proceso, las partes deberán señalar, dentro
del perímetro judicial, un lugar para ser notificadas. Cualquiera de los intervinientes podrá
ser notificado en la secretaría del tribunal. Los defensores, fiscales y funcionarios públicos
que intervienen en el procedimiento serán notificados en sus respectivas oficinas, siempre
que estas se encuentren dentro del perímetro judicial.

ARTICULO 158.-

Notificaciones a defensores o mandatarios Si las partes tienen defensor o mandatario, las
notificaciones deberán ser dirigidas solamente a estos, excepto si la ley o la naturaleza del
acto exigen que aquellas también sean notificadas.
ARTICULO 159.-
Formas de notificación Cuando la notificación deba practicarse por medio de lectura, se
leerá el contenido de la resolución y si el interesado solicita copia se le entregará. En los
demás casos, se practicará la notificación entregándole una copia de la resolución al
interesado, con indicación del nombre del tribunal y el proceso a que se refiere. El
funcionario dejará constancia del acto, señalará el lugar, el día y la hora de la diligencia y
firmará juntamente con quien reciba la copia o indicará que se negó a hacerlo o que no
pudo firmar. Cuando la diligencia no se practique por lectura y el notificado se niegue a
recibir la copia, esta será fijada en la puerta del lugar donde se practique el acto, en
presencia de un testigo que firmará la constancia correspondiente.

ARTICULO 160.-
Forma especial de notificación Cuando el interesado lo acepte expresamente, podrá
notificársele por medio de carta certificada, facsímil o cualquier otro medio electrónico. En
este caso, el plazo correrá a partir del envío de la comunicación, según lo acredite el
correo o la oficina de transmisión. También podrá notificarse mediante otros sistemas
autorizados por la Corte Suprema de Justicia, siempre que no causen indefensión.

ARTICULO 161.-
Notificación a persona ausente Cuando la persona por notificar no sea encontrada en el
lugar, la copia será entregada a alguna persona mayor de edad que se encuentre allí o
bien a uno de sus vecinos más cercanos, quienes tendrán la obligación de identificarse y
entregar la copia al interesado.

ARTICULO 162.-
Notificación por edictos Cuando se ignore el lugar donde se encuentra la persona que deba
ser notificada, la resolución se le hará saber por edicto que se publicará en el Boletín
Judicial, sin perjuicio de las medidas convenientes para localizarlo. El Consejo Superior del
Poder Judicial podrá ordenar que se publiquen, en medios de comunicación colectiva, listas

de personas requeridas por los tribunales penales.
ARTICULO 163.-
Notificación en caso de urgencia En caso de urgencia, podrá notificarse por teléfono o por
cualquier otro medio de comunicación similar. Se dejará constancia sucinta de la
conversación y de la persona que dijo recibir el mensaje.

ARTICULO 164.-
Vicio de la notificación Siempre que cause indefensión, la notificación no surtirá
efecto cuando:
a) Haya existido error sobre la identidad de la persona notificada.
b) La resolución haya sido notificada en forma incompleta.
c) En la diligencia no conste la fecha o, cuando corresponda, la fecha de entrega de
la copia.
d) Falte alguna de las firmas requeridas.
e) Exista disconformidad entre el original y la copia recibida por el interesado.

ARTICULO 165.-
Citación Cuando, para algún acto procesal, sea necesaria la presencia de una persona, la
autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación, mediante carta certificada,
telegrama con aviso de entrega, teléfono o cualquier medio de comunicación que garantice
la autenticidad del mensaje. En tal caso, deberá hacerse saber el objeto de la citación y el
procedimiento en que esta se dispuso; además, se deberá advertir que si la orden no se
obedece, sin perjuicio de la responsabilidad penal correspondiente, la persona podrá ser
conducida por la fuerza pública y pagar las costas que ocasione, salvo justa causa.

ARTICULO 166.-

Comunicación de actuaciones del Ministerio Público Cuando, en el curso de una
investigación, un fiscal deba comunicarle alguna actuación a una persona, podrá realizarla
por cualquier medio que garantice la recepción del mensaje. Serán aplicables, en lo que
corresponda, las disposiciones de este Capítulo.
CAPITULO VI
PLAZOS
ARTICULO 167.-
Regla general Los plazos individuales correrán desde que comienza el día siguiente
a aquel en que se efectuó la notificación al interesado; los plazos comunes, desde el día
siguiente a la última notificación que se practique.
En los plazos por día no deberán contarse los días inhábiles. Los plazos restantes
que venzan en día inhábil, se tendrán por prorrogados hasta el día hábil siguiente.

ARTICULO 168.-
Cómputo de plazos fijados en protección de la libertad del imputado No obstante lo
dispuesto en el artículo anterior, en los plazos establecidos en protección de la libertad del
imputado, contarán los días naturales y no podrán ser prorrogados.

ARTICULO 169.-
Renuncia o abreviación Las partes en cuyo favor se haya establecido un plazo, podrán
renunciar a él o consentir en su abreviación mediante manifestación expresa.

ARTICULO 170.-
Reposición del plazo Quien no haya podido observar un plazo por causa no atribuible a él o
por un acontecimiento insuperable, podrá solicitar su reposición, con el fin de realizar el
acto omitido o ejercer la facultad concedida por la ley.

CAPITULO VII. CONTROL DE LA DURACION DEL PROCESO

ARTICULO 171.-
Duración del procedimiento preparatorio El Ministerio Público deberá concluir la
investigación preparatoria en un plazo razonable.
Cuando el imputado estime que el plazo se ha prolongado indebidamente, le
solicitará al tribunal del procedimiento preparatorio que le fije término para que finalice la
investigación.
El tribunal le solicitará un informe al fiscal y, si estima que ha habido una
prolongación indebida según la complejidad y dificultad de la investigación, le fijará un
plazo para que concluya, el cual no podrá exceder de seis meses.

ARTICULO 172.-
Extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo Cuando el Ministerio Público no
haya concluido la investigación preparatoria en la fecha fijada por el tribunal, este último
pondrá el hecho en conocimiento del Fiscal General, para que formule la respectiva
requisitoria en el plazo de diez días. Transcurrido este plazo sin que se presente esa
requisitoria, el tribunal declarará extinguida la acción penal, salvo que el procedimiento
pueda continuar por haberse formulado querella, sin perjuicio de la responsabilidad
personal de los representantes del Ministerio Público.

ARTICULO 173.-
Audiencias orales Los tribunales celebrarán las audiencias orales sin dilación y fijarán el
tiempo absolutamente indispensable para realizarlas.

ARTICULO 174.-

Queja por retardo de justicia Si los representantes del Ministerio Público o los jueces no
cumplen con los plazos establecidos para realizar sus actuaciones y, en su caso, dictar
resoluciones, el interesado podrá urgir pronto despacho ante el funcionario omiso y si no
lo obtiene dentro del término de cinco días naturales, podrá interponer queja por retardo
de justicia ante el Fiscal General, la Corte Suprema de Justicia o la Inspección Judicial,
según corresponda. Cuando sea demorado o rechazado el diligenciamiento de una
comisión dirigida a otro tribunal, a un representante del Ministerio Público o a una
autoridad administrativa, el funcionario requirente podrá dirigirse al Presidente de la Corte
Suprema de Justicia o al Fiscal General de la República, según corresponda, quienes, si
procede, gestionarán u ordenarán la tramitación. Los funcionarios judiciales podrán ser
sancionados disciplinariamente con suspensión o el despido, según la magnitud de la falta,
cuando la justicia se haya retardado por causa atribuible a ellos.

TITULO II. ACTIVIDAD PROCESAL DEFECTUOSA

ARTICULO 175.-
Principio general No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni
utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas
y condiciones previstas en la Constitución, en el Derecho Internacional o Comunitario
vigentes en Costa Rica y en este Código salvo que el defecto haya sido saneado, de
acuerdo con las normas que regulan la corrección de las actuaciones judiciales.

ARTICULO 176.-
Protesta Excepto en los casos de defectos absolutos, el interesado deberá protestar por el
vicio, cuando lo conozca. La protesta deberá describir el defecto y proponer la solución
correspondiente.

ARTICULO 177.-
Convalidación Salvo los casos de defectos absolutos, los vicios quedarán
convalidados en los siguientes casos:
a) Cuando las partes o el Ministerio Público no hayan solicitado oportunamente su
saneamiento.

b) Cuando quienes tengan derecho a impugnarlo hayan aceptado, expresa o
tácitamente, los efectos del acto.
c) Si, no obstante su irregularidad, el acto ha conseguido su fin respecto de los
interesados o si el defecto no ha afectado los derechos y las facultades de los
intervinientes.
El saneamiento no procederá cuando el acto irregular no modifique, de ninguna
manera, el desarrollo del proceso ni perjudique la intervención de los interesados.

ARTICULO 178.-
Defectos absolutos No será necesaria la protesta previa y podrán ser advertidos
aun de oficio, los defectos concernientes:
a) A la intervención, asistencia y representación del imputado en los casos y formas
que la ley establece o los que impliquen inobservancia de derechos y garantías
previstos por la Constitución Política, el Derecho Internacional o Comunitario
vigentes en el país y la ley.
b) Al nombramiento, capacidad y constitución de jueces o tribunales.
c) A la iniciativa del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal y su
participación en el procedimiento.

ARTICULO 179.-
Saneamiento Los defectos deberán ser saneados, siempre que sea posible, renovando el
acto, rectificando el error o cumpliendo con el acto omitido, de oficio o a instancia del
interesado. Bajo pretexto de renovación del acto, rectificación del error o cumplimiento del
acto omitido, no puede retrotraerse el proceso a períodos ya precluidos, salvo los casos
expresamente previstos por este Código.

LIBRO III. MEDIOS DE PRUEBA
TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 180.-
Objetividad El Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar por sí
la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos, cumpliendo
estrictamente con los fines de la persecución penal y los objetivos de la investigación.

ARTICULO 181.-Legalidad de la prueba Los elementos de prueba sólo tendrán valor
si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al procedimiento conforme a las
disposiciones de este Código.
() (A menos que favorezca al imputado), no podrá utilizarse información obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño, indebida intromisión en la intimidad del domicilio, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados, ni información obtenida por otro medio que menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales de las personas. () (Nota de Sinalevi: Mediante resolución de la Sala Constitucional N° 001805 del 29 de
enero del 2020 se anuló la frase entre paréntesis que indica: “A menos que favorezca al
imputado)

ARTICULO 182.-
Libertad probatoria Podrán probarse los hechos y las circunstancias de interés para la
solución correcta del caso, por cualquier medio de prueba permitido, salvo prohibición
expresa de la ley.

ARTICULO 183.-
Admisibilidad de la prueba Para ser admisible, la prueba deberá referirse, directa o
indirectamente, al objeto de la averiguación y deberá ser útil para descubrir la verdad. Los
tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una
circunstancia, cuando resulten manifiestamente superabundantes. El tribunal puede
prescindir de la prueba cuando esta sea ofrecida para acreditar un hecho notorio.

ARTICULO 184.-
Valoración El tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de
prueba, con aplicación estricta de las reglas de la sana crítica. Debe justificar y
fundamentar, adecuadamente, las razones por las cuales les otorga determinado valor, con
base en la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial.

TITULO II. COMPROBACION INMEDIATA Y MEDIOS AUXILIARES

ARTICULO 185.-
Inspección y registro del lugar del hecho Cuando sea necesario inspeccionar lugares
o cosas por existir motivos suficientes para sospechar que se encontrarán rastros del
delito o por presumirse que, en determinado lugar, se oculta el imputado o alguna persona
evadida, se procederá a su registro.
Mediante la inspección se comprobará el estado de las personas, los lugares, las
cosas, los rastros y otros efectos materiales existentes, que resulten de utilidad para
averiguar el hecho o individualizar a sus autores o partícipes.
El representante del Ministerio Público será el encargado de realizar la diligencia,
salvo que se disponga lo contrario.
Se invitará a presenciar la inspección a quien habite el lugar o esté en él cuando se
efectúa o, en su ausencia, a su encargado o a cualquier persona mayor de edad. Se
preferirá a familiares del primero.

ARTICULO 186.-
Acta De la diligencia de inspección y registro, se levantará un acta que describirá,
detalladamente, el estado de las cosas y las personas y, cuando sea posible, se recogerán
o se conservarán los elementos probatorios útiles. Si el hecho no dejó rastros, ni produjo
efectos materiales o si estos desaparecieron o fueron alterados, el encargado de la
diligencia describirá el estado existente y, en lo posible, verificará el anterior. En caso de
desaparición o alteración, averiguará y hará constar el modo, el tiempo y la causa que la
provocó.

ARTICULO 187.-
Facultades coercitivas Para realizar la inspección y el registro, podrá ordenarse que,
durante la diligencia, no se ausenten quienes se encuentran en el lugar o que cualquier
otra persona comparezca inmediatamente.

ARTICULO 188.-
Inspección corporal Cuando sea necesario, el juez o el fiscal encargado de la investigación
podrá ordenar la inspección corporal del imputado y, en tal caso cuidará que se respete su
pudor. Con la misma limitación, podrá disponer igual medida respecto de otra persona, en
los casos de sospecha grave y fundada o de absoluta necesidad. Si es preciso, la
inspección podrá practicarse con el auxilio de peritos. Al acto sólo podrá asistir una
persona de confianza del examinado, quien será advertido previamente de tal derecho.

ARTICULO 189.-
Requisa El juez, el fiscal o la policía podrán realizar la requisa personal, siempre que haya
motivos suficientes para presumir que alguien oculta pertenencias entre sus ropas o que
lleva adheridos a su cuerpo objetos relacionados con el delito. Antes de proceder a la
requisa, deberá advertir a la persona acerca de la sospecha y del objeto buscado,
invitándola a exhibirlo. La advertencia e inspección se realizará en presencia de un testigo,
que no deberá tener vinculación con la policía. Las requisas se practicarán separadamente,
respetando el pudor de las personas. Las requisas de mujeres las harán otras mujeres. Se
elaborará un acta, que podrá ser incorporada al juicio por lectura.

ARTICULO 190.-
Registro de vehículos El juez, el fiscal o la policía podrán registrar un vehículo, siempre
que haya motivos suficientes para presumir que una persona oculta en él objetos
relacionados con el delito. En lo que sea aplicable, se realizará el mismo procedimiento y
se cumplirá con las mismas formalidades previstas para la requisa de personas.

ARTICULO 191.-
Levantamiento e identificación de cadáveres En los casos de muerte violenta o cuando se

sospeche que una persona falleció a consecuencia de un delito, el juez deberá practicar
una inspección en el lugar de los hechos, disponer el levantamiento del cadáver y el
peritaje correspondiente para establecer la causa y la manera de muerte. La identificación
del cadáver se efectuará por cualquier medio técnico y, si no es posible, por medio de
testigos. Si, por los medios indicados, no se obtiene la identificación y su estado lo
permite, el cadáver se expondrá al público por un tiempo prudencial, en la morgue del
Departamento de Medicina Legal, a fin de que quien posea datos que puedan contribuir al
reconocimiento, se los comunique al juez.
ARTICULO 192.-
Reconstrucción del hecho Se ordenará la reconstrucción del hecho para comprobar si se
efectuó o pudo efectuarse de un modo determinado. Nunca se obligará al imputado a
intervenir en el acto, que deberá practicarse con la mayor reserva posible.

ARTICULO 193.-
Allanamiento y registro de morada Cuando el registro deba efectuarse en un lugar
habitado, en sus dependencias, casa de negocio u oficina, el allanamiento y registro será
realizado personalmente por el juez y deberá iniciarlo entre las seis y las dieciocho horas.
Podrá procederse a cualquier hora cuando el morador o su representante consienta o en
los casos sumamente graves y urgentes. Deberá dejarse constancia de la situación de
urgencia en la resolución que acuerda el allanamiento.

ARTICULO 194.-
Allanamiento de otros locales El allanamiento de locales públicos, establecimientos de
reunión o recreo mientras estén abiertos al público y no estén destinados a habitación,
será acordado por el juez, quien podrá delegar la realización de la diligencia en
funcionarios del Ministerio Públiico o de la policía judicial. No regirán las limitaciones
horarias establecidas en el artículo anterior. En estos casos, deberá avisarse a las personas
encargadas de los locales, salvo que sea perjudicial para la investigación.

ARTICULO 195.-
Contenido de la resolución que ordena el allanamiento La resolución que ordena el
allanamiento deberá contener:
a) El nombre y cargo del funcionario que autoriza el allanamiento y la identificación
del procedimiento en el cual se ordena.
b) La determinación concreta del lugar o los lugares que habrán de ser registrados.

c) El nombre de la autoridad que habrá de practicar el registro, en el caso de que la
diligencia se delegue en el Ministerio Público o en la policía, por proceder así
conforme lo dispuesto en este Título.
d) El motivo del allanamiento.
e) La hora y la fecha en que deba practicarse la diligencia.
ARTICULO 196.-
Formalidades para el allanamiento Una copia de la resolución que autoriza el allanamiento
será entregada a quien habite o posea el lugar donde se efectúe o, cuando esté ausente, a
su encargado, y, a falta de este, a cualquier persona mayor de edad que se halle en el
lugar. Se preferirá a los familiares. Cuando no se encuentre a nadie, ello se hará constar
en el acta. Practicado el registro, en el acta se consignará el resultado, con expresión de
las circunstancias útiles para la investigación. La diligencia se practicará procurando
afectar lo menos posible la intimidad de las personas. El acta será firmada por los
concurrentes; no obstante, si alguien no la firma, así se hará constar.

ARTICULO 197.-
Allanamiento sin orden Podrá procederse al allanamiento sin previa orden judicial
cuando:
a) Por incendio, inundación u otra causa semejante, se encuentre amenazada la
vida de los habitantes o la propiedad.
b) Se denuncia que personas extrañas han sido vistas mientras se introducen en un
local, con indicios manifiestos de que pretenden cometer un delito.
c) Se introduzca en un local algún imputado de delito grave a quien se persiga para
su aprehensión.
d) Voces provenientes de un lugar habitado, sus dependencias o casa de negocio,
anuncien que allí se está cometiendo un delito o pidan socorro.

ARTICULO 198.-
Orden de secuestro El juez, el Ministerio Público y la policía podrán disponer que
sean recogidos y conservados los objetos relacionados con el delito, los sujetos a
confiscación y aquellos que puedan servir como medios de prueba; para ello, cuando sea
necesario, ordenarán su secuestro. En los casos urgentes, esta medida podrá delegarse en
un funcionario de la policía judicial.

ARTICULO 199.-
Procedimiento para el secuestro Al secuestro se le aplicarán las disposiciones
prescritas para el registro. Los efectos secuestrados serán inventariados y puestos bajo
custodia segura.
Podrá disponerse la obtención de copias o reproducciones de los objetos
secuestrados, cuando estos puedan desaparecer o alterarse, sean de difícil custodia o
cuando convenga así para la instrucción.

ARTICULO 200.-
Devolución de objetos Será obligación de las autoridades devolver, a la persona legitimada
para poseerlos, los objetos secuestrados que no estén sometidos a comiso, restitución o
embargo, inmediatamente después de realizadas las diligencias para las cuales se
obtuvieron. Esta devolución podrá ordenarse provisionalmente, en calidad de depósito
judicial y al poseedor se le podrá imponer la obligación de exhibirlos.

ARTICULO 201.-
Interceptación y secuestro de comunicaciones y correspondencia En relación con la
interceptación y el secuestro de comunicaciones y correspondencia, se estará a lo
dispuesto en la ley especial a que se refiere el artículo 24 de la Constitución Política.

ARTICULO 202.-
Clausura de locales Cuando, para averiguar un hecho punible, sea indispensable clausurar
un local o movilizar cosas muebles que, por su naturaleza o dimensiones, no puedan ser
mantenidas en depósito, se procederá a asegurarlas, según las reglas del registro.

ARTICULO 203.-
Control Las partes podrán objetar, ante el tribunal, las medidas que adopte la policía o el
Ministerio Público, con base en las facultades a que se refiere este apartado. El tribunal
resolverá en definitiva lo que corresponda, sin recurso alguno.

TITULO III. TESTIMONIOS

Artículo 204.- Deber de testificar
Salvo disposición en contrario, toda persona tendrá la obligación de concurrir al
llamamiento judicial y de declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado;
asimismo, no deberá ocultar hechos, circunstancias ni elementos, sin perjuicio de la
facultad del juez para valorar el testimonio, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. El
testigo no estará en la obligación de declarar sobre hechos que puedan depararle
responsabilidad penal. Para los efectos de cumplir esta obligación, el testigo tendrá
derecho a licencia con goce de salario por parte de su patrono, público o privado, cuando
tenga que asistir a diligencias judiciales, pericias o comparecer ante el llamamiento judicial
y por el tiempo necesario para ello. Con el objeto de comprobar la asistencia a tales actos,
el despacho que conoce de la causa o ante quien se realice la diligencia, deberá extender
el comprobante respectivo en el que se indique la naturaleza del acto y la duración
efectiva del trámite. El Ministerio Público, el juez o el tribunal de juicio que conozca la
causa, adoptarán las medidas necesarias para evitar que el testigo sea sometido a
múltiples citaciones o comparecencias; además, cuando sea posible, deberán programarse
las audiencias, para que se rinda el testimonio, a la brevedad posible y no se haga uso
abusivo de la licencia concedida.
Protección extraprocesal:
Si, con motivo del conocimiento de los hechos que se investigan y de su obligación
de testificar, la vida o la integridad física del testigo se encuentran en riesgo, tendrá
derecho a requerir y a obtener protección especial. El Ministerio Público, la policía, el juez
o el tribunal que conozcan de la causa, adoptarán las medidas necesarias a fin de brindar
la protección que se requiera. La Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio
Público, será la encargada de tramitar las solicitudes y de brindar la protección requerida.
Protección procesal:
Cuando, por las características del hecho, los datos de identificación del testigo,
como su nombre, cédula, dirección, trabajo o números telefónicos, no sean conocidos por
el imputado ni por las partes, y su efectivo conocimiento represente un riesgo para la vida
o la integridad física del declarante, el Ministerio Público, la defensa o el querellante,
podrán solicitarle al juez, durante la fase de investigación, que ordene la reserva de estos
datos.
El juez autorizará dicha reserva en resolución debidamente motivada. Una vez
acordada, esta información constará en un legajo especial y privado, que manejará el juez
de la etapa preparatoria e intermedia, según la fase en la que la reserva sea procedente y
se haya acordado, y en el que constarán los datos correctos para su identificación y
localización. Para identificar al testigo protegido dentro del proceso, podrá hacerse uso de
seudónimos o nombres ficticios. En dicho legajo, se dejará constancia de cualquier dato
relevante que pueda afectar el alcance de su testimonio, tales como limitaciones físicas o
problemas de salud, y deberá ponerlos en conocimiento de las partes, siempre y cuando
ello no ponga en peligro al declarante.
Cuando el riesgo para la vida o la integridad física del testigo no pueda evitarse o
reducirse con la sola reserva de los datos de identificación y se trate de la investigación de
delitos graves o de delincuencia organizada, el juez o tribunal que conoce de la causa
podrán ordenar, mediante resolución debidamente fundamentada, la reserva de sus
características físicas individualizantes, a fin de que, durante la etapa de investigación,
estas no puedan ser conocidas por las partes. Cuando así se declare, el juez en la misma

resolución, ordenará la realización del anticipo jurisdiccional de prueba, de conformidad
con lo establecido en el artículo 293 de este Código.
La participación del testigo protegido en los actos procesales, deberá realizarse
adoptando las medidas necesarias para mantener en reserva su identidad y sus
características físicas, cuando así se haya acordado.
La reserva de identidad del testigo protegido rige únicamente para la fase preliminar
e intermedia.
(Así reformado por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás
intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)

Artículo 204 bis.- Medidas de protección
1) Procedimiento:
Para lograr la protección a que se refiere el artículo 204 de este Código, el
Ministerio Público, el querellante o la defensa, solicitarán las medidas de
reserva de identidad o de protección de las características físicas
individualizantes del testigo, al juez de la etapa preparatoria o intermedia,
según la fase en que el riesgo se presente. La solicitud se acompañará de los
elementos de prueba en que se sustenten la existencia del riesgo y su
importancia, así como la necesidad de la protección. Para tal efecto, podrán
requerir un informe breve de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del
Ministerio Público, en el cual se documenten el tipo de riesgo y la necesidad de
la protección.
El juez convocará al Ministerio Público, al querellante y a la defensa, a una
audiencia oral, en la que se expondrán la petición y las objeciones que se
tengan; concluida dicha audiencia, el juez deberá resolver de inmediato,
pudiendo diferir la resolución hasta por cuarenta y ocho horas, a fin de
requerir los informes y datos que estime necesarios para resolver. No podrán
revelarse la identidad ni los datos personales de aquel cuya protección se
solicite mientras se realiza este trámite.
En casos urgentes podrá disponerse la reserva de los datos del testigo con
carácter provisional y por un período que no podrá exceder de las setenta y
dos horas, plazo dentro del cual se convocará a la audiencia y se resolverá lo
pertinente. Para valorar la protección se tomará en cuenta la importancia y
entidad del riesgo, así como la relevancia del testimonio para el
descubrimiento de la verdad en el hecho investigado.
2) Contenido de la resolución:
La resolución que acuerde la protección procesal del testigo, deberá estar
debidamente fundamentada y contendrá la naturaleza e importancia del
riesgo, el tipo de protección, así como su alcance, los fundamentos de la
decisión y la duración de la medida.
En los casos en que se acuerde la reserva de identidad, el juez deberá
consignar un breve resumen del conocimiento de los hechos que tenga el
testigo, para posibilitar el derecho de defensa de las partes. Todo el trámite se
realizará en un legajo separado y cuya custodia corresponderá al juez o
tribunal que conozca de la causa. Si se concede, además, la reserva de las
características físicas individualizantes, en la misma resolución se ordenará la
realización del anticipo jurisdiccional de este testimonio y se convocará a las
partes para su realización, en los términos que señala el artículo 293 de este
Código.
Las medidas de protección acordadas podrán prolongarse por el tiempo
necesario en atención al tipo de riesgo, a excepción de la etapa de juicio. En
ningún caso, la protección del testigo impedirá su interrogatorio, que podrá
realizarse mediante la utilización de los medios tecnológicos señalados y que

permitan mantener ocultas o disimuladas las características físicas del
declarante, cuando ello se haya dispuesto al acordar la protección.
3) Recursos:
La decisión que acuerde o deniegue la protección será apelable por el
Ministerio Público, el querellante, la víctima y la defensa. La apelación no
suspenderá las medidas acordadas. Una vez firme la decisión, las partes
estarán obligadas a respetar la reserva dispuesta, sin perjuicio de reiterar su
reclamo en sede de juicio. Si el tribunal de apelaciones rechaza la protección o
la reduce, el juez deberá poner en conocimiento de la defensa los datos cuya
protección no haya sido autorizada.
Si se deniega la protección de las características físicas individualizantes y se
mantiene la reserva de su identidad, el testigo comparecerá hasta el debate,
salvo que su presencia se estime indispensable en alguna diligencia o acto
procesal de la etapa de investigación, en cuyo caso deberán adoptarse las
medidas necesarias para respetar la reserva concedida.
4) Levantamiento de las medidas:
Cuando una parte estime absolutamente necesario para el adecuado ejercicio
del derecho de defensa, conocer la identidad del testigo o la víctima, solicitará
al juez o al tribunal que conozca de la causa que se levanten las medidas
acordadas. De la petición, se dará audiencia por veinticuatro horas a las
partes. Contra lo resuelto cabrá el recurso de apelación.
El juez o tribunal podrán disponer, de oficio o a solicitud de parte, el
levantamiento de las medidas, previa audiencia por veinticuatro horas a las
partes, si nuevos elementos de prueba evidencian que la protección procesal
no es necesaria, por demostrarse que las partes conocen la identidad del
testigo, sin perjuicio de la protección extraprocesal que pueda darse.
(Así adicionado por el artículo 17 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás
intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)

ARTICULO 205.-
Facultad de abstención Podrán abstenerse de declarar, el cónyuge o conviviente, con más
de dos años de vida en común, del imputado y sus ascendientes, descendientes o
parientes colaterales, hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad o afinidad. Deberá
informarse a las personas mencionadas de la facultad de abstención, antes de que rindan
testimonio. Ellas podrán ejercer esa facultad aun durante su declaración, incluso en el
momento de responder determinadas preguntas.

ARTICULO 206.-
Deber de abstención Deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hayan
llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, los ministros
religiosos, abogados y notarios, médicos, psicólogos, farmacéuticos, enfermeros y demás
auxiliares de las ciencias médicas, así como los funcionarios públicos sobre secretos de
Estado. Sin embargo, estas personas, con excepción de los ministros religiosos, no podrán
negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto.
En caso de ser citadas, estas personas deberán comparecer y explicar las razones de su
abstención. Si el tribunal estima que el testigo invoca erróneamente la facultad de
abstenerse o la reserva del secreto, ordenará su declaración mediante resolución fundada.

ARTICULO 207.-
Citación Para el examen de testigos, se librará orden de citación. En los casos de urgencia
podrán ser citados verbalmente o por teléfono, lo cual se hará constar. Además, el testigo
podrá presentarse a declarar espontáneamente. Si, el testigo reside en un lugar lejano al
asiento de la oficina judicial y carece de medios económicos para trasladarse, se dispondrá
lo necesario para asegurar la comparecencia.

ARTICULO 208.-
Compulsión Si el testigo no se presenta a la primera citación, se le hará comparecer por
medio de la fuerza pública. Si, después de comparecer, se niega a declarar sin derecho a
hacerlo, se comunicará ese hecho al Ministerio Público.

ARTICULO 209.-
Residentes en el extranjero Si el testigo se halla en el extranjero, se procederá conforme a
las reglas nacionales o del Derecho Internacional para el auxilio judicial. Sin embargo,
podrá requerirse la autorización del Estado en el cual se encuentre, para que sea
interrogado por el representante consular, por un juez o por un representante del
Ministerio Público, según sea la fase del procedimiento y la naturaleza del acto de que se
trate.

ARTICULO 210.-
Aprehensión inmediata El tribunal podrá ordenar la aprehensión de un testigo cuando haya
temor fundado de que se oculte o se fugue. Esta medida durará el tiempo indispensable
para recibir la declaración y no podrá exceder de veinticuatro horas. El Ministerio Público
podrá ordenar la aprehensión del testigo por el plazo máximo de seis horas, para gestionar
la orden judicial.

ARTICULO 211.-
Forma de la declaración Antes de comenzar la declaración, el testigo será instruido acerca
de sus obligaciones y de las responsabilidades por su incumplimiento, prestará juramento
y será interrogado sobre su nombre, apellido, estado civil, profesión, domicilio, vínculo de
parentesco y de interés con las partes, y sobre cualquier otra circunstancia útil para
apreciar su veracidad. Si el testigo teme por su integridad física o la de otra persona,
podrá autorizársele para no indicar públicamente su domicilio y se tomará nota reservada
de él, pero el testigo no podrá ocultar su identidad ni se le eximirá de comparecer en
juicio. A continuación, se le interrogará sobre el hecho.

Artículo 212.- Testimonios especiales
Cuando deba recibirse la declaración de personas menores de edad víctimas o
testigos, deberá considerarse su interés superior a la hora de su recepción; para ello el
Ministerio Público, el juez o tribunal de juicio que conozca de la causa y según la etapa
procesal en la que se encuentre, adoptarán las medidas necesarias para que se reduzcan
los trámites y se reciba el testimonio en las condiciones especiales que se requieran,
disponiendo su recepción en privado o mediante el uso de cámaras especiales para evitar
el contacto del menor con las partes, y permitiendo el auxilio de familiares o de los peritos
especializados. Podrá requerirse un dictamen al Departamento de Trabajo Social y
Psiquiatría y Psicología Forense o de algún otro perito o experto debidamente nombrado,
de conformidad con el título IV de esta Ley, sobre las condiciones en que deba recibirse la
declaración. Se resguardará siempre el derecho de defensa. Las mismas reglas se
aplicarán, cuando haya de recibirse el testimonio de víctimas de abuso sexual, trata de
personas o de violencia intrafamiliar.
(Así reformado por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás
intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)

TITULO IV. PERITOS

ARTICULO 213.-
Peritaje Podrá ordenarse un peritaje cuando, para descubrir o valorar un elemento
de prueba, sea necesario poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o
técnica.

ARTICULO 214.-
Título habilitante Los peritos deberán poseer título habilitante en la materia relativa al
punto sobre el cual dictaminarán, siempre que la ciencia, el arte o la técnica estén
reglamentadas. En caso contrario, deberá designarse a una persona de idoneidad
manifiesta. No regirán las reglas de la prueba pericial para quien declare sobre hechos o
circunstancias que conoció espontáneamente, aunque para informar utilice las aptitudes
especiales que posee en una ciencia, arte o técnica. En este caso, regirán las reglas de la
prueba testimonial.

ARTICULO 215.-
Nombramiento de peritos El Ministerio Público, durante la investigación preparatoria, y el
tribunal competente seleccionarán a los peritos y determinarán cuántos deban intervenir,
según la importancia del caso y la complejidad de las cuestiones por plantear, atendiendo
a las sugerencias de los intervinientes. Al mismo tiempo, fijarán con precisión los temas de
la peritación y deberán acordar con los peritos designados el plazo dentro del cual
presentarán los dictámenes. Serán causas de excusa y recusación de los peritos, las
establecidas para los jueces. En todo lo relativo a los traductores e intérpretes, regirán
análogamente las disposiciones de este apartado.

ARTICULO 216.-

Facultad de las partes Antes de comenzar las operaciones periciales, se notificará, en su
caso, al Ministerio Público y a las partes la orden de practicarlas, salvo que sean
sumamente urgentes o en extremo simples. Dentro del plazo que establezca la autoridad
que ordenó el peritaje, cualquiera de las partes podrá proponer por su cuenta, a otro
perito para reemplazar al ya designado o para dictaminar conjuntamente con él, cuando
en las circunstancias del caso, resulte conveniente su participación por su experiencia o
idoneidad especial. Las partes podrán proponer, fundadamente, temas para el peritaje y
objetar los admitidos o propuestos por otra de las partes.
ARTICULO 217.-
Ejecución del peritaje El director del procedimiento resolverá las cuestiones que se
planteen durante las operaciones periciales. Los peritos practicarán el examen
conjuntamente, cuando sea posible. Siempre que sea pertinente, las partes y sus
consultores técnicos podrán presenciar la realización del peritaje y solicitar las
aclaraciones que estimen convenientes; deberán retirarse cuando los peritos comiencen la
deliberación. Si algún perito no cumple con su función, se procederá a sustituirlo.

ARTICULO 218.-
Dictamen pericial El dictamen pericial será fundado y contendrá, de manera clara y
precisa, una relación detallada de las operaciones practicadas y de sus resultados, las
observaciones de las partes o las de sus consultores técnicos y las conclusiones que se
formulen respecto de cada tema estudiado. Los peritos podrán dictaminar por separado
cuando exista diversidad de opiniones entre ellos. El dictamen se presentará por escrito,
firmado y fechado, sin perjuicio del informe oral en las audiencias.

ARTICULO 219.-
Peritos nuevos Cuando los informes sean dudosos, insuficientes o contradictorios o cuando
el tribunal o el Ministerio Público lo estimen necesario, de oficio o a petición de parte
podrán nombrar a uno o más peritos nuevos, según la importancia del caso, para que
examinen, amplíen o repitan el peritaje.

ARTICULO 220.-
Actividad complementaria del peritaje Podrá ordenarse la presentación o el secuestro de

cosas o documentos, y la comparecencia de personas, si esto es necesario para efectuar
las operaciones periciales.

Artículo 221.- Peritajes especiales
Cuando deban realizarse diferentes pruebas periciales, como las psicológicas y las
médico legales, a personas menores de edad víctimas o a personas agredidas sexualmente
o víctimas de agresión o violencia intrafamiliar, en un término máximo de ocho días,
deberá integrarse un equipo interdisciplinario, con el fin de concentrar, en una misma
sesión, las entrevistas que la víctima requiera, cuando ello no afecte la realización del
peritaje. Deberá tenerse en cuenta el interés superior, en el caso de las personas menores
de edad y, en todo caso, tratar de reducir o evitar siempre la revictimización. Antes de la
entrevista, el equipo de profesionales deberá elaborar un protocolo de ella y designará,
cuando lo estime conveniente, a uno de sus miembros, para que se encargue de plantear
las preguntas.
Salvo que exista un impedimento insuperable, en la misma sesión deberá realizarse
el examen físico de la víctima.
El Ministerio Público, la defensa del acusado y el querellante, podrán participar en la
entrevista psicológica y psiquiátrica, siempre y cuando no se ponga en riesgo la seguridad,
la vida o integridad física de la víctima o se afecte el resultado de la prueba. Para tales
fines, podrá hacerse uso de cámaras especiales para evitar el contacto del menor o de la
víctima con las partes. En ningún caso esta intervención permitirá a las partes interrumpir
el curso de la pericia. Las partes podrán intervenir solo cuando se les indique y canalizarán
sus observaciones por medio del perito respectivo, quien decidirá la forma de evacuarlas.
En todo caso, dejará constancia de los requerimientos que se le hayan formulado y los
anotará en sus conclusiones, al rendir la pericia. Para su intervención, las partes podrán
auxiliarse de un consultor técnico, debidamente autorizado para participar, de conformidad
con el artículo 126 de este Código.
(Así reformado por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás
intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)

ARTICULO 222.-
Notificación Cuando no se haya notificado previamente la realización del peritaje, sus
resultados deberán ser puestos en conocimiento del Ministerio Público y de las partes, por
tres días, salvo que por ley se disponga un plazo diferente.

ARTICULO 223.-
Deber de guardar reserva El perito deberá guardar reserva de cuanto conozca con motivo
de su actuación.

ARTICULO 224.-
Regulación prudencial El tribunal o el fiscal encargado de la investigación podrá realizar
una regulación prudencial, únicamente cuando no pueda establecerse por medio de peritos
el valor de los bienes sustraídos o dañados o el monto de lo defraudado. La decisión del
fiscal podrá ser objetada ante el tribunal, el cual resolverá sin trámite alguno. La
regulación prudencial podrá ser variada en el curso del procedimiento, si aparecen nuevos
y mejores elementos de convicción que así lo justifiquen.

TITULO V. OTROS MEDIOS DE PRUEBA

ARTICULO 225.-
Exhibición de prueba Los documentos, objetos y otros elementos de convicción
incorporados al procedimiento podrán ser exhibidos al imputado, a los testigos y a los
peritos, para que los reconozcan o informen sobre ellos.
Los elementos de carácter reservado serán examinados privadamente por el
tribunal; si son útiles para la averiguación de la verdad, los incorporará al procedimiento,
resguardando la reserva sobre ellos.

ARTICULO 226.-
Informes El tribunal y el Ministerio Público podrán requerir informes a cualquier persona o
entidad pública o privada. Los informes se solicitarán, verbalmente o por escrito, con
indicación del procedimiento, en el cual se requieren, el nombre del imputado, el lugar
donde debe entregarse el informe, el plazo para su presentación y las consecuencias
previstas para el incumplimiento del deber de informar.

ARTICULO 227.-
Reconocimiento de personas El Ministerio Público o el tribunal podrán ordenar, con
comunicación previa a las partes, que se practique el reconocimiento de una persona, para
identificarla o establecer que quien la menciona efectivamente la conoce o la ha visto.

ARTICULO 228.-
Procedimiento para reconocer personas Antes del reconocimiento, quien deba hacerlo será
interrogado para que describa a la persona de que se trata, diga si la conoce o si, con
anterioridad, la ha visto personalmente o en imagen. Además, deberá manifestar si
después del hecho ha visto nuevamente a la persona, en qué lugar y por qué motivo. A
excepción del imputado, el declarante será instruido acerca de sus obligaciones y de las
responsabilidades por su incumplimiento y prestará juramento de decir la verdad, según
sus creencias. Posteriormente, se invitará a la persona que debe ser sometida a
reconocimiento a que escoja su colocación entre otras de aspecto físico semejante y se
solicitará, a quien lleva a cabo el reconocimiento, que diga si entre las personas presentes
se halla la que mencionó y, en caso afirmativo, la señale con precisión. Cuando la haya
reconocido, expresará las diferencias y semejanzas observadas entre el estado de la
persona señalada y el que tenía en la época a que alude su declaración anterior. Esa
diligencia se hará constar en una acta, donde se consignarán las circunstancias útiles,
incluso el nombre y domicilio de los que hayan formado la fila de personas. El
reconocimiento procederá aun sin consentimiento del imputado.

ARTICULO 229.-
Pluralidad de reconocimientos Cuando varias personas deban reconocer a una sola, cada
reconocimiento se practicará por separado, sin que se comuniquen entre sí. Si una

persona debe reconocer a varias, el reconocimiento de todas podrá efectuarse en un solo
acto, siempre que no perjudique la investigación o la defensa.
ARTICULO 230.-
Reconocimiento por fotografía Cuando sea necesario reconocer a una persona que no esté
presente ni pueda ser habida, su fotografía podrá exhibirse a quien deba efectuar el
reconocimiento, junto con otras semejantes de distintas personas, observando en lo
posible las reglas precedentes.

ARTICULO 231.-
Reconocimiento de objeto Antes del reconocimiento de un objeto, se invitará a la persona
que deba reconocerlo a que lo describa. En lo demás, regirán las reglas que anteceden.

ARTICULO 232.-
Otros reconocimientos Cuando se disponga reconocer voces, sonidos y cuanto pueda ser
objeto de percepción sensorial, se observarán, en lo aplicable, las disposiciones previstas
para el reconocimiento de personas. Esta diligencia se hará constar en acta y la autoridad
podrá disponer que se documente mediante prueba fotográfica o videográfica o mediante
otros instrumentos o procedimientos.

ARTICULO 233.-
Careo Podrá ordenarse el careo de personas que, en sus declaraciones, hayan discrepado
sobre hechos o circunstancias importantes; pero el imputado no será obligado a intervenir.
En el careo del imputado, estará presente su defensor. Regirán, respectivamente, las
reglas del testimonio, de la pericia y de la declaración del imputado.

ARTICULO 234.-

Otros medios de prueba Además de los medios de prueba previstos en este Código,
podrán utilizarse otros distintos, siempre que no supriman las garantías y facultades de las
personas ni afecten el sistema institucional. La forma de su incorporación al procedimiento
se adecuará al medio de prueba más análogo de los previstos.

LIBRO IV. MEDIDAS CAUTELARES
TITULO I. MEDIDAS CAUTELARES DE CARACTER PERSONAL

ARTICULO 235.-
Aprehensión de las personas Las autoridades de policía podrán aprehender a toda
persona, aun sin orden judicial, cuando:
a) Haya sido sorprendida en flagrante delito o contravención o sea perseguida
inmediatamente después de intentarlo o cometerlo.
b) Se haya fugado de algún establecimiento penal o de cualquier otro lugar de
detención.
c) Existan indicios comprobados de su participación en un hecho punible y se trate
de un caso en que procede la prisión preventiva.
Asimismo, en caso de flagrancia, cualquier persona podrá practicar la aprehensión e
impedir que el hecho produzca consecuencias. La persona aprehendida será entregada
inmediatamente a la autoridad más cercana.
La autoridad policial que haya aprehendido a alguna persona deberá ponerla, con
prontitud, a la orden del Ministerio Público, para que este, si lo estima necesario, solicite al
juez la prisión preventiva. La solicitud deberá formularse luego de realizar las diligencias
indispensables y, en todo caso, dentro de las veinticuatro horas contadas a partir de la
captura.
Si se trata de un delito que requiera la instancia privada, será informado
inmediatamente quien pueda instar y, si este no presenta la denuncia en el mismo acto, el
aprehendido será puesto en libertad.

ARTICULO 236.-
Flagrancia Habrá flagrancia cuando el autor del hecho punible sea sorprendido en el
momento de cometerlo o inmediatamente después, o mientras sea perseguido, o cuando
tenga objetos o presente rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de
participar en un delito.

ARTICULO 237.-
Detención El Ministerio Público podrá ordenar que una persona sea detenida,
cuando:
a) Sea necesaria la presencia del imputado y existan indicios comprobados para
sostener, razonablemente, que es autor de un delito o partícipe en él, y que puede
ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar.
b) En el primer momento de la investigación sea imposible individualizar a los
imputados y a los testigos y deba procederse con urgencia para no perjudicar la
investigación, a fin de evitar que los presentes se alejen del lugar, se comuniquen
entre sí y que se modifique el estado de las cosas y de los lugares.
c) Para la investigación de un delito, sea necesaria la concurrencia de cualquier
persona.
La detención no podrá superar las veinticuatro horas. Si el Ministerio Público estima
que la persona debe quedar detenida por más tiempo, la pondrá inmediatamente a la
orden del tribunal del procedimiento preparatorio y le solicitará ordenar la prisión
preventiva o aplicar cualquier otra medida sustitutiva. En caso contrario, ordenará su
libertad.

Artículo 238.- Aplicación de la prisión preventiva
La prisión preventiva solo podrá ser acordada conforme a las disposiciones de este
Código, mediante resolución judicial fundada, en los límites indispensables para asegurar
el descubrimiento de la verdad y la actuación de la Ley. Cuando el Ministerio Público
estime que procede la prisión preventiva, solicitará al juez correspondiente que convoque
a una audiencia oral, en la que se discutirá sobre la procedencia o no de esa medida. Si la
persona se encontrare detenida, la solicitud de audiencia deberá pedirse dentro de las
veinticuatro horas, contadas desde que el encausado se puso a la orden del juez; la
audiencia deberá celebrarse dentro de las cuarenta y ocho horas y la resolución deberá ser
dictada dentro de ese plazo.
Corresponde al Ministerio Público y la defensa del imputado, aportar la prueba en la
que fundamente sus peticiones.
Terminada la audiencia, el juez resolverá sobre lo solicitado. Si contare con medios
de grabación, el respaldo de ellos será suficiente para acreditar la existencia de la
celebración de la audiencia y de lo resuelto.
Se ejecutará del modo que perjudique lo menos posible a los afectados.
La privación de libertad, durante el procedimiento, deberá ser proporcional a la pena
que pueda imponerse en el caso.
(Así reformado por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás
intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)

ARTICULO 239.-
Procedencia de la prisión preventiva
El tribunal ordenará la prisión preventiva del imputado, siempre que concurran las
siguientes circunstancias:
a) Existan elementos de convicción suficientes para sostener, razonablemente, que
el imputado es, con probabilidad, autor de un hecho punible o partícipe en él.
b) Exista una presunción razonable, por apreciación de las circunstancias del caso
particular, acerca de que aquel no se someterá al procedimiento (peligro de fuga);
obstaculizará la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización); o continuará
la actividad delictiva.
c) El delito que se le atribuya esté reprimido con pena privativa de libertad.
d) Exista peligro para la víctima, la persona denunciante o el testigo. Cuando la
víctima se encuentre en situación de riesgo, el juez tomará en cuenta la necesidad
de ordenar esta medida, especialmente en el marco de la investigación de delitos
atribuibles a una persona con quien la víctima mantenga o haya mantenido una
relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no.
(Así adicionado el inciso anterior mediante el artículo 45 de la Ley de Penalización
de la Violencia Contra las Mujeres, N° 8589 del 25 de abril del 2007)

Artículo 239 bis.- Otras causales de prisión preventiva
Previa valoración y resolución fundada, el tribunal también podrá ordenar la prisión
preventiva del imputado, cuando se produzca cualquiera de las siguientes causales, el
delito esté sancionado con pena de prisión y se cumpla el presupuesto establecido en el
artículo 37 de la Constitución Política :
a) Cuando haya flagrancia en delitos contra la vida, delitos sexuales y delitos
contra la propiedad en los que medie violencia contra las personas o fuerza
sobre las cosas, y en delitos relacionados con estupefacientes, sustancias
psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y
actividades conexas.
b) El hecho punible sea realizado presumiblemente por quien haya sido
sometido al menos en dos ocasiones, a procesos penales en los que medie
violencia contra las personas o fuerza sobre las cosas, en los cuales se hayan
formulado acusación y solicitud de apertura a juicio por parte del Ministerio
Público, aunque estos no se encuentren concluidos.
c) Cuando se trate de personas reincidentes en la comisión de hechos
delictivos en los que medie violencia contra las personas o fuerza sobre las
cosas.
d) Se trate de delincuencia organizada.
(Así adicionado por el artículo 17 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás
intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)

ARTICULO 240.-
Peligro de fuga Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta,
especialmente, las siguientes circunstancias:
a) Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de
la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar
definitivamente el país o permanecer oculto. La falsedad, la falta de información o
de actualización del domicilio del imputado constituirá presunción de fuga.
b) La pena que podría llegarse a imponer en el caso.
c) La magnitud del daño causado.
d) El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro proceso
anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución
penal.
ARTICULO 241.-
Peligro de obstaculización Para decidir acerca del peligro de obstaculización para
averiguar la verdad se tendrá en cuenta, especialmente, la grave sospecha de que el
imputado:
a) Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba.
b) Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se
comporten de manera desleal o reticente, o inducirá a otros a realizar tales
comportamientos.
El motivo sólo podrá fundar la prisión hasta la conclusión del debate.

ARTICULO 242.-
Prueba para la aplicación de medidas cautelares El fiscal o, en su caso el Tribunal, podrán
recibir prueba, de oficio o a solicitud de parte, con el fin de sustentar la aplicación,
revisión, sustitución, modificación o cancelación de una medida cautelar. Dicha prueba se
agregará a un legajo especial cuando no sea posible incorporarla al debate. El tribunal
valorará estos elementos de prueba conforme a las reglas generales establecidas en este
Código y exclusivamente para fundar la decisión sobre la medida cautelar. Si el tribunal lo
estima necesario, antes de pronunciarse, podrá convocar a una audiencia oral para oír a

las partes o para recibir directamente la prueba. De dicha audiencia se levantará un acta.
ARTICULO 243.-
Resolución que acuerda la prisión preventiva La prisión preventiva sólo podrá
decretarse por resolución debidamente fundamentada, en la cual se expresen cada
uno de los presupuestos que la motivan. El auto deberá contener:
a) Los datos personales del imputado o los que sirvan para identificarlo.
b) Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen.
c) La indicación de las razones por las cuales el tribunal estima que los
presupuestos que motivan la medida concurren en el caso.
d) La cita de las disposiciones penales aplicables.
e) La fecha en que vence el plazo máximo de privación de libertad.
ARTICULO 244.-Otras medidas cautelares. Siempre que las presunciones que
motivan la prisión preventiva puedan ser evitadas razonablemente con la aplicación de
otra medida menos gravosa para el imputado, el tribunal competente, de oficio o a
solicitud del interesado, deberá imponerle en su lugar, en resolución motivada, alguna de
las alternativas siguientes:
a) El arresto domiciliario, en su propio domicilio o en custodia de otra persona, sin
vigilancia alguna o con la que el tribunal disponga.
b) La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución
determinada, que informará regularmente al tribunal.
c) La obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal o la autoridad que
él designe.
d) La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o
del ámbito territorial que fije el tribunal.
e) La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares.
f) La prohibición de convivir o comunicarse con personas determinadas, siempre
que no se afecte el derecho de defensa.
g) Si se trata de agresiones a mujeres y niños o delitos sexuales, cuando la víctima
conviva con el imputado, la autoridad correspondiente podrá ordenarle a este el
abandono inmediato del domicilio.
h) La prestación de una caución adecuada.
i) La suspensión en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito funcional.
j) La imposición de la medida de localización permanente con mecanismo
electrónico. Para tal efecto, un día bajo localización permanente con dispositivo
electrónico equivale a un día de prisión preventiva.

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 5° de la ley N° 9271 del 30 de
setiembre de 2014, «Mecanismos electrónicos de seguimiento en materia penal»)
Si la calificación jurídica del hecho admite la aplicación de una pena de inhabilitación, el
tribunal podrá imponerle, preventivamente, que se abstenga de realizar la conducta o la
actividad por las que podría ser inhabilitado.
ARTICULO 245.- Imposición de las medidas. El tribunal podrá imponer una sola de
las alternativas previstas en el artículo anterior o combinar varias de ellas, según resulte
adecuado al caso, y ordenará las medidas y las comunicaciones necesarias para garantizar
su cumplimiento.
El juez podrá acordar que el control de cumplimiento de las medidas aplicadas a las
personas se realice por medio de aquellos medios electrónicos que lo permitan.
En ningún caso se utilizarán estas medidas desnaturalizando su finalidad ni se
impondrán otras cuyo cumplimiento es imposible.
(Así reformado por el artículo 6° de la ley N° 9271 del 30 de setiembre de 2014,
«Mecanismos electrónicos de seguimiento en materia penal»)
ARTICULO 246.-
Caución juratoria También se podrá prescindir de toda medida de coerción, cuando la
promesa del imputado de someterse al procedimiento, de no obstaculizar la investigación
y de abstenerse de cometer nuevos delitos, sea suficiente para eliminar el peligro de fuga,
obstaculización o reincidencia.

ARTICULO 247.-
Exención de prisión Si el imputado está en libertad, podrá solicitar al tribunal que lo exima
de la posible aplicación de la prisión preventiva, acordando al efecto alguna de sus
medidas sustitutivas.

Artículo 248.- Abandono del domicilio
El abandono del domicilio como medida precautoria deberá establecerse por un plazo
mínimo de un mes, sin que pueda exceder de seis; podrá prorrogarse por períodos
iguales, si así lo solicita la parte ofendida y si se mantienen las razones que lo justificaron.
La medida podrá interrumpirse, cuando haya reconciliación entre ofendido e
imputado, siempre que tal circunstancia la manifieste la parte ofendida ante la autoridad
jurisdiccional.
Para levantar la medida precautoria, el imputado deberá rendir caución juratoria de
que no reincidirá en los hechos. Antes de levantar la medida, se escuchará el criterio de la
víctima, si puede ser localizada. Si se trata de una víctima que está siendo objeto de
protección, el fiscal a cargo del caso deberá informar sobre la audiencia a la víctima; para
ello podrá coordinar lo pertinente con la Oficina de Atención a la Víctima del Delito.
Cuando se trate de personas ofendidas menores de edad, el cese de esta medida
precautoria solo procederá, cuando se constate la inexistencia de riesgo para la víctima y
el representante del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) así lo recomiende.
(Así reformado por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás
intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)

ARTICULO 249.-
Pensión alimenticia Cuando se haya dispuesto el abandono del domicilio, el tribunal, a
petición de parte, dispondrá por un mes el depósito de una cantidad de dinero, que fijará
prudencialmente. El imputado deberá pagarla en un término de ocho días, a fin de
sufragar los gastos de alimentación y habitación de los miembros integrantes del grupo
familiar que dependan económicamente de él. Esta obligación se regirá por las normas
propias de las pensiones alimenticias y, por ello, podrá ordenarse el apremio corporal del
obligado en caso de incumplimiento. Fijada la cuota, el tribunal de oficio testimoniará
piezas que enviará a la autoridad judicial competente, a efecto de que continúe
conociendo del asunto conforme a la Ley de Pensiones Alimenticias.

ARTICULO 250.-
Cauciones Cuando corresponda, el tribunal fijará el importe y la clase de caución como
medida cautelar, decidirá además, sobre la idoneidad del fiador, según libre apreciación de
las circunstancias del caso. El imputado y el fiador podrán sustituir la caución por otra
equivalente, previa autorización del tribunal. Para determinar la calidad y cantidad de la
caución se tendrán en cuenta la naturaleza del delito, la condición económica, la
personalidad y los antecedentes del imputado. El tribunal hará la estimación de modo que
constituya un motivo eficaz para que aquel se abstenga de infringir sus obligaciones. La
caución real se constituirá con depósito de dinero, valores cotizables o con el otorgamiento
de prendas o hipotecas, por la cantidad que el tribunal determine.

ARTICULO 251.-
Forma de determinar la solvencia de los fiadores Cuando el monto de la fianza supere tres
salarios base, según lo establecido en el Código Penal para los delitos contra la propiedad,
la solvencia de los fiadores se comprobará por medio de certificación expedida por el
Registro Público. El valor de los bienes podrá comprobarse con la certificación del valor
declarado para efectos fiscales, o con dictamen pericial realizado al efecto. Cuando el
importe de la garantía sea menor que esa suma, queda a juicio del tribunal aceptar al
fiador si no tiene bienes inscritos a su nombre, así como exigirle que compruebe su
situación económica y posibles recursos. El tribunal podrá condicionar la aceptación de la
fianza, a que se inscriba previamente en el Registro de la Propiedad. En este caso, la
anotación se considerará como un gravamen de la propiedad y cualquier adquirente del
bien anotado aceptará la responsabilidad que la fianza implica.

ARTICULO 252.-
Ejecución de las cauciones Cuando se haya decretado la rebeldía del imputado o cuando
este se sustraiga a la ejecución de la pena, se concederá un plazo de cinco días al fiador
para que lo presente; se le advertirá que si no lo hace o no justifica la incomparecencia, la
caución se ejecutará. Vencido el plazo, el tribunal dispondrá, según el caso, la ejecución
del fiador o la venta en remate público de los bienes hipotecados o dados en prenda. El
producto que se obtenga será transferido al Patronato de Construcciones, Instalaciones y
Adquisición de Bienes de la Direccion General de Adaptación Social.

ARTICULO 253.-
Revisión de la prisión preventiva Durante los primeros tres meses de acordada la prisión
preventiva su revisión sólo procederá cuando el tribunal estime que han variado las
circunstancias por las cuales se decretó. Vencido ese plazo, el tribunal examinará de oficio,
por lo menos cada tres meses, los presupuestos de la prisión o internación y, según el
caso, ordenará su continuación, modificación, sustitución por otra medida o la libertad del
imputado. El incumplimiento del deber de revisión periódica sólo producirá la aplicación del
régimen disciplinario cuando corresponda. Después de transcurrir tres meses de haberse
decretado la prisión preventiva, el imputado podrá solicitar su revisión cuando estime que
no subsisten las circunstancias por las cuales se acordó. Sus solicitudes interrumpen el
plazo señalado en el párrafo anterior. Al revisarse la prisión preventiva el tribunal tomará
en consideración, especialmente, la peligrosidad del imputado y la suficiencia de los
elementos probatorios para sostener razonablemente que es autor de un hecho punible o
partícipe en él.

ARTICULO 254.-
Revisión, sustitución, modificación y cancelación de las medidas Salvo lo dispuesto en el
artículo anterior, el tribunal, aun de oficio y en cualquier estado del procedimiento, por
resolución fundada revisará, sustituirá, modificará o cancelará la procedencia de las
medidas cautelares y las circunstancias de su imposición, de conformidad con las reglas
establecidas en este Código, cuando así se requiera por haber variado las condiciones que
justificaron su imposición. Si la caución rendida es de carácter real y es sustituida por
otra, será cancelada y los bienes afectados serán devueltos.

ARTICULO 255.-
Acta Previo a la ejecución de las medidas cautelares, cuando corresponda, se
levantará un acta en la que constará:
a) La notificación al imputado.
b) La identificación y el domicilio de la institución o de los particulares que
intervengan en la ejecución de la medida y la aceptación de la función u obligación
que les ha sido asignada.

c) Las advertencias a los particulares de las obligaciones que asumen en caso de
incumplimiento por parte del imputado.
d) El señalamiento del lugar o la forma para recibir notificaciones.
e) La promesa formal del imputado de presentarse a las citaciones.

ARTICULO 256.-Recurso . Durante el procedimiento preparatorio e intermedio, la
resolución que decrete por primera vez la prisión preventiva o, transcurridos los primeros
tres meses, rechace una medida sustitutiva, se tomará en audiencia y será apelable sin
efecto suspensivo.
También serán apelable, de la misma manera y sin efecto suspensivo, las resoluciones que
impongan cualquier otra medida cautelar o rechacen una medida sustitutiva cuando se
dicten durante el procedimiento preparatorio e intermedio, siempre que no se esté en los
casos del primer párrafo. Para estos efectos, solo se enviarán al tribunal las piezas
indispensables para resolver y no regirá el procedimiento establecido para tramitar el
recurso de apelación.
(Así reformado por el artículo 1° «Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia, otras
Reformas al Régimen de Impugnación e Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en
el Proceso Penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)

ARTICULO 258.-Prórroga del plazo de prisión preventiva . A pedido del Ministerio

Público, el plazo previsto en el artículo anterior podrá ser prorrogado por el Tribunal de
Apelación de Sentencia, hasta por un año más, siempre que fije el tiempo concreto de la
prórroga. En este caso, el tribunal deberá indicar las medidas necesarias para acelerar el
trámite del procedimiento.
Si el tribunal de juicio dicta sentencia condenatoria que imponga pena privativa de
libertad, el plazo de prisión preventiva podrá ser prorrogado mediante resolución fundada,
por seis meses más. Esta última prórroga se sumará a los plazos de prisión preventiva
señalados en el artículo anterior y en el párrafo primero de esta norma.
Vencidos esos plazos, no podrá acordarse una nueva ampliación del tiempo de la
prisión preventiva, salvo lo dispuesto en el párrafo final de este artículo, para asegurar la
realización del debate o de un acto particular, comprobar la sospecha de fuga o impedir la
obstaculización de la averiguación de la verdad o la reincidencia. En tales casos, la
privación de libertad no podrá exceder del tiempo absolutamente necesario para cumplir la
finalidad de la disposición.
El Tribunal de Apelación de Sentencia, excepcionalmente y de oficio, podrá
autorizar una prórroga de la prisión preventiva superior a los plazos anteriores y hasta por
seis meses más, cuando dispongan el reenvío a un nuevo juicio.
De manera excepcional, la Sala de Casación Penal podrá ampliar, en los asuntos
de su conocimiento, la prisión preventiva hasta por seis meses más allá de los términos de
ley autorizados con anterioridad.
(Así reformado por el artículo 1° «Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia, otras
Reformas al Régimen de Impugnación e Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en
el Proceso Penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)

ARTICULO 259.-
Suspensión de los plazos de prisión preventiva
Los plazos previstos en el artículo anterior, se suspenderán en los siguientes casos:
()a) Durante el tiempo en que el procedimiento esté suspendido a causa de la interposición de un recurso o acción ante la Sala Constitucional. () (Por resolución de la Sala Constitucional de N° 2004-03901 del 21/04/2004,
interpretó el inciso a) de este artículo en el siguiente sentido: se declara que esa
norma no contraviene el artículo 39 constitucional ni los principios de seguridad y
certeza jurídica siempre y cuando se interprete que la suspensión del plazo de la
prisión preventiva dispuesta en esa norma no puede en ningún caso superar los
plazos máximos establecidos en el artículo 378 inciso a) del Código Procesal Penal y
que, cumplidos éstos, deberá ponerse al imputado en libertad.)
b) Durante el tiempo en que el debate se encuentre suspendido o se aplace su
iniciación por impedimento o inasistencia del imputado o su defensor, o a solicitud
de estos, siempre que la suspensión o el aplazamiento no se haya dispuesto por
necesidades relacionadas con la adquisición de la prueba o como consecuencia de
términos para la defensa.
c) Cuando el proceso deba prolongarse ante gestiones o incidencias evidentemente
dilatorias formuladas por el imputado o sus defensores, según resolución motivada
del tribunal.
ARTICULO 260.-
Limitaciones No se decretará la prisión preventiva de las personas mayores de setenta
años o valetudinarias, si el tribunal estima que, en caso de condena, no se les impondrá
pena mayor a cinco años de prisión. Tampoco se decretará en relación con personas
afectadas por una enfermedad grave y terminal. En estos casos, si es imprescindible la
restricción de la libertad, se deberá decretar el arresto domiciliario o la ubicación en un
centro médico o geriátrico. Podrá sustituirse la prisión preventiva por el arresto
domiciliario, a las mujeres en estado avanzado de embarazo o con un hijo menor de tres
meses de edad, cuando la privación de libertad ponga en peligro la vida, la salud o la
integridad de la madre, el feto o el hijo.

ARTICULO 261.-
Incomunicación El tribunal podrá ordenar la incomunicación del imputado en resolución
fundada, hasta por diez días consecutivos, cuando previamente haya dispuesto la prisión
preventiva y existan motivos que se harán constar en la resolución, para estimar que se

pondrá de acuerdo con sus cómplices u obstaculizará de otro modo la investigación. La
incomunicación no impedirá que el imputado se comunique con su defensor
inmediatamente antes de rendir su declaración o antes de realizar cualquier acto que
requiera su intervención personal. El Ministerio Público y la policía judicial podrán disponer
la incomunicación del aprehendido sólo por el plazo necesario para gestionar la orden
judicial, el cual no podrá exceder de seis horas.
ARTICULO 262.-
Internación El tribunal podrá ordenar la internación del imputado en un
establecimiento asistencial, previa comprobación, por dictamen pericial, de que sufre una
grave alteración o insuficiencia de sus facultades mentales, que lo tornan peligroso para sí
o para terceros, cuando medien los siguientes requisitos:
a) La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener,
razonablemente, que es autor de un hecho punible o partícipe en él.
b) La existencia de una presunción suficiente de que no se someterá al
procedimiento u obstruirá un acto concreto de investigación.

TITULO II . MEDIDA CAUTELAR DE CARACTER REAL

ARTICULO 263.-
Embargo El actor civil podrá formular la solicitud de embargo en el escrito de
constitución o con posterioridad, sin perjuicio de la facultad de solicitar el embargo
preventivo.
El embargo será acordado por el tribunal, a petición de parte, para garantizar la
reparación de los daños y perjuicios, y el pago de las costas.

ARTICULO 264.-
Aplicación supletoria Con respecto al embargo y a todas sus incidencias, regirán en cuanto
sean aplicables las prescripciones del Código Procesal Civil.

LIBRO V. COSTAS E INDEMNIZACIONES
TITULO I. COSTAS

ARTICULO 265.-
Costas del imputado En todo proceso, el Estado cubrirá los gastos en relación con el
imputado y las demás partes que gocen del beneficio de litigar sin el cobro de ellos.
Cuando el imputado tenga solvencia económica, deberá pagar al Poder Judicial los
servicios de defensor público o cualquier otro que haya recibido. Para ello, se seguirá el
procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, respecto del defensor
público. Se exceptúa de ese deber el pago del traductor o del intérprete oficiales.

ARTICULO 266.-
Resolución necesaria El tribunal penal deberá pronunciarse en forma motivada sobre el
pago de costas procesales y personales al dictar la resolución que ponga término a la
causa.

ARTICULO 267.-
Fijación de las costas Las costas estarán a cargo de la parte vencida, pero el tribunal
podrá eximirla, total o parcialmente, cuando haya razón plausible para litigar. Cuando sean
varios los condenados al pago de costas, el tribunal fijará la parte proporcional que
corresponda a cada uno, sin perjuicio de la solidaridad que establezca la ley.

ARTICULO 268.-

Personas exentas Los representantes del Ministerio Público, abogados y mandatarios que
intervengan en el proceso, no podrán ser condenados en costas, salvo los casos en que
especialmente se disponga lo contrario y sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o
disciplinaria en que incurran.
ARTICULO 269.-
Contenido Las costas consistirán en:
a) Los gastos originados por la tramitación del procedimiento.
b) El pago de los honorarios de los abogados, de otros profesionales y demás
personas que hayan intervenido en el procedimiento.

ARTICULO 270.-
Acción civil Si es admitida la pretensión civil en la sentencia, el imputado y el tercero
civilmente demandado soportarán solidariamente las costas; si se rechaza la pretensión,
las soportará el actor civil. Si la acción no puede proseguir, cada uno de los intervinientes
soportará sus propias costas, salvo que las partes hayan convenido otra medida o el
tribunal, por las circunstancias del caso, las distribuya de otra manera.

TITULO II. INDEMNIZACION AL IMPUTADO

ARTICULO 271.-
Deber de indemnización. El Estado deberá indemnizar a la persona que haya sido
sometida, indebidamente, a una medida cautelar por un funcionario público que
actuó arbitrariamente o con culpa grave, en los términos del artículo 199 de la Ley
General de la Administración Pública. En este caso, el funcionario será
solidariamente responsable con el Estado.
También procederá la indemnización, sólo a cargo del Estado, cuando una persona haya
sido sometida a prisión preventiva y luego es sobreseída o absuelta, con plena
demostración de inocencia.

(Mediante resolución de la Sala Constitucional N° 2992 del 05 de marzo de 2013, se
estableció que se declara sin lugar la acción interpuesta contra el párrafo segundo de este
artículo siempre y cuando la frase «con plena demostración de inocencia», se interprete
en el sentido que la absolutoria o el sobreseimiento se dictaron porque hay certeza
sobre su inocencia.)

ARTICULO 272.-
Competencia Corresponderá a la jurisdicción contencioso adminis-trativa conocer de las
demandas de indemnización a que se refiere el artículo anterior. Cuando la actuación del
funcionario constituya delito, la indemnización podrá reclamarse en la jurisdicción penal
por medio de la acción civil resarcitoria.

ARTICULO 273.-
Muerte del derechohabiente Si quien tiene derecho a la reparación ha fallecido, sus
sucesores tendrán derecho a cobrar o gestionar la indemnización prevista, en los límites
de su cuota hereditaria.

SEGUNDA PARTE. PROCEDIMIENTOS
LIBRO I. PROCEDIMIENTO ORDINARIO
TITULO I. PROCEDIMIENTO PREPARATORIO
CAPITULO I. NORMAS GENERALES

ARTICULO 274.-
Finalidad
El procedimiento preparatorio tendrá por objeto determinar si hay base para el
juicio, mediante la recolección de los elementos que permitan fundar la acusación del fiscal
o del querellante y la defensa del imputado.

ARTICULO 275.-
Legajo de investigación El Ministerio Público formará un legajo de investigación, con el fin
de preparar su requerimiento, al que agregará los documentos que puedan ser
incorporados al debate.

ARTICULO 276.-
Validez de las actuaciones No tendrán valor probatorio para fundar la condena del acusado
las actuaciones de la investigación preparatoria, salvo las pruebas recibidas de
conformidad con las reglas de los actos definitivos e irreproductibles y las que este Código
autoriza introducir en el debate por lectura.

ARTICULO 277.-
Actuación jurisdiccional Corresponderá al tribunal del procedimiento preparatorio realizar
los anticipos jurisdiccionales de prueba, resolver excepciones y demás solicitudes propias
de esta etapa, otorgar autorizaciones y, en general, controlar el cumplimiento de los
principios y garantías establecidos en la Constitución, el Derecho Internacional y
Comunitario vigentes en Costa Rica y en este Código. Lo anterior no impedirá que el
interesado pueda replantear la cuestión en la audiencia preliminar. Los fiscales no podrán
realizar actos propiamente jurisdiccionales y los jueces, salvo las excepciones
expresamente previstas por este Código, no podrán realizar actos de investigación.

CAPITULO II. ACTOS INICIALES
Sección primera. Denuncia

ARTICULO 278.-
Facultad de denunciar Quienes tengan noticia de un delito de acción pública podrán
denunciarlo al Ministerio Público, a un tribunal con competencia penal o a la Policía
Judicial, salvo que la acción dependa de instancia privada.

En este último caso, sólo podrá denunciar quien tenga facultad de instar, de
conformidad con este Código.
El tribunal que reciba una denuncia la pondrá inmediatamente en conocimiento del
Ministerio Público.
(Nota: Como complemento, véase supra el artículo 152 bis, que trata del caso de
recepción de denuncias por delitos sexuales o tentativa, y la obligación de denunciado de
aportar una pensión alimenticia)

ARTICULO 279.-
Forma La denuncia podrá presentarse en forma escrita o verbal, personalmente o por
mandatario especial. En el último caso deberá acompañarse con un poder.
Cuando sea verbal, se extenderá un acta de acuerdo con las formalidades establecidas en
este Código.
En ambos casos el funcionario comprobará la identidad del denunciante.

ARTICULO 280.-
Contenido La denuncia deberá contener, en cuanto sea posible, la relación circunstanciada
del hecho, con indicación de sus autores y partícipes, damnificados, testigos y demás
elementos que puedan conducir a su comprobación y calificación legal.

ARTICULO 281.-
Obligación de denunciar Tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de
oficio:
a) Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus
funciones.
b) Los médicos, parteras, farmacéuticos y demás personas que ejerzan cualquier
ramo del arte de curar, que conozcan esos hechos al prestar los auxilios de su
profesión, salvo que el conocimiento adquirido por ellos esté protegido por la ley
bajo el amparo del secreto profesional.
c) Las personas que por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico
tengan a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o control de bienes o
intereses de una institución, entidad o persona, respecto de delitos cometidos en su
perjuicio o en perjuicio de la masa o patrimonio puesto bajo su cargo o control y
siempre que conozcan el hecho con motivo del ejercicio de sus funciones.
En todos estos casos, la denuncia no será obligatoria si razonablemente arriesga la
persecución penal propia, del cónyuge, o de parientes hasta tercer grado por
consanguinidad o afinidad, o de una persona que conviva con el denunciante ligada a él
por lazos especiales de afecto.

Artículo 282.- Desestimación
Cuando el hecho denunciado no constituya delito o sea imposible proceder, el
Ministerio Público solicitará al tribunal del procedimiento preparatorio, mediante
requerimiento fundado, la desestimación de la denuncia, la querella o las actuaciones
policiales.
La desestimación no impedirá reabrir el procedimiento, cuando nuevas
circunstancias así lo exijan, ni eximirá al Ministerio Público del deber de practicar los actos
de investigación que no admitan demora.
La resolución que admite la desestimación, se comunicará a la víctima de
domicilio conocido y será apelable por esta, por el querellante, el actor civil y el Ministerio
Público.
Si se trata de una víctima que está siendo objeto de protección, el fiscal a cargo
del caso deberá informarla de inmediato.
(Así reformado por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás
intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)

Sección segunda. Intervención de la policía judicial

ARTICULO 283.-
Diligencias preliminares Los funcionarios y agentes de la policía judicial que tengan
noticia de un delito de acción pública, dentro de las seis horas siguientes a su primera
intervención, informarán al Ministerio Público. Bajo la dirección y control del fiscal
encargado de la investigación, practicarán las diligencias preliminares para reunir o
asegurar, con urgencia, los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultamiento de los
sospechosos. La misma regla se aplicará cuando el Ministerio Público les encomiende una
investigación preventiva.

ARTICULO 284.-
Actuación de la policía administrativa Los agentes de la policía administrativa serán
considerados oficiales o agentes de la policía judicial, cuando cumplan las funciones que la
ley y este Código les impone a estos y serán auxiliares los empleados de aquella. La
policía administrativa, en cuanto cumpla actos de policía judicial, estará bajo la autoridad
de los jueces y fiscales, sin perjuicio de la autoridad general administrativa a que esté
sometida. Actuará siempre que no pueda hacerlo inmediatamente la policía judicial, pero
desde el momento en que esta intervenga, la administrativa será su auxiliar.

Artículo 285.- Función
La policía judicial, por iniciativa propia, por denuncia u orden de la autoridad
competente, procederá a investigar los delitos de acción pública, a impedir que los hechos
cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores; además, procederá identificar y
aprehender, preventivamente, a los presuntos culpables y reunir, asegurar y ordenar
científicamente las pruebas y demás antecedentes necesarios para basar la acusación o
determinar el sobreseimiento.
Asimismo, cuando con motivo de las investigaciones, determine la existencia de
un riesgo para la vida o seguridad de la víctima o un testigo, adoptará las medidas
urgentes necesarias para garantizar su protección y la reserva de su identidad mientras
informa del hecho al Ministerio Público o al juez competente. Además, comunicará el
hecho a la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público, para que inicie
lo previsto en esta Ley para la protección extraprocesal de la persona, si correspondiere.
Si el delito es de acción privada, solo deberá proceder cuando reciba orden del
tribunal; pero si es de instancia privada, actuará por denuncia de la persona autorizada
para instar.
(Así reformado por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás
intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)

ARTICULO 286.-
Atribuciones La policía judicial tendrá las siguientes atribuciones:
a) Recibir denuncias.
b) Cuidar que el cuerpo y los rastros del delito sean conservados.
c) Si hay peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la
investigación, hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares,
mediante inspecciones, planos, fotografías, exámenes técnicos y demás
operaciones que aconseje una adecuada investigación.
d) Proceder a los allanamientos y las requisas, con las formalidades y
limitaciones establecidas en este Código.
e) Ordenar, si es indispensable, la clausura del local en que por indicios se
suponga que se ha cometido un delito.
f) Entrevistar a los testigos presumiblemente útiles para descubrir la verdad.
Cuando, con motivo de las investigaciones, determine la existencia de un
riesgo para la vida o seguridad de la víctima o un testigo, adoptará las
medidas urgentes necesarias para garantizar su protección y la reserva de su
identidad mientras informa del hecho al Ministerio Público o al juez
competente, en un plazo máximo de veinticuatro horas. En estos casos, no
podrá consignar en el informe los datos que permitan identificar y localizar a la
víctima o al testigo, sin perjuicio de lo que resuelva el juez competente.
(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 16 de la Ley de Protección a
Víctimas, Testigos y demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4
de marzo de 2009)
g) Citar, aprehender e incomunicar al presunto culpable en los casos y forma
que este Código autoriza.
h) Identificar al imputado e interrogarlo en presencia de su defensor, durante
las primeras seis horas de su aprehensión o detención, con fines
investigativos, respetando los derechos fundamentales y las garantías
establecidas en la Constitución Política y las leyes.
(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 16 de la Ley de Protección a
Víctimas, Testigos y demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4
de marzo de 2009).

En el caso de los incisos b), c) y d) si no puede realizar la diligencia por impedimento legal deberá tomar las previsiones del caso para que no se alteren las circunstancias por
constatar, mientras interviene el juez o el fiscal.

ARTICULO 287.-
Medida precautoria Cuando en el primer momento de la investigación de un hecho no sea
posible individualizar al autor, partícipes ni a los testigos y se deba proceder con urgencia
para no perjudicar la averiguación de la verdad, se podrá disponer que los presentes no se
alejen del lugar, ni se comuniquen entre sí antes de informar, ni se modifique el estado de
las cosas ni de los lugares, disponiendo las medidas del caso. Serán aplicables las reglas
de la aprehensión y la incomunicación.

ARTICULO 288.-
Informe sobre las diligencias preliminares Los oficiales y auxiliares de la policía rendirán
un informe al Ministerio Público sobre las actuaciones que hayan realizado para investigar
un hecho delictivo.

Sección tercera
Actos del Ministerio Público
ARTICULO 289.-
Finalidad de la persecución penal Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento
de un delito de acción pública, deberá impedir que produzca consecuencias ulteriores y
promoverá su investigación para determinar las circunstancias del hecho y a sus autores o
partícipes.

ARTICULO 290.-
Facultades del Ministerio Público El Ministerio Público practicará las diligencias y
actuaciones de la investigación preparatoria que no requieran autorización judicial ni
tengan contenido jurisdiccional. Podrá exigir informaciones de cualquier funcionario o
empleado público, quienes están obligados a colaborar con la investigación, según sus
respectivas competencias y a cumplir las solicitudes o pedidos de informes que se realicen

conforme a la ley. Además, podrá disponer las medidas razonables y necesarias para
proteger y aislar indicios de prueba en los lugares donde se investigue un delito, a fin de
evitar la desaparición o destrucción de rastros, evidencias y otros elementos materiales.
ARTICULO 291.-
Facultad de investigación El Ministerio Público podrá realizar las diligencias que permitan
asegurar los elementos de prueba esenciales sobre el hecho punible y determinar a sus
autores y partícipes, aun cuando se haya suspendido el proceso a prueba o se haya
aplicado un criterio de oportunidad.

ARTICULO 292.-
Participación en los actos El Ministerio Público permitirá la presencia de las partes en los
actos que practique; asimismo, velará porque su participación no interfiera en el normal
desarrollo de las actividades. Cualquiera de las partes podrá proponer diligencias de
investigación. El Ministerio Público deberá realizarlas si las considera pertinentes y útiles, y
hará constar las razones de su negativa, a los efectos que después correspondan. En este
último caso, las partes pueden acudir ante el tribunal del procedimiento preparatorio que
se pronunciará, sin sustanciación, sobre la procedencia de la prueba.

Artículo 293.-Anticipo jurisdiccional de prueba
Cuando sea necesaria la práctica de un acto definitivo e irreproductible, que afecte
derechos fundamentales, o cuando deba recibirse una declaración que, por algún
obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrá recibirse durante el juicio, o bien,
cuando por la complejidad del asunto, exista probabilidad de que el testigo olvide
circunstancias esenciales sobre lo que conoce o cuando se trate de personas que deben
abandonar el país, el Ministerio Público o cualquiera de las partes podrá requerir al juez
que la realice o reciba. Cuando se trate de un testigo o una víctima cuya seguridad, vida o
integridad física corran riesgo con motivo de su participación en el proceso y se presuma,
razonablemente, que su declaración en juicio no será posible, pues el riesgo no se reducirá
o podría aumentar, el Ministerio Público, el querellante o la defensa, solicitarán al juez que
ordene la recepción anticipada de su testimonio. En todos los casos en que se haya
acordado la reserva de las características físicas del declarante, por la existencia de un
riesgo para su vida o la integridad física, se procederá a recibir su testimonio en forma
anticipada.
El juez practicará el acto, si lo considera admisible, citando a todas las partes,
quienes tendrán el derecho de asistir, con todas las facultades y obligaciones previstas por
este Código.
Para la recepción del anticipo jurisdiccional de prueba, podrán utilizarse los medios
tecnológicos de los cuales se disponga, como la videoconferencia, las grabaciones, los
circuitos cerrados de televisión, las filmaciones o cualquier otro medio, a fin de garantizar
la pureza del acto y la vigencia de los principios de inmediación y oralidad propios del
juicio, así como el derecho de defensa. Cuando la identidad del testigo o la víctima se
encuentre protegida, se recibirá el anticipo, manteniendo reserva de sus datos de
identificación y con el auxilio de los medios tecnológicos disponibles o de cámaras
especiales que permitan mantener ocultas o disimuladas sus características físicas, según
el alcance de la protección acordada por el juez.
La resolución que acoja o rechace el anticipo será apelable por la defensa, el
Ministerio Público y el querellante.
El rechazo de una solicitud de anticipo jurisdiccional de prueba, no impedirá su
replanteamiento, si nuevas circunstancias o elementos de prueba así lo señalan.
(Así reformado por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás
intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)

ARTICULO 294.-
Urgencia Cuando se ignore quién podría ser el imputado o si alguno de los actos previstos
en el artículo anterior es de extrema urgencia, el Ministerio Público podrá requerir
verbalmente la intervención del juez y este practicará el acto con prescindencia de las
citaciones previstas y, de ser necesario, designará un defensor público para que participe
en el acto. Cuando se ha procedido por urgencia, después de practicado el acto, deberá
ser puesto en conocimiento de las partes. No se podrá prescindir de la citación previa en
los casos en que deba recibirse declaración a un testigo ante la posibilidad de que olvide
circunstancias esenciales.

ARTICULO 295.-
Privacidad de las actuaciones El procedimiento preparatorio no será público para terceros.
Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por las partes, directamente o por medio de
sus representantes. Los abogados que invoquen un interés legítimo serán informados por
el Ministerio Público sobre el hecho que se investiga y sobre los imputados o detenidos que
existan, con el fin de que decidan si aceptan participar en el caso. Las partes, los
funcionarios que participen de la investigación y las demás personas que, por cualquier
motivo, tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas, tendrán la obligación de
guardar secreto. El incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave.

ARTICULO 296.-
Secreto de las actuaciones Si el imputado no está privado de su libertad, el Ministerio
Público podrá disponer, sólo una vez y mediante resolución fundada, el secreto total o
parcial de las actuaciones, por un plazo que no podrá superar los diez días consecutivos,
siempre que la publicidad entorpezca el descubrimiento de la verdad. El plazo podrá
prorrogarse hasta por otro tanto, pero, en este caso, cualquiera de los nombrados, sus
defensores o mandatarios podrán solicitar al tribunal del procedimiento preparatorio, que
examine los fundamentos de la disposición y ponga fin a la reserva. A pesar del
vencimiento de los plazos establecidos, cuando la eficacia de un acto particular dependa
de la reserva parcial de las actuaciones, el Ministerio Público podrá solicitar al juez que
disponga realizarlo sin comunicación previa a las partes, las que serán informadas del
resultado de la diligencia.

ARTICULO 297.-
Valoración inicial Recibidas las primeras diligencias, el fiscal las valorará con el fin
de examinar si debe continuar con la investigación o solicitar lo siguiente:

a) La desestimación de la denuncia, de la querella o de las actuaciones policiales.
b) El sobreseimiento.
c) La incompetencia por razón de la materia o el territorio.
d) La aplicación de un criterio de oportunidad e) La suspensión del proceso a
prueba.
f) La aplicación del procedimiento abreviado.
g) La conciliación.
h) Cualquier otra medida tendente a finalizar el proceso.

Artículo 298.-Archivo fiscal
Si no se ha podido individualizar al imputado, el Ministerio Público podrá disponer,
por sí mismo, fundadamente, el archivo de las actuaciones. La decisión se le comunicará a
la víctima de domicilio conocido, quien podrá objetar el archivo ante el tribunal del
procedimiento preparatorio e indicará las pruebas que permitan individualizar al imputado.
Si el juez admite la objeción, ordenará que prosiga la investigación.
El archivo fiscal no impide que la investigación se reabra si, con posterioridad,
aparecen datos que permitan identificar al imputado.
La víctima también podrá objetar ante el tribunal del procedimiento preparatorio, los
errores, las omisiones o los retrasos que estime han ocurrido en la investigación de los
hechos en su perjuicio. El juez dará audiencia tanto al Ministerio Público como a la
defensa, por el término de cinco días, y resolverá lo que corresponda. Si la protesta se
relaciona con la no evacuación de una prueba, el juez dispondrá lo pertinente, según el
procedimiento regulado en el artículo 292 de este Código. La víctima podrá apelar la
decisión.
(Así reformado por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás
intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)

CAPITULO III. CONCLUSION DEL PROCEDIMIENTO PREPARATORIO

Artículo 299- Actos conclusivos. Cuando el Ministerio Público o el querellante
estimen que los elementos de prueba son insuficientes para fundar la acusación, podrán
requerir la desestimación o el sobreseimiento definitivo o provisional.
También, podrán solicitar la suspensión del proceso a prueba, la aplicación de
criterios de oportunidad, el procedimiento abreviado, la aplicación del procedimiento de
justicia restaurativa o que se promueva la conciliación. Junto con el requerimiento
remitirán al juez las actuaciones, las evidencias y los demás medios de prueba materiales
que tengan en su poder.
(Así reformado por el artículo 47 de la Ley de justicia restaurativa, N° 9582 del 2 de julio
del 2018)

Artículo 300.- Intervención de la víctima
Cuando el Ministerio Público decida solicitar la aplicación de un criterio de
oportunidad o el sobreseimiento, deberá ponerlo en conocimiento de la víctima de
domicilio conocido para que esta manifieste si pretende constituirse en querellante. En
este caso, deberá indicarlo por escrito dentro de los tres días siguientes. La querella
deberá presentarse ante el Ministerio Público, dentro de los diez días siguientes al
vencimiento del plazo anterior. Recibida la querella, el Ministerio Público la trasladará al
tribunal del procedimiento intermedio, si el imputado hubiera tenido ya oportunidad para
rendir su declaración; en caso contrario, de previo, le brindará esa posibilidad. También
trasladará las actuaciones y adjuntará su solicitud.
(Así reformado por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás
intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)

ARTICULO 301.-
Remisión de las actuaciones al tribunal Si la víctima no se manifiesta dentro de los tres
días o no formula la querella en el plazo de diez días, el Ministerio Público trasladará la
gestión al tribunal del procedimiento intermedio para que resuelva, sin sustanciación, lo
que corresponda. Si la víctima formula en tiempo la querella, el tribunal del procedimiento
intermedio notificará a las partes y pondrá a su disposición las actuaciones y evidencias
reunidas en la investigación, para que puedan examinarlas en el plazo común de cinco
días. En la misma resolución convocará a la audiencia preliminar.

ARTICULO 302.-
Disconformidad Cuando el tribunal considere procedente la apertura a juicio y el Ministerio
Público haya solicitado la desestimación o el sobreseimiento, sin que la víctima haya
querellado, aquel le remitirá nuevamente las actuaciones al fiscal, por auto fundado, para
que modifique su petición en el plazo máximo de cinco días. Si el fiscal ratifica su solicitud
y el tribunal mantiene su posición, se enviarán las actuaciones al Fiscal General o al fiscal
superior que él haya designado, para que peticione nuevamente o ratifique lo planteado
por el fiscal inferior. Cuando el Ministerio Público reitere su solicitud, el juez deberá
resolver conforme a lo peticionado, sin perjuicio de la impugnación de la decisión por la
víctima.

ARTICULO 303.-
Acusación y solicitud de apertura a juicio Cuando el Ministerio Público estime que la
investigación proporciona fundamento para someter a juicio público al imputado,
presentará la acusación requiriendo la apertura a juicio.
La acusación deberá contener:
a) Los datos que sirvan para identificar al imputado.
b) La relación precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuya.
c) La fundamentación de la acusación, con la expresión de los elementos de
convicción que la motivan.
d) La cita de los preceptos jurídicos aplicables.
e) El ofrecimiento de la prueba que se presentará en el juicio.
Con la acusación el Ministerio Público remitirá al juez las actuaciones y las
evidencias que tenga en su poder y puedan ser incorporadas al debate.

Artículo 304.-Ofrecimiento de prueba para el juicio
Al ofrecerse la prueba, se presentará la lista de testigos y peritos, con la
indicación del nombre, la profesión y el domicilio. Se presentarán también los documentos
o se señalará el lugar donde se hallen, para que el tribunal los requiera. Los medios de
prueba serán ofrecidos con indicación de los hechos o las circunstancias que se pretenden
probar, bajo pena de inadmisibilidad.
En esta misma oportunidad, el Ministerio Público o el querellante le solicitarán al
juez que adopte las medidas necesarias para la protección procesal del testigo o la
víctima, según el caso, o bien, que se continúe con la protección ya acordada, hasta
sentencia firme. En caso de que se trate de la primera solicitud de protección, se
acompañará el informe mencionado en el artículo 204 bis de este Código y, en la audiencia
preliminar, se escuchará a las partes sobre el tema. La decisión se adoptará y se
mantendrá en legajo separado.
El fiscal a cargo del caso será el encargado de citar al testigo o la víctima objeto
de protección procesal; para ello, podrá coordinar lo pertinente con la Oficina de Atención
a la Víctima del Delito del Ministerio Público.
(Así reformado por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás
intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)
(Ver resolución de la Sala Constitucional N° 01-6677 del once de julio del dos mil uno, en
el sentido que el artículo ()304 del Código Procesal Penal no es violatorio del derecho de abstención reconocido en el artículo 36 de la Constitución Política). ()(Nota de Sinalevi: El texto al cual se refiere el voto de la Sala Constitucional N° 01-
6677, se encuentra recogido en el párrafo primero de este artículo, de conformidad con la
reforma realizada por la ley N° 8720).
(La Sala Constitucional mediante resolución N° 17907-10 del 27 de octubre del 2010,
estimó que este artículo no resulta inconstitucional, «siempre y cuando se interprete que a
partir de la fase del debate únicamente procede la protección extraprocesal de la víctima o
testigo, a fin de no lesionar el derecho de defensa y que dicha protección debe
mantenerse, aún después de la firmeza del fallo, mientras resulte necesaria para la
seguridad del testigo, perito, deponente o sus familiares.»)

ARTICULO 305.-
Acusación alternativa o subsidiaria En la acusación el Ministerio Público o el querellante
podrán señalar, alternativa o subsidiariamente, las circunstancias del hecho que permitan
calificar el comportamiento del imputado en un delito distinto, a fin de posibilitar su

correcta defensa.
ARTICULO 306.-
Traslado de la acusación El Ministerio Público deberá poner la acusación en conocimiento
de la víctima de domicilio conocido que haya pedido ser informada de los resultados del
procedimiento, para que manifieste si pretende constituirse en querellante, caso en el cual
deberá indicarlo por escrito dentro de los tres días siguientes. La querella deberá
presentarse ante el Ministerio Público dentro de los diez días siguientes al vencimiento del
plazo anterior.

ARTICULO 307.-
Ampliación de la querella Cuando la víctima haya formulado querella, el Ministerio Público
también deberá ponerle en conocimiento la acusación, para que con vista de esta y en el
plazo de los diez días siguientes amplíe o aclare la relación de hechos contenida en la
querella y la fundamentación jurídica, y ofrezca nueva prueba. El silencio del querellante
no constituirá desistimiento.

ARTICULO 308.-
Pretensiones del actor civil Cuando se haya ejercido la acción civil resarcitoria, el Ministerio
Público también deberá poner la acusación en conocimiento del actor civil, para que dentro
del plazo de cinco días concrete sus pretensiones, indique la clase y forma de reparación
que demanda y liquide el monto de los daños y perjuicios que estime haber sufrido hasta
ese momento, sin perjuicio de ampliar las partidas por las consecuencias futuras. En esta
misma oportunidad, deberá ofrecer la prueba para el juicio oral conforme a las exigencias
señaladas para la acusación.

ARTICULO 309.-
Declaración del imputado La acusación o la querella no se trasladará al tribunal del
procedimiento intermedio, si antes no se le ha dado oportunidad al imputado de rendir
declaración.

TITULO II. PROCEDIMIENTO INTERMEDIO
CAPITULO I. RESOLUCIONES CONCLUSIVAS

ARTICULO 310.-
Procedimiento Cuando únicamente se formulen requerimientos o solicitudes
diversos a la acusación o la querella, el tribunal del procedimiento intermedio resolverá sin
sustanciación lo que corresponda, salvo disposición en contrario o que estime
indispensable realizar la audiencia preliminar, en cuyo caso convocará a las partes.

ARTICULO 311.-
Sobreseimiento definitivo El sobreseimiento definitivo procederá cuando:
a) El hecho denunciado no se realizó o no fue cometido por el imputado.
b) El hecho no esté adecuado a una figura penal.
c) Medie una causa de justificación o inculpabilidad.
d) La acción penal se ha extinguido.
e) A pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de
incorporar nuevos elementos de prueba y no hay bases para requerir
fundadamente la apertura a juicio.

ARTICULO 312.-
Contenido de la resolución La resolución que acuerda el sobreseimiento definitivo
deberá contener:
a) La identidad del imputado.
b) La enunciación de los hechos de la acusación.
c) La descripción de los hechos probados.
d) La fundamentación fáctica y jurídica.

e) La parte resolutiva, con cita de los preceptos jurídicos aplicables.
ARTICULO 313.-
Efectos del sobreseimiento definitivo Firme el sobreseimiento definitivo, cerrará
irrevocablemente el procedimiento en relación con el imputado en cuyo favor se dicte,
impedirá una nueva persecución penal por el mismo hecho y cesarán las medidas
cautelares impuestas.

ARTICULO 314.-
Sobreseimiento provisional Si no corresponde el sobreseimiento definitivo y los elementos
de prueba resultan insuficientes para realizar el juicio, se ordenará el sobreseimiento
provisional, por auto fundado que mencione concretamente los elementos de prueba
específicos que se espera incorporar. Se harán cesar las medidas cautelares impuestas al
imputado. Si nuevos elementos de prueba permiten la continuación del procedimiento, el
tribunal, a pedido de cualquiera de las partes, admitirá la prosecución de la investigación.
Si dentro del año de dictado el sobreseimiento provisional no se solicita la reapertura, se
declarará, de oficio, la extinción de la acción penal.

ARTICULO 315.-
Recurso El Ministerio Público, el querellante, el actor civil y la víctima podrán interponer
recurso de apelación, con efecto suspensivo, contra el sobreseimiento definitivo, dictado
en las etapas preparatoria e intermedia.

CAPITULO II. EXAMEN DE LA ACUSACION Y LA QUERELLA

ARTICULO 316.-
Audiencia preliminar Cuando se formule la acusación o la querella, aún cuando
existan también otras solicitudes o requerimientos, el tribunal del procedimiento
intermedio notificará a las partes y pondrá a su disposición las actuaciones y las

evidencias reunidas durante la investigación, para que puedan examinarlas en el plazo
común de cinco días.
En la misma resolución, convocará a las partes a una audiencia oral y privada, que
deberá realizarse dentro de un plazo no menor de diez días, ni mayor de veinte.
ARTICULO 317.-
Facultades y deberes de las partes Dentro del plazo previsto en el párrafo primero
del artículo trasanterior, las partes podrán:
a) Objetar la solicitud que haya formulado el Ministerio Público o el querellante, por
defectos formales o sustanciales.
b) Oponer excepciones.
c) Solicitar el sobreseimiento definitivo o provisional, la suspensión del proceso a
prueba, la imposición o revocación de una medida cautelar o el anticipo de prueba.
d) Solicitar la aplicación del procedimiento abreviado, de un criterio de oportunidad
o la conciliación.
e) Ofrecer la prueba para el juicio oral y público, conforme a las exigencias
señaladas para la acusación.
f) Plantear cualquier otra cuestión que permita una mejor preparación del juicio.
Dentro del mismo plazo, las partes deberán ofrecer los medios de prueba
necesarios para resolver las cuestiones propias de la audiencia preliminar.

Artículo 318.- Desarrollo de la audiencia
A la audiencia deberán asistir, obligatoriamente, el fiscal y el defensor; no obstante,
si este último no se presenta, será sustituido por un defensor público. En su caso, el
querellante y el actor civil también deberán concurrir, pero su inasistencia no suspende el
acto. El imputado y los demandados civiles también pueden intervenir.
La víctima de domicilio conocido deberá ser convocada para que participe en la
audiencia; sin embargo, su incomparecencia no suspenderá la diligencia. Cuando se trate
de una víctima que está siendo objeto de protección, la convocatoria a la audiencia deberá
comunicarse a la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público. El
tribunal intentará que las partes se concilien, cuando esta solución sea procedente. Si esta
no se produce o no procede, continuará la audiencia preliminar.
Se les otorgará la palabra, por su orden, al querellante, al representante del
Ministerio Público, al actor civil, al defensor y al representante del demandado civil. El
fiscal y el querellante resumirán los fundamentos de hecho y de derecho, que sustenten
sus peticiones; el actor civil, la defensa y las otras partes manifestarán lo que estimen
pertinente en defensa de sus intereses. En el curso de la audiencia, el imputado podrá
rendir su declaración, conforme a las disposiciones previstas en este Código. Cuando la
víctima se encuentre presente, se le concederá la palabra.
Cuando el tribunal lo considere estrictamente necesario para su resolución,
dispondrá la producción de prueba, salvo que esta deba ser recibida en el juicio oral.
El tribunal evitará que, en la audiencia, se discutan cuestiones que son propias del
juicio oral.
(Así reformado por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás
intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)

Artículo 319.-Resolución.
Finalizada la audiencia, el tribunal resolverá
inmediatamente y de forma oral las cuestiones planteadas, salvo que por lo avanzado de
la hora o cuando se trate de un asunto de tramitación compleja, el juez podrá diferir la
resolución hasta por veinticuatro horas.
El tribunal analizará la procedencia de la acusación o la querella, con el fin de
determinar si existe base para el juicio o, en su caso, si corresponde total o parcialmente
desestimar la causa o sobreseer al imputado.
El tribunal también podrá examinar, conforme al procedimiento establecido, si
corresponde aplicar un criterio de oportunidad, el procedimiento abreviado, suspender el
procedimiento a prueba o autorizar la aplicación de las reglas para asuntos de tramitación
compleja.
Además, el tribunal resolverá las excepciones planteadas, ordenará los anticipos de
prueba que correspondan y se pronunciará sobre la separación o acumulación de juicios.
Decidirá sobre la admisibilidad de la prueba ofrecida para el juicio. Si las partes han
llegado a algún acuerdo sobre la acción civil, ordenará lo necesario para ejecutar lo
acordado.
En esta misma oportunidad, el tribunal deberá examinar la procedencia,
ratificación, revocación o sustitución de las medidas cautelares. A la vez, se pronunciará
sobre las solicitudes de protección de víctimas o testigos o sobre el mantenimiento, la
modificación o el cese de las medidas ya acordadas.
(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 9021 del 3 de enero de 2012)
(Anteriormente este numeral había sido reformado por el artículo 1° «Creación del Recurso
de Apelación de la Sentencia, otras reformas al Régimen de Impugnación e
Implementación de nuevas Reglas de Oralidad en el Proceso Penal», ley N° 8837 del 3 de
mayo de 2010)

ARTICULO 320.-
Admisión de prueba para el juicio El tribunal del procedimiento intermedio admitirá la
prueba pertinente para la correcta solución del caso, y ordenará de oficio la que resulte
esencial. Rechazará la que considere evidentemente abundante o innecesaria. De oficio
podrá ordenar que se reciba prueba en el debate, sólo cuando sea manifiesta la
negligencia de alguna de las partes y su fuente resida en las actuaciones ya realizadas.
Contra lo resuelto sólo procede recurso de revocatoria, sin perjuicio de reiterar la solicitud
de recibo de prueba inadmitida, como prueba para mejor resolver, ante el tribunal de
juicio.

ARTICULO 321.-
Presupuesto para la apertura a juicio El auto de apertura a juicio se podrá dictar con base
en la acusación del Ministerio Público o la del querellante. Si se abre el juicio con base
únicamente en la acusación particular, el querellante continuará en forma exclusiva el
ejercicio de la acción, sin perjuicio de que el representante del Ministerio Público opte por
continuar interviniendo en el procedimiento, pero no estará obligado a mantener la
pretensión de aquel.

ARTICULO 322.-
Auto de apertura a juicio El auto de apertura a juicio indicará la parte de la acusación o de
la querella que resulte admitida, la disposición de enviar a juicio el asunto y el
emplazamiento a las partes para que, en el plazo común de cinco días, concurran ante el
tribunal de sentencia e indiquen el lugar o la forma para recibir notificaciones.

ARTICULO 323.-
Solicitud de realización del debate en dos fases Dentro del plazo previsto en el artículo
anterior, el imputado podrá pedir que el debate se celebre en dos fases, con el fin de que
en la primera se discuta lo concerniente a la existencia de la culpabilidad y en la segunda,
si existe, lo relativo a la individualización de la pena y las consecuencias civiles. En ese
mismo plazo, las partes civiles podrán realizar la misma solicitud; pero, en lo que se
refiere a las consecuencias civiles. Antes de remitir las actuaciones, el tribunal se
pronunciará sobre la solicitud. Resueltos los asuntos anteriores, se remitirán las

actuaciones, los documentos y los objetos incautados al tribunal de juicio y se pondrá a su
orden a los detenidos.

TITULO III. JUICIO ORAL Y PUBLICO
CAPITULO I. NORMAS GENERALES

Artículo 324.-Preparación del juicio
Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al recibo de las diligencias, se
fijarán el día y la hora del juicio, el que no se realizará antes de cinco días ni después de
un mes.
Cuando se haya dispuesto la celebración del debate en dos fases, el tribunal fijará
la fecha para la primera. Al pronunciarse sobre la culpabilidad, deberá fijar, si es
necesario, la fecha para la segunda audiencia, la cual deberá realizarse dentro de los cinco
días siguientes.
El tribunal se integrará conforme a las disposiciones legales que regulan la
jurisdicción y competencia de los tribunales penales, con uno o tres jueces, según
corresponda.
El secretario del tribunal citará a los testigos y peritos; solicitará los objetos y
documentos y dispondrá las medidas necesarias para organizar y desarrollar el juicio
público. Será obligación de las partes y del Ministerio Público coadyuvar en la localización
y comparecencia de los testigos que se hayan propuesto para el juicio; la secretaría del
tribunal les brindará el auxilio necesario por medio de la expedición de las citas, sin
perjuicio del uso de la Fuerza Pública , si es necesario.
Cuando se hayan admitido para juicio testigos que se encuentren protegidos
procesalmente, el tribunal adoptará las medidas necesarias para garantizar la recepción de
su testimonio en la forma acordada al disponerse la protección; para ello, podrá disponer
que la audiencia se realice en forma privada, o que se utilicen los medios tecnológicos
necesarios, todo ello sin perjuicio de lo que pueda resolverse sobre el tema en el curso del
debate, sin perjuicio de que se prescinda de su recepción y se incorpore el anticipo
jurisdiccional de prueba, cuando el riesgo para la vida o la integridad física del declarante
no haya disminuido o se vea aumentado con motivo del juicio, en los términos del inciso
a) del artículo 334 de este Código.
(Así reformado por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás
intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)

ARTICULO 325.-
Excepciones Las excepciones que se fundan en hechos nuevos podrán ser interpuestas
dentro de los cinco días de notificada la convocatoria. No se podrá posponer el juicio por el
trámite ni por la resolución de estas gestiones.

ARTICULO 326.-
Principios El juicio es la fase esencial del proceso. Se realizará sobre la base de la
acusación, en forma oral, pública, contradictoria y continua.

ARTICULO 327.-
Anticipo de prueba El tribunal podrá ordenar que se reciba cualquier prueba que sea
urgente o que, por algún obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrá recibirse
en el debate. Los actos deberán cumplirse en la forma prevista para el anticipo
jurisdiccional de prueba.

ARTICULO 328.-
Inmediación El juicio se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces y de las
partes. El imputado no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del tribunal. Si después
de su declaración rehúsa permanecer, será custodiado en una sala próxima y para todos
los efectos podrá ser representado por el defensor. Sólo en caso de que la acusación sea
ampliada, quien presida la audiencia lo hará comparecer para los fines de la intimación
que corresponda. Si su presencia es necesaria para practicar algún acto o reconocimiento,
podrá ser compelido a comparecer a la audiencia por la fuerza pública. Si el defensor no
comparece a la audiencia o se aleja de ella, se considerará abandonada la defensa y
corresponderá su reemplazo. Si el tercero civilmente demandado no comparece al debate
o se aleja de la audiencia, el juicio proseguirá como si estuviera presente.

ARTICULO 329.-
Limitaciones a la libertad del imputado Si el imputado se halla en libertad, el tribunal
podrá ordenar para asegurar la realización de la audiencia, su conducción por la fuerza
pública y la prisión preventiva; podrá incluso variar las condiciones bajo las cuales goza de
libertad o imponer algunas de las otras medidas cautelares previstas por este Código.

Artículo 330.-Publicidad
El juicio será público. No obstante, el tribunal podrá resolver por auto fundado y
aun de oficio, que se realice, total o parcialmente, en forma privada, cuando:
a) Se afecte directamente el pudor, la vida privada o la integridad física de alguno
de los intervinientes.
b) Afecte gravemente la seguridad del Estado o los intereses de la justicia.
c) Peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial, cuya revelación
indebida sea punible.
d) Esté previsto en una norma específica.
e) Se le reciba declaración a una persona menor de edad y el tribunal estime
inconveniente la publicidad, en atención a su interés superior.
f) Se reciba el testimonio de víctimas y testigos de la trata de personas.
g) Se reciba el testimonio de víctimas o de testigos protegidos procesalmente.
Desaparecida la causa, ingresará nuevamente el público y quien presida la
audiencia relatará brevemente lo sucedido, si el tribunal así lo dispone. El tribunal podrá
imponerles a las partes que intervienen en el acto, el deber de guardar secreto sobre los
hechos que presenciaron o conocieron. De lo ocurrido se dejará constancia en el acta del
debate.
(Así reformado por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás
intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)

Artículo 331- Participación de los medios de comunicación. Para informar al público
de lo que suceda en la sala de debates, las empresas de radiodifusión, televisión o prensa
podrán instalar, en la sala de debates, aparatos de grabación, fotografía, radiofonía,
filmación u otros. El tribunal señalará, en cada caso, las condiciones en que se ejercerán
esas facultades. Sin embargo, por resolución fundada podrá prohibir esa instalación,
cuando perjudique el desarrollo del debate o afecte alguno de los intereses señalados en el
artículo anterior de este Código.
No podrán instalarse esos aparatos ni realizarse filmación o grabación alguna,
cuando se trate de hechos cometidos en perjuicio de personas menores de edad. De la
misma forma, tampoco podrán utilizarse en la audiencia, cuando se trate de la recepción
del testimonio de testigos o víctimas que estén siendo protegidas por la existencia de
riesgos a su vida o integridad física o la de sus familiares, ni en los casos tramitados
mediante el procedimiento de justicia restaurativa. En tales casos, la audiencia para la
recepción de tales testimonios se declarará privada.
Si el imputado, la víctima o alguna persona que deba rendir declaración solicita,
expresamente, que las empresas no graben ni su voz ni su imagen, el tribunal hará
respetar sus derechos.
(Así reformado por el artículo 47 de la Ley de justicia restaurativa, N° 9582 del 2 de julio
del 2018)
ARTICULO 332.-
Prohibiciones para el acceso No podrán ingresar a la sala de audiencias los menores de
doce años, excepto cuando sean acompañados por un mayor de edad que responda por su
conducta. Por razones de disciplina y capacidad de la sala, el tribunal podrá ordenar
también el alejamiento de las personas cuya presencia no sea necesaria, o limitar la
admisión a un determinado número.

ARTICULO 333.-
Oralidad La audiencia será oral; de esa forma deberán declarar el imputado y las demás
personas que participen en ella. Quienes no puedan hablar o no puedan hacerlo de
manera inteligible en español, formularán sus preguntas o contestaciones por escrito o por
medio de intérpretes, leyendo o traduciendo las preguntas o las contestaciones. Las
resoluciones del tribunal durante la audiencia se dictarán verbalmente; todos quedarán
notificados por su pronunciamiento y se dejará constancia en el acta.

Artículo 334.- Excepciones a la oralidad
Solo podrán ser incorporados al juicio por su lectura:
a) Las pruebas recibidas conforme a las reglas del anticipo jurisdiccional de
prueba, sin perjuicio de que las partes o el tribunal exijan la reproducción,
cuando sea posible. Se incorporará el anticipo que se haya hecho por la
existencia de un riesgo para la vida o la integridad física de la víctima o el
testigo, si ese riesgo no ha disminuido o si ha aumentado con motivo de la
celebración del juicio y no existen condiciones para garantizar la recepción del
testimonio en el debate.
b) La denuncia, la prueba documental y los peritajes, los informes, las
certificaciones y las actas de reconocimiento, registro, inspección, secuestro,
requisa, realizadas conforme a lo previsto por este Código.
c) Las declaraciones prestadas por coimputados rebeldes o absueltos.
d) Las actas de las pruebas que se ordene recibir durante el juicio, fuera de la
sala de audiencias.
Cualquier otro elemento de prueba que se incorpore al juicio por lectura, no tendrá
valor alguno, salvo que las partes y el tribunal manifiesten, expresamente, su
consentimiento.
(Así reformado por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás
intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)

ARTICULO 335.-
Dirección del debate Quien presida dirigirá la audiencia, ordenará las lecturas necesarias,
hará las advertencias legales, recibirá los juramentos y declaraciones, ejercerá el poder de
disciplina y moderará la discusión, impidiendo intervenciones impertinentes o que no
conduzcan al esclarecimiento de la verdad, sin coartar por ello el ejercicio de la acusación
ni la amplitud de la defensa. El tribunal en pleno resolverá cuando una decisión de quien
presida sea impugnada. Quienes asistan permanecerán respetuosamente y en silencio,
mientras no estén autorizados para exponer o responder a las preguntas que se les
formulen. No podrán llevar armas u otros objetos aptos para incomodar u ofender, ni
adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo, ni producir disturbios.

ARTICULO 336.-
Continuidad y suspensión La audiencia se realizará sin interrupción, durante las
sesiones consecutivas que sean necesarias hasta su terminación; pero, se podrá
suspender por un plazo máximo de diez días, en los casos siguientes:
a) Cuando deba resolverse alguna gestión que, por su naturaleza, no pueda
decidirse inmediatamente.
b) Cuando sea necesario practicar algún acto fuera del lugar de la audiencia y no
pueda cumplirse en el intervalo entre una y otra sesión.
c) Cuando no comparezcan testigos, peritos o intérpretes cuya intervención sea
indispensable, salvo que pueda continuarse con la recepción de otras pruebas hasta
que el ausente sea conducido por la fuerza pública.
d) Si algún juez, fiscal o defensor se enferma hasta el punto de no poder continuar
su actuación en el juicio, a menos que los dos últimos puedan ser reemplazados
inmediatamente o el tribunal se haya constituido, desde la iniciación de la
audiencia, con un número superior de jueces que el requerido para su integración,
de manera que los suplentes integren el tribunal y permitan la continuación de la
vista.
e) Cuando se compruebe, con dictamen médico forense, que el imputado se
encuentra en la situación prevista en el inciso anterior. En este caso, podrá
ordenarse la separación de juicios y continuarse el trámite con los otros imputados.
f) Si alguna revelación o retractación inesperada produce alteraciones sustanciales
en la causa, lo cual hace indispensable una prueba extraordinaria.
g) Cuando el imputado o su defensor lo soliciten después de ampliada la acusación
o la querella, siempre que, por las características del caso, no se pueda continuar
inmediatamente.

ARTICULO 337.-
Efectos de la suspensión El tribunal decidirá la suspensión y anunciará el día y la hora de
la nueva audiencia, ello valdrá como citación para todos los comparecientes. El juicio
continuará después del último acto cumplido cuando se dispuso la suspensión. Los jueces,
fiscales y defensores podrán intervenir en otros juicios durante el plazo de la suspensión.

ARTICULO 338.-
Imposibilidad de asistencia Las personas que no puedan concurrir a la audiencia por un
impedimento justificado serán examinadas en el lugar en donde se hallen, por uno de los
jueces del tribunal o por medio de comisión a otro juez, según los casos, con asistencia de
las partes cuando así lo soliciten. De esa declaración se levantará un acta para que sea
leída en la audiencia.

ARTICULO 339.-
Diversidad cultural Cuando el juzgamiento del caso o la individualización de la pena
requieran un tratamiento especial, por tratarse de hechos cometidos dentro de un grupo
social con normas culturales particulares o cuando por la personalidad o vida del imputado
sea necesario conocer con mayor detalle sus normas culturales de referencia, el tribunal
podrá ordenar un peritaje especial, dividir el juicio en dos fases y, de ser necesario,
trasladar la celebración de la audiencia a la comunidad en que ocurrió el hecho, para
permitir una mejor defensa y facilitar la valoración de la prueba.

Artículo 340.-Sobreseimiento en la etapa de juicio.Si se produce una causa extintiva de la
acción penal y para comprobarla no es necesaria la celebración del debate, el tribunal
podrá dictar el sobreseimiento definitivo.
El Ministerio Público, la víctima, el querellante y el actor civil podrán interponer recurso de
apelación de la sentencia contra lo resuelto.
(Así reformado por el artículo 1° «Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia, otras
Reformas al Régimen de Impugnación e Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en
el Proceso Penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)

CAPITULO II. SUSTANCIACION DEL JUICIO

ARTICULO 341.-
Apertura En el día y la hora fijados, el tribunal se constituirá en la sala de
audiencia. Quien preside verificará la presencia de las partes, los testigos, peritos e
intérpretes, declarará abierto el juicio, advirtiendo al imputado sobre la importancia y el
significado de lo que va a suceder, indicándole que esté atento a lo que va a oír.
Inmediatamente ordenará al Ministerio Público y al querellante en su caso, que lean
la acusación y la querella; ellos podrán en forma breve explicar el contenido. De seguido
se le concederá la palabra a la defensa, para que si lo desea, indique sintéticamente su
posición respecto de la acusación.

ARTICULO 342.-
Trámite de los incidentes Las cuestiones incidentales serán tratadas en un sólo acto, a
menos que el tribunal resuelva hacerlo sucesivamente o diferir alguna para el momento de
la sentencia, según convenga al orden del juicio. En la discusión de las cuestiones
incidentales, se le concederá la palabra a las partes sólo una vez, por el tiempo que
establezca quien preside.

ARTICULO 343.-
Declaración del imputado Después de la apertura de la audiencia o de resueltos los
incidentes, se recibirá declaración al imputado, explicándole, de ser necesario, con
palabras claras y sencillas el hecho que se le imputa, con la advertencia de que podrá
abstenerse de declarar, sin que su silencio le perjudique o le afecte en nada y que el juicio
continuará aunque él no declare. Podrá manifestar cuanto tenga por conveniente, y luego
será interrogado por el fiscal, el querellante, las partes civiles, la defensa y los miembros
del tribunal, en ese orden. Si incurre en contradicciones respecto de declaraciones
anteriores, las que se le harán notar, quien preside podrá ordenar la lectura de aquellas,
siempre que se hayan observado en su recepción las reglas previstas en este Código. La
declaración en juicio prevalece sobre las anteriores, salvo que no dé ninguna explicación
razonable sobre la existencia de esas contradicciones. Durante el transcurso del juicio, las
partes y el tribunal podrán formularle preguntas destinadas a aclarar sus manifestaciones.

ARTICULO 344.-
Declaración de varios imputados Si los imputados son varios, quien preside podrá alejar de
la sala de audiencia a quienes no declaren en ese momento; pero, después de recibidas
las declaraciones, informará en forma resumida de lo ocurrido durante la ausencia.

ARTICULO 345.-
Facultad del imputado En el curso de la audiencia, el imputado podrá hacer las
declaraciones que considere oportunas, siempre que se refieran a su defensa. El imputado
podrá en todo momento hablar con su defensor, sin que por eso la audiencia se suspenda.

ARTICULO 346.-
Nueva calificación jurídica Si en el curso de la audiencia el tribunal observa la posibilidad
de una calificación jurídica que no ha sido considerada por ninguna de las partes, podrá
advertir al imputado sobre esa posibilidad, para que prepare su defensa.

ARTICULO 347.-
Ampliación de la acusación Durante el juicio el fiscal o el querellante podrán ampliar la
acusación mediante la inclusión de un hecho nuevo o una nueva circunstancia que no haya
sido mencionada en la acusación o la querella, que modifica la calificación legal o integra
un delito continuado. En tal caso deberán, además, advertir la variación de la calificación
jurídica contenida en la acusación. En relación con los hechos nuevos o circunstancias
atribuidas en la ampliación, se recibirá nueva declaración al imputado y se informará a las
partes que tendrán derecho a pedir la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas o
preparar la defensa. Los hechos o circunstancias sobre los cuales verse la ampliación
quedarán comprendidos en la acusación.

ARTICULO 348.-

Corrección de errores La corrección de simples errores materiales o la inclusión de alguna
circunstancia que no modifica esencialmente la imputación ni provoca indefensión, se
podrá realizar durante la audiencia, sin que sea considerada una ampliación de la
acusación o la querella.
ARTICULO 349.-
Recepción de pruebas Después de la declaración del imputado, el tribunal recibirá la
prueba en el orden indicado en los artículos siguientes, salvo que considere necesario
alterarlo.

ARTICULO 350.-
Dictamen pericial Serán llamados los peritos que fueron citados y responderán las
preguntas que se les formulen. De ser posible, el tribunal ordenará que se realicen las
operaciones periciales en la audiencia. Los peritos tendrán la facultad de consultar
documentos, notas escritas y publicaciones durante su declaración. Si es necesario, quien
preside ordenará la lectura de los dictámenes periciales.

Artículo 351.-Testigos
Seguidamente, quien presida llamará a los testigos; comenzará por los que haya
ofrecido el Ministerio Público; continuará con los propuestos por el querellante y las partes
civiles, y concluirá con los del imputado. Antes de declarar, los testigos no se comunicarán
entre sí; tampoco deberán ver, oír ni ser informados de lo que ocurre en la sala de
audiencia. Después de declarar, quien presida podrá ordenar que continúen incomunicados
en la antesala, que presencien la audiencia o que se retiren.
No obstante, el incumplimiento de la incomunicación no impedirá la declaración del
testigo; pero el tribunal apreciará esta circunstancia al valorar la prueba.
Para la recepción del testimonio de personas menores de edad, el tribunal tomará las
medidas necesarias en atención a su interés superior y en aras de evitar o reducir la
revictimización. Podrá auxiliarse de peritos o de expertos en el tema, que acompañen al
menor en su relato o lo auxilien en caso necesario. Para garantizar los derechos del menor,
el tribunal podrá disponer que se reciba su testimonio en una sala especial, o con el uso
de cámaras especiales o de los medios tecnológicos disponibles, que faciliten a la persona
menor de edad el relato, sin el contacto con las partes, cuando ello sea recomendado.
En igual forma, para la recepción del testimonio de una víctima o de un testigo
protegido, el tribunal dispondrá que se haga en las condiciones y por los medios
tecnológicos que garanticen la protección acordada, en especial cuando sea necesario
mantener reserva de las características físicas individualizantes del declarante, como su
rostro o su voz, garantizando siempre el interrogatorio de las partes.
(Así reformado por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás
intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)

ARTICULO 352.-
Interrogatorio Después de juramentar e interrogar al perito o testigo sobre su identidad
personal y las circunstancias generales para valorar su informe o declaración, quien
preside le concederá la palabra para que indique lo que sabe acerca del hecho propuesto
como objeto de prueba. Al finalizar el relato, permitirá el interrogatorio directo. Iniciará
quien lo propuso, continuarán las otras partes, en el orden que el tribunal considere
conveniente y se procurará que la defensa interrogue de último. El fiscal podrá interrogar
sobre las manifestaciones que el testigo le haya hecho durante la investigación. Luego, los
miembros del tribunal podrán interrogar al perito o al testigo. Quien preside moderará el
interrogatorio y evitará que el declarante conteste preguntas capciosas, sugestivas o
impertinentes, procurará que el interrogatorio se conduzca sin presiones indebidas y sin
ofender la dignidad de las personas. Las partes podrán solicitar la revocatoria de las
decisiones de quien preside, cuando limiten el interrogatorio, u objetar las preguntas que
se formulen. Los peritos y testigos expresarán la razón de sus informaciones y el origen de
su conocimiento.

ARTICULO 353.-
Incomparecencia Cuando el perito o testigo, oportunamente citado, no haya comparecido,
quien preside ordenará que sea conducido por medio de la fuerza pública y solicitará a
quien lo propuso que colabore con la diligencia. Si el testigo no puede ser localizado para
su conducción por la fuerza pública, el juicio continuará con prescindencia de esa prueba.

ARTICULO 354.-
Otros medios de prueba Los documentos serán leídos y exhibidos en la audiencia, con
indicación de su origen. Los objetos y otros elementos de convicción secuestrados serán
exhibidos para su reconocimiento por los testigos, los peritos o el imputado. Las
grabaciones y los elementos de prueba audiovisuales serán reproducidos. Las partes y el
tribunal podrán acordar, por unanimidad, la lectura, exhibición o reproducción parcial de
esos medios de prueba, cuando esa lectura o reproducción baste a los fines del debate. En
tal caso, uno de los miembros del tribunal deberá oralmente presentar una síntesis del
contenido de esos elementos de prueba. El incumplimiento de esta obligación conlleva la
imposibilidad de considerar esas pruebas en la sentencia. Se podrán efectuar careos o
reconstrucciones u ordenar una inspección judicial.

ARTICULO 355.-
Prueba para mejor proveer Excepcionalmente, el tribunal podrá ordenar, de oficio o a
petición de parte, la recepción de cualquier prueba, si en el curso de la audiencia surgen
hechos o circunstancias nuevas, que requieran su esclarecimiento.

ARTICULO 356.-
Discusión final Terminada la recepción de las pruebas, quien preside concederá,
sucesivamente, la palabra al fiscal, al querellante, al actor civil, al demandado civil y al
defensor para que en ese orden expresen los alegatos finales. No podrán leerse
memoriales, sin perjuicio de la lectura parcial de notas para ayudar a la memoria. Si
intervinieron dos o más fiscales, querellantes o defensores, todos podrán hablar,
repartiendo sus tareas para evitar repeticiones o dilaciones. Las partes podrán replicar, con
excepción de las civiles, pero corresponderá al defensor la última palabra. La réplica se
limitará a la refutación de los argumentos adversos que antes no hayan sido discutidos.
Quien preside impedirá cualquier divagación, repetición o interrupción. En caso de
manifiesto abuso de la palabra, llamará la atención al orador y, si este persiste, podrá
limitar el tiempo del alegato, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos en examen,
las pruebas recibidas y las cuestiones por resolver. Al finalizar el alegato, el orador
expresará sus conclusiones de un modo concreto.

ARTICULO 357.-
Solicitud de pena y reparación civil Si no se ha dispuesto la división del juicio en dos fases,
el fiscal y el querellante deberán solicitar la pena que estiman procedente, cuando
requieran una condena. El actor civil deberá concretar el monto de los daños y perjuicios
que estime haber sufrido con posterioridad a la fijación que hizo en el procedimiento
preparatorio. Cuando la división se haya dispuesto, esas solicitudes deberán ser
formuladas en la segunda audiencia.

ARTICULO 358.-
Clausura del debate Si está presente la víctima y desea exponer, se le concederá la
palabra, aunque no haya intervenido en el procedimiento. Por último, quien preside
preguntará al imputado si tiene algo más que manifestar. Inmediatamente después
declarará cerrado el debate.

ARTICULO 359.-
Juicio sobre las consecuencias penales y civiles El juicio sobre la pena o las consecuencias
civiles comenzará con la lectura de la primera parte de la sentencia. Luego el tribunal
procurará la conciliación en lo que se refiere a las pretensiones civiles. A continuación se
recibirá la prueba que se haya ofrecido para individualizar la pena o las consecuencias
civiles, y proseguirá, de allí en adelante, según las normas comunes. Al finalizar el debate,
el tribunal dictará la resolución sobre la pena y la responsabilidad civil y conformará la
sentencia completa, según las reglas previstas para esa resolución. El plazo para recurrir
la sentencia comenzará a partir de la notificación integral. Si se ha ordenado un juicio de
reenvío sólo para determinar la pena o las consecuencias civiles, se aplicarán las mismas
reglas.

CAPITULO III. DELIBERACION Y SENTENCIA

ARTICULO 360.-
Deliberación Cerrado el debate, los jueces pasarán, de inmediato y sin interrupción,
a deliberar en sesión secreta.
Salvo lo dispuesto para procesos complejos la deliberación no podrá extenderse
más allá de dos días. Transcurrido ese plazo sin que se produzca el fallo, el juicio deberá
repetirse ante otro tribunal, sin perjuicio de las acciones disciplinarias que correspondan.
La deliberación tampoco podrá suspenderse salvo enfermedad grave de alguno de
los jueces. En este caso, la suspensión no podrá ampliarse más de tres días, luego de los
cuales se deberá reemplazar al juez y realizar el juicio nuevamente.

ARTICULO 361.-
Normas para la deliberación y votación El tribunal apreciará las pruebas producidas
durante el juicio, de un modo integral y con estricta aplicación de las reglas de la sana
crítica.
Los jueces deliberarán y votarán respecto de las cuestiones, y seguirán en lo
posible el siguiente orden:
a) Las relativas a su competencia, a la procedencia de la acción penal y toda otra
cuestión incidental que se haya diferido para este momento.
b) Las relativas a la existencia del hecho, su calificación legal y la culpabilidad.
c) La individualización de la pena aplicable.
d) La restitución y las costas.
e) Cuando corresponda, lo relativo a la reparación de los daños y perjuicios.

Las decisiones se adoptarán por mayoría. Si esta no se produce en relación con los
montos de la pena y la reparación civil, se aplicará el término medio.
ARTICULO 362.-
Reapertura del debate Si el tribunal estima, durante la deliberación, absolutamente
necesario recibir nuevas pruebas o ampliar las incorporadas, podrá disponer a ese fin la
reapertura del debate. La discusión quedará limitada, entonces, al examen de los nuevos
elementos de apreciación aportados.

ARTICULO 363.-
Requisitos de la sentencia La sentencia contendrá:
a) La mención del tribunal, el lugar y la fecha en la que se ha dictado, el nombre de
los jueces y las partes, los datos personales del imputado y la enunciación del
hecho que ha sido objeto del juicio.
b) El voto de los jueces sobre cada una de las cuestiones planteadas en la
deliberación, con exposición de los motivos de hecho y de derecho en que los
fundan, sin perjuicio de que se adhieran a las consideraciones y conclusiones
formuladas por quien votó en primer término.
c) La determinación precisa y circunstanciada del hecho que el tribunal estima
acreditado.
d) La parte dispositiva con mención de las normas aplicables.
e) La firma de los jueces.

ARTICULO 364.-
Redacción y lectura La sentencia será redactada y firmada inmediatamente después
de la deliberación.
Enseguida, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencias, después
de ser convocadas verbalmente las partes. El documento será leído en voz alta por el
secretario ante quienes comparezcan.
Si la sentencia es condenatoria y el imputado está en libertad, el tribunal podrá
disponer la prisión preventiva cuando haya bases para estimar razonablemente que no se
someterá a la ejecución una vez firme la sentencia.
Cuando por la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora sea necesario diferir
la redacción de la sentencia, en esa oportunidad se leerá tan sólo su parte dispositiva y
uno de los jueces relatará sintéticamente, al público, los fundamentos que motivaron la
decisión; asimismo, anunciará el día y la hora para la lectura integral, la que se llevará a
cabo en el plazo máximo de los cinco días posteriores al pronunciamiento de la parte
dispositiva.
La sentencia quedará notificada con la lectura integral y las partes recibirán copia
de ella.

ARTICULO 365.-
Correlación entre acusación y sentencia La sentencia no podrá tener por acreditados otros
hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y la querella y, en su caso,
en la ampliación de la acusación, salvo cuando favorezcan al imputado. En la sentencia, el
tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica diferente de la de la acusación o
querella, o aplicar penas más graves o distintas de las solicitadas.

ARTICULO 366.-
Absolución La sentencia absolutoria ordenará la libertad del imputado, la cesación de las
medidas cautelares, la restitución de los objetos afectados al procedimiento que no estén
sujetos a comiso, las inscripciones necesarias y fijará las costas. La libertad del imputado
se otorgará aun cuando la sentencia absolutoria no esté firme y se cumplirá directamente
desde la sala de audiencias, para lo cual el tribunal girará orden escrita.

ARTICULO 367.-
Condenatoria La sentencia condenatoria fijará, con precisión, las penas que correspondan
y, en su caso, determinará la suspensión condicional de la pena y las obligaciones que
deberá cumplir el condenado. Se unificarán las condenas o las penas cuando corresponda.
La sentencia decidirá también sobre las costas y sobre la entrega de los objetos
secuestrados a quien tenga mejor derecho para poseerlos, sin perjuicio de los reclamos
que correspondan ante los tribunales civiles. Decidirá sobre el comiso y la destrucción,
previstos en la ley.

ARTICULO 368.-
Condena civil Cuando la acción civil ha sido ejercida, la sentencia condenatoria fijará
además la reparación de los daños y perjuicios causados y la forma en que deberán ser
atendidas las respectivas obligaciones. Cuando los elementos probatorios no permitan
establecer con certeza los montos de algunas de las partidas reclamadas por el actor civil
y no se esté en los casos en que pueda valorarse prudencialmente, el tribunal podrá
acogerlos en abstracto para que se liquiden en ejecución de sentencia ante los tribunales
civiles o contencioso-administrativos, según corresponda, siempre que haya tenido por
demostrada la existencia del daño y el deber del demandado de repararlo.

ARTICULO 369.-(Derogado por el artículo 10° «Creación del recurso de apelación de la
sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas
de oralidad en el proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)
(Mediante resolución de la Sala Constitucional N° 13820 del 20 de agosto de 2014, se
anuló el numeral 10 de la Ley N° N° 8837 del 3 de mayo de 2010, «Creación del recurso
de apelación de la sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación
de nuevas reglas de oralidad en el proceso penal», el cual derogó este artículo,
restituyéndose el artículo 466 bis del Código Procesal Penal. Subsiguientemente mediante
voto 2014-017411 del 22 de octubre de 2014, se adicionó la resolución número 2014-
013820 del 20 de agosto del 2014, a efectos de que se entienda lo siguiente: 1) La
inconstitucionalidad del artículo 10 de la Ley de creación del recurso de apelación de la
sentencia lo es únicamente respecto de la derogatoria del artículo 466 bis del Código
Procesal Penal, no así en cuanto al resto de normas que dicho artículo 10 derogó. 2) Se
dimensionan los efectos de la sentencia de fondo para que el artículo 466 bis del Código
Procesal Penal (originalmente el artículo 451 bis) entre a tener vigencia nuevamente a
partir de la fecha en que se resolvió esta acción, es decir, a partir del 20 de agosto del 2014

De forma tal que, los recursos de casación planteados en el supuesto de la norma,
que ya hubieran sido resueltos al 20 de agosto del 2014 quedan incólumes, pero los
recursos de casación planteados en el supuesto de la norma, que no estuviesen resueltos
al 20 de agosto del 2014 (es decir, estuviesen pendientes de resolución), quedarían sin
efecto en virtud de la prohibición que revive (con la nueva entrada en vigencia del artículo
466 bis del Código Procesal Penal) al ser declarada inconstitucional la norma que la
derogó.)

CAPITULO IV. REGISTRO DE LA AUDIENCIA

ARTICULO 370.-
Formas de registrar la audiencia Se levantará un acta de la audiencia, que
contendrá:
a) El lugar y la fecha de la vista, con indicación de la hora de inicio y finalización,
así como de las suspensiones y las reanudaciones.
b) El nombre de los jueces, las partes, los defensores y los representantes.
c) Los datos personales del imputado.
d) Un breve resumen del desarrollo de la audiencia, con indicación del nombre de
los testigos, peritos e intérpretes, la referencia de los documentos leídos y de los
otros elementos probatorios reproducidos, con mención de las conclusiones de las
partes.

e) Las solicitudes y decisiones producidas en el curso del juicio y las objeciones de
las partes.
f) La observancia de las formalidades esenciales; se dejará constancia de la
publicidad o si ella fue excluida total o parcialmente.
g) Las otras menciones prescritas por ley que el tribunal ordene hacer; aquellas
que soliciten las partes, cuando les interese dejar constancia inmediata de algún
acontecimiento o del contenido de algún elemento esencial de la prueba y las
revocatorias o protestas de recurrir.
h) La constancia de la lectura de la sentencia.
i) La firma del secretario.
En los casos de prueba compleja, el tribunal podrá ordenar la transcripción literal
de la audiencia, mediante taquigrafía u otro método similar.
El tribunal deberá realizar una grabación del debate, al menos fónica, la que deberá
conservar hasta que la sentencia quede firme.

ARTICULO 371.-Valor de los registros
El acta y la grabación demostrarán, en principio, el modo como se desarrolló el
juicio, la observancia de las formalidades previstas para él, las personas que han
intervenido y los actos que se llevaron a cabo.
La falta o insuficiencia de la grabación no producirá, por sí misma, un motivo de
impugnación de la sentencia. En ese caso, se podrá recurrir a otros medios de prueba para
acreditar un vicio que invalida la decisión.
Al impugnarse la sentencia se indicará la omisión o la falsedad alegada.
(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 9021 del 3 de enero de 2012)

ARTICULO 372.-
Aplicación supletoria a procedimientos especiales En los procedimientos especiales
previstos en el Libro siguiente, se aplicarán las normas del procedimiento ordinario
establecidas en este Libro, en cuanto sean compatibles y a falta de una regla específica en
aquellos.

LIBRO II. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
TITULO I. PROCEDIMIENTO ABREVIADO

Artículo 373- Admisibilidad. En cualquier momento, hasta antes de acordarse la
apertura a juicio, se podrá proponer la aplicación del procedimiento abreviado cuando:
a) El imputado admita el hecho que se le atribuye y consienta la aplicación de
este procedimiento.
b) El Ministerio Público, el querellante y el actor civil manifiesten su conformidad.
En aquellos casos en que proceda según la normativa legal vigente, se podrá
solicitar que el procedimiento abreviado sea tramitado mediante el procedimiento de
justicia restaurativa.
La existencia de coimputados no impide la aplicación de estas reglas a alguno de
ellos.
(Así reformado por el artículo 47 de la Ley de justicia restaurativa, N° 9582 del 2 de julio
del 2018)
Artículo 374- Trámite inicial. El Ministerio Público, el querellante y el imputado,
conjuntamente o por separado, manifestarán su deseo de aplicar el procedimiento
abreviado y acreditarán el cumplimiento de los requisitos de ley.
El Ministerio Público y el querellante, en su caso, formularán la acusación si no lo
han hecho, la cual contendrá una descripción de la conducta atribuida y su calificación
jurídica y solicitarán la pena por imponer. Para tales efectos, el mínimo de la pena prevista
en el tipo penal podrá disminuirse hasta en un tercio.
Se escuchará a la víctima de domicilio conocido, pero su criterio no será vinculante.
No obstante, en los casos tramitados con aplicación del procedimiento establecido en la
Ley de Justicia Restaurativa, sí será requisito de viabilidad la anuencia de la víctima a
participar en el abordaje restaurativo.
Si el tribunal estima procedente la solicitud, así lo acordará y enviará el asunto a
conocimiento del tribunal de sentencia.
(Así reformado por el artículo 47 de la Ley de justicia restaurativa, N° 9582 del 2 de julio
del 2018)
ARTICULO 375.-Procedimiento en el tribunal de juicio. Recibidas las diligencias, el
tribunal dictará sentencia salvo que, de previo, estime pertinente oír a las partes y la
víctima de domicilio conocido en una audiencia oral.
Al resolver el tribunal puede rechazar el procedimiento abreviado y, en este caso,
reenviar el asunto para su tramitación ordinaria o dictar la sentencia que corresponda. Si
ordena el reenvío, el requerimiento anterior sobre la pena no vincula al Ministerio Público

durante el juicio, ni la admisión de los hechos por parte del imputado podrá ser
considerada como una confesión.
Si condena, la pena impuesta no podrá superar la requerida por los acusadores.
La sentencia contendrá los requisitos previstos en este Código, de modo sucinto, y
será impugnable mediante los recursos y las disposiciones que en este Código se regulan
para recurrir la sentencia que se dicta en el proceso penal ordinario.
(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 9021 del 3 de enero de 2012)

TITULO II. PROCEDIMIENTO PARA ASUNTOS DE TRAMITACION COMPLEJA

ARTICULO 376.-
Procedencia
Cuando la tramitación sea compleja a causa de la multiplicidad de los hechos, del
elevado número de imputados o de víctimas o cuando se trate de causas relacionadas con
la investigación de cualquier forma de delincuencia organizada, el tribunal, de oficio o a
solicitud del Ministerio Público, podrá autorizar, por resolución fundada, la aplicación de las
normas especiales previstas en este Título.
En la etapa de juicio, la decisión sólo podrá adoptarse en el momento en que se
convoca a debate.
Cuando la aplicación del procedimiento complejo sea dispuesta durante las fases
preparatoria o intermedia, no regirá la reducción del término de prescripción a la mitad,
prevista en el artículo 33 de este Código.
(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 2° de la Ley N° 8146 de 30 de octubre
del 2001)

ARTICULO 377.-
Trámite La solicitud será fundada y el tribunal resolverá dentro de tres días. La
autorización podrá ser revocada en cualquier momento, de oficio o a petición de quien
considere afectados sus derechos por el procedimiento. La resolución que dispone que el
asunto es de tramitación compleja es apelable por el imputado, durante las etapas
preparatoria e intermedia.

ARTICULO 378.-
Plazos Una vez autorizado este procedimiento, producirá los siguientes efectos:
a) El plazo ordinario de la prisión preventiva se extenderá hasta un máximo de
dieciocho meses, la prórroga hasta otros dieciocho meses y, en caso de sentencia
condenatoria, hasta ocho meses más.
b) El plazo acordado por el tribunal para concluir la investigación preparatoria será
de un año.
c) En la etapa intermedia y de juicio, los plazos establecidos en favor de las partes
para realizar alguna actuación y aquellos que establecen un determinado tiempo
para celebrar las audiencias, se duplicarán.
d) Cuando la duración del debate sea menor de treinta días, el plazo máximo de la
deliberación se extenderá a cinco días y el tiempo para dictar la sentencia a diez.
Cuando la duración del debate sea mayor, esos plazos serán de diez y veinte días
respectivamente.
e) Los plazos para interponer y tramitar los recursos se duplicarán.
En todo caso, regirán las normas sobre retardo de justicia.

ARTICULO 379.-
Reglas comunes En todo lo demás regirán las reglas del procedimiento ordinario. Los
tribunales velarán especialmente porque la aplicación de las normas especiales no
desnaturalice los principios y garantías previstos en la Constitución, en el Derecho
Internacional o Comunitario vigente en Costa Rica y la ley.

TITULO III. PROCEDIMIENTO POR DELITO DE ACCION PRIVADA

ARTICULO 380.-
Querella y traslado La querella será presentada ante el tribunal de juicio, que dará
audiencia al querellado para que, en el plazo de cinco días, manifieste lo que considere
conveniente en su defensa, ofrezca la prueba conforme a las reglas comunes y oponga las
excepciones y recusaciones que estime conveniente. Cuando se haya ejercido la acción
civil, en esa misma oportunidad se le dará traslado.

(La Sala Constitucional mediante resolución N° 3594-12 del 14 de marzo de 2012,
estableció que esta norma “no es inconstitucional siempre y cuando se interprete en forma
amplia y favorable a las garantías y derechos del querellado.”)

ARTICULO 381.-
Auxilio judicial previo Cuando no se haya logrado identificar, individualizar al acusado o
determinar su domicilio, o cuando para describir clara, precisa y circunstanciadamente el
hecho, sea imprescindible llevar a cabo diligencias que el querellante no pueda realizar por
sí mismo, requerirá en la acusación el auxilio judicial, e indicará las medidas pertinentes.
El tribunal prestará el auxilio, si corresponde. Luego, el acusador completará su acusación
dentro de los cinco días de obtenida la información faltante.

ARTICULO 382.-
Acumulación de causas La acumulación de causas por delitos de acción privada se regirá
por las disposiciones comunes, pero ellas no se acumularán con las incoadas por delitos de
acción pública.

ARTICULO 383.-
Desistimiento El querellante podrá desistir expresamente en cualquier estado del
juicio, pero quedará sujeto a responsabilidad por sus actos anteriores.
Se tendrá por desistida la acción privada:
a) Si el procedimiento se paraliza durante un mes por inactividad del querellante o
su mandatario, y estos no lo activan dentro del tercer día de habérseles notificado
la resolución, que se dictará aun de oficio, en la que se les instará a continuar el
procedimiento.
b) Cuando el querellante o su mandatario no concurran, sin justa causa, a la
audiencia de conciliación.
c) Cuando el querellante o su mandatario no concurran, sin justa causa, a la
primera audiencia del debate, se aleje de la audiencia o no presente conclusiones.
d) Cuando muerto o incapacitado el querellante, no comparezca ninguno de sus
herederos o representantes legales a proseguir la acción, después de tres meses de
ocurrida la muerte o incapacidad.
En los casos de incomparecencia, la justa causa deberá acreditarse antes de la
iniciación de la audiencia, si es posible o, en caso contrario, dentro de cuarenta y ocho
horas de la fecha fijada para aquella.

ARTICULO 384.-
Efectos del desistimiento El desistimiento expreso sólo comprenderá a los partícipes
concretamente señalados. Si no se menciona a persona alguna, deberá entenderse que se
extiende a todos. El desistimiento tácito comprenderá a los imputados que han participado
del procedimiento. Cuando el tribunal declare extinguida la pretensión penal por
desistimiento, sobreseerá en la causa y le impondrá las costas al querellante, salvo que las
partes hubieran convenido a este respecto otra cosa.

ARTICULO 385.-
Audiencia de conciliación Vencido el plazo de audiencia sobre la querella, se convocará a
una audiencia de conciliación dentro de los diez días siguientes. En lo demás, serán
aplicables las reglas comunes de la conciliación.

ARTICULO 386.-
Conciliación y retractación Cuando las partes se concilien en la audiencia o en cualquier
estado del juicio, se sobreseerá en la causa y las costas respectivas estarán a cargo de
cada una de ellas, salvo que convengan lo contrario. Si se trata de delitos contra el honor,
si el querellado se retractara en la audiencia o al contestar la querella, la causa será
sobreseída y las costas quedarán a su cargo. La retractación será publicada a petición del
querellante, en la forma que el tribunal estime adecuada.

ARTICULO 387.-
Procedimiento posterior Si el querellado no concurre a la audiencia de conciliación o no se
produce esta o la retractación, el tribunal convocará a juicio conforme a lo establecido por
este Código y aplicará las reglas del procedimiento ordinario.

TITULO IV. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD

ARTICULO 388.-

Procedencia Este procedimiento se seguirá cuando haya elementos probatorios de
los cuales pueda deducirse razonablemente que corresponde aplicar una medida de
seguridad, en virtud de la inimputabilidad del acusado.
ARTICULO 389.-
Reglas especiales El procedimiento se regirá por las reglas ordinarias, salvo las
establecidas a continuación:
a) Cuando el imputado sea incapaz, será representado para todos los efectos por su
defensor en las diligencias del procedimiento, salvo los actos de carácter personal.
b) En el caso previsto por el inciso anterior, no se exigirá la declaración previa del
imputado para presentar acusación; pero su defensor podrá manifestar cuanto
considere conveniente para la defensa de su representado.
c) El procedimiento aquí previsto no se tramitará juntamente con uno ordinario.
d) El juicio se realizará sin la presencia del imputado cuando sea inconveniente a
causa de su estado o por razones de orden y seguridad.
e) No serán aplicables las reglas referidas al procedimiento abreviado, ni las de la
suspensión del procedimiento a prueba.
ARTICULO 390.-
Procedimiento ordinario Cuando el tribunal estime que el acusado no es inimputable,
ordenará la aplicación del procedimiento ordinario.

TITULO V. PROCEDIMIENTO PARA JUZGAR A LOS MIEMBROS DE LOS SUPREMOS PODERES

ARTICULO 391.-
Disposiciones aplicables El juzgamiento de los miembros de los Supremos Poderes
y de los funcionarios respecto de quienes la Constitución Política exige que la Asamblea
Legislativa autorice su juzgamiento para que puedan ser sometidos a proceso penal, se
regirá por las disposiciones comunes, salvo las que se establecen en este Capítulo.

ARTICULO 392.-
Acción popular Si a los miembros de los Supremos Poderes y funcionarios referidos se les
imputa un delito de acción pública, esta será ejercida por el Ministerio Público, sin perjuicio
del derecho de querellar que tendrá cualquier persona si se trata de un delito funcional o
la víctima en los demás casos. Si se trata de un delito de acción privada, esta será ejercida
exclusivamente por el ofendido.

ARTICULO 393.-
Detención en flagrancia Si el funcionario ha sido aprehendido en flagrante delito, será
puesto a la orden de la Corte Suprema de Justicia. El Presidente de la Corte informará de
inmediato a la Asamblea Legislativa, para que se pronuncie sobre el mantenimiento o la
cesación de esa restricción a la libertad, sin perjuicio de que el Ministerio Público realice la
investigación inicial. Si la Asamblea Legislativa autoriza la privación de libertad, el
Ministerio Público deberá formular la acusación en un plazo no mayor a veinticuatro horas,
de lo contrario será puesto en libertad.

ARTICULO 394.-
Investigación inicial Cuando el Ministerio Público tenga noticia o se formule denuncia por
un presunto delito, atribuido a alguna de las personas sujetas a antejuicio, el Fiscal
General practicará la investigación inicial tendente a recabar los datos indispensables para
formular la acusación o solicitar la desestimación ante la Corte Suprema de Justicia, según
corresponda.

ARTICULO 395.-
Traslado de la acusación Presentada la querella o la acusación ante la Corte Suprema de
Justicia, será desestimada por la Corte si los hechos acusados no constituyen delito o
cuando el imputado no tiene derecho de antejuicio. En caso contrario la trasladará a la
Asamblea Legislativa.

ARTICULO 396.-
Trámite legislativo El trámite legislativo se realizará conforme a lo dispuesto en el
Reglamento de la Asamblea Legislativa.

ARTICULO 397.-
Autorización de la prosecución del proceso Si la Asamblea Legislativa autoriza la
prosecución del proceso, los detenidos, si existen, serán puestos a la orden de la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia, a la cual le corresponde juzgar a las personas a que
se refiere este Título. Esa Sala deberá pronunciarse, dentro de las veinticuatro horas
siguientes a la recepción del expediente, si mantiene la prisión preventiva o la sustituye
por alguna de las restantes medidas cautelares. En todo caso, una vez autorizado el
juzgamiento por la Asamblea Legislativa, la Sala Penal podrá decretar cualquiera de las
medidas cautelares, si lo estima procedente.

ARTICULO 398.-
Procedimiento jurisdiccional La Sala Penal designará a uno de sus miembros para realizar
los actos necesarios de investigación, que no puedan ser postergados o practicados en el
juicio. El magistrado le prevendrá al imputado que, en el plazo de tres días, designe
abogado defensor, señale el lugar y la forma para notificaciones y procederá a tomarle
declaración. Posteriormente, se conferirá audiencia a las partes para que, en el plazo de
cinco días, ofrezcan la prueba para el juicio. El magistrado designado se pronunciará sobre
el ofrecimiento de pruebas y señalará la hora y la fecha para celebrar el juicio oral y
público. En esta misma oportunidad, si corresponde, dispondrá la aplicación de las reglas
sobre asuntos de tramitación compleja.

ARTICULO 399.-Juicio y recursos. Para la celebración del debate y el dictado de la
sentencia se aplicarán las reglas comunes.
Contra lo resuelto procederá recurso de apelación de sentencia conforme a las reglas
dispuestas para el proceso penal ordinario, el que será de conocimiento del pleno de la
Corte Suprema de Justicia, previa sustitución de los magistrados que hayan intervenido en
el juicio.
(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 9021 del 3 de enero de 2012)

ARTICULO 400.-
Conversión del procedimiento y acumulación Si en el curso de una investigación con
procedimiento ordinario, se determina que uno de los imputados debe ser sujeto a
antejuicio, el tribunal que conoce del asunto remitirá las actuaciones al Fiscal General para
que se proceda conforme lo dispone la Constitución Política y este Título. Cuando el hecho
sea atribuido a varios imputados y sólo alguno de ellos debe ser sujeto a antejuicio, la
causa deberá separarse para que se continúe en la jurisdicción ordinaria contra quienes no
proceda el antejuicio. Se remitirá testimonio de piezas ante el Fiscal General contra los
restantes, para que proceda conforme lo dispone este Título. Si la Asamblea Legislativa
autoriza la prosecución del procedimiento, las causas deberán acumularse y serán
conocidas por la Sala Penal.

ARTICULO 401.-Casos de excepción El procedimiento establecido en este Título no
será aplicable a los magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal
Supremo de Elecciones. Tampoco será aplicable en materia contravencional, salvo que
proceda la acumulación con un proceso por delito.
(Mediante resolución de la Sala Constitucional N° 16111 del 2 de noviembre del 2016, se
interpretó este numeral en el sentido de que sí cubre a los suplentes ese Título, cuando
ejercen la suplencia de manera efectiva.)

TITULO VI. PROCEDIMIENTO PARA JUZGAR LAS CONTRAVENCIONES

ARTICULO 402.-
Audiencia de conciliación Para juzgar las contravenciones, una vez recibida la
denuncia o el informe policial y cuando sea posible por la existencia de personas
ofendidas, la autoridad judicial competente convocará a las partes a una audiencia de
conciliación en la que se realizarán las gestiones pertinentes para que lleguen a un
acuerdo. Esta audiencia puede ser convocada nuevamente para continuar el proceso
conciliatorio.

ARTICULO 403.-
Efecto de los acuerdos Cuando las partes se hayan puesto de acuerdo, firmarán un

documento en que así conste, con los compromisos que hayan adquirido. El juzgador
homologará los acuerdos. A los treinta días naturales contados a partir de la suscripción
del acuerdo, se archivará la causa, con carácter de cosa juzgada, si ninguna parte ha
presentado objeciones.
ARTICULO 404.-
Convocatoria De no lograrse un acuerdo conciliatorio o de no respetarse sus condiciones, o
cuando, por otros motivos, no sea posible la conciliación, la autoridad judicial convocará a
las partes para que concurran con las pruebas de cargo y descargo a un juicio oral.

ARTICULO 405.-
Audiencia oral La audiencia oral y pública comenzará con la lectura de los cargos. De
inmediato se oirá al imputado, luego a la persona ofendida, si existe y, seguidamente, se
recibirán las pruebas admitidas. Finalizada la audiencia, la autoridad judicial dictará
inmediatamente el fallo. Cuando el imputado reconozca el cargo, sin más trámite se
finalizará la audiencia y se dictará el fallo. Se podrá prorrogar la audiencia por un término
no mayor de tres días, de oficio o a pedido del imputado, para preparar la prueba. Cuando
el imputado no se presente voluntariamente a la audiencia, podrá hacerse comparecer por
medio de la fuerza pública, y si fuera necesario se ordenará la prisión preventiva hasta
que se realice la audiencia, la cual se celebrará inmediatamente.

ARTICULO 406.-
Medidas cautelares En materia contravencional, excepcionalmente, podrán aplicarse las
medidas cautelares, cuando resulte indispensable para la protección de los intereses de las
partes o de la justicia. Sin embargo, la prisión preventiva sólo procederá para garantizar la
presencia del imputado en el juicio oral.

ARTICULO 407.-
Apelación La sentencia dictada en los juicios contravencionales será apelable, por el
imputado y la víctima, ante el tribunal del procedimiento intermedio.

TITULO VII. PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION DE LA SENTENCIA

ARTICULO 408.-Procedencia.
La revisión procederá contra las sentencias firmes y a
favor del condenado o de aquel a quien se le haya impuesto una medida de seguridad y
corrección, en los siguientes casos:
a) Cuando los hechos tenidos como fundamento de la condena resulten inconciliables
con los establecidos por otra sentencia penal firme.
b) Cuando la sentencia se haya fundado en prueba cuya falsedad se haya
declarado en fallo posterior firme.
c) Si la sentencia condenatoria ha sido pronunciada a consecuencia de
prevaricato, cohecho, violencia o cualquier otro delito o maquinación fraudulenta,
cuya existencia se haya declarado en fallo posterior firme, salvo que se trate de
alguno de los casos previstos en el inciso siguiente.
d) Cuando se demuestre que la sentencia es ilegítima a consecuencia directa de la
introducción de prueba ilegal o de una grave infracción a sus deberes cometida
por un juez, aunque sea imposible proceder por una circunstancia sobreviniente.
e) Cuando después de la condena sobrevengan o se descubran nuevos hechos o
nuevos elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el
proceso evidencien que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que
el hecho cometido encuadra en una norma más favorable.
f) Cuando una ley posterior declare que no es punible el hecho que antes se
consideraba como tal o que merece una penalidad menor, o bien, cuando la ley
que sirvió de base a la condenatoria haya sido declarada inconstitucional.
La revisión procederá aun en los casos en que la pena o la medida de seguridad
hayan sido ejecutadas o se encuentren extinguidas.
(Así reformado por el artículo 2° «Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia, otras
Reformas al Régimen de Impugnación e Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en
el Proceso Penal «, ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)

ARTICULO 409.-
Sujetos legitimados Podrán promover la revisión:
a) El condenado o aquel a quien se le ha aplicado una medida de seguridad y
corrección; si es incapaz, sus representantes legales.
b) El cónyuge, el conviviente con por lo menos dos años de vida común, los
ascendientes, descendientes o hermanos, si el condenado ha fallecido.
c) El Ministerio Público.
La muerte del condenado, durante el curso de la revisión, no paralizará el
desarrollo del proceso. En tal caso, las personas autorizadas para interponerlo podrán
apersonarse a las diligencias; en su defecto, el defensor continuará con la representación
del fallecido.

Artículo 410.-Formalidades de interposición.
La revisión será interpuesta, por escrito, ante la Sala de Casación Penal. Contendrá la referencia concreta de los motivos
en que se basa y las disposiciones legales aplicables. Se adjuntará, además, la prueba
documental que se invoca y se indicará, en su caso, el lugar o archivo donde ella está.
Asimismo, deberán ofrecerse los elementos de prueba que acrediten la causal de
revisión invocada. En el documento de interposición deberá designarse a un abogado de
su confianza. Si no lo hace, el tribunal lo prevendrá sin perjuicio de nombrar a un
defensor público, en caso de ser necesario.
(Así reformado por el artículo 2° «Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia, otras
Reformas al Régimen de Impugnación e Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en
el Proceso Penal «, ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)

Artículo 411.-Admisibilidad. Cuando la demanda haya sido presentada fuera delas hipótesis que la autorizan o resulte manifiestamente infundada, el tribunal, de oficio,
declarará su inadmisibilidad.
El tribunal substanciará la acción y se pronunciará sobre el fondo, aun cuando
estime que en su redacción existen defectos. Si considera que estos le impiden, en
forma absoluta, conocer del reclamo, le prevendrá a la parte su corrección,
conforme al artículo 15 de este Código, puntualizándole los aspectos que deben ser
aclarados y corregidos. Si los defectos no se corrigen, resolverá lo que
corresponda.
No será admisible plantear, por la vía de revisión, asuntos que ya fueron discutidos y
resueltos mediante la apelación de sentencia o en casación.
(Así reformado por el artículo 2° «Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia, otras
Reformas al Régimen de Impugnación e Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en
el Proceso Penal «, ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)

ARTICULO 412.-
Efecto suspensivo La interposición de la revisión no suspenderá la ejecución de la
sentencia. Sin embargo, en cualquier momento del trámite, el tribunal que conoce de la
revisión podrá suspender la ejecución de la sentencia recurrida y disponer la libertad del
sentenciado o sustituir la prisión por otra medida cautelar.

Artículo 413.-Audiencia inicial
Admitida la revisión, el tribunal dará audiencia por diez días al Ministerio Público y
a los que hayan intervenido en el proceso principal. Se comunicará a la víctima que pueda
ser localizada la existencia del procedimiento. Les prevendrá que deben señalar el lugar o
la forma para notificaciones y que ofrezcan la prueba que estimen pertinente.
(Así reformado por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás
intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)

Artículo 414.-Recepción de la prueba. El tribunal admitirá la prueba que estime útil
para la resolución definitiva y comisionará a uno de sus integrantes para que la reciba.
Para la recepción, se fijarán la hora y la fecha, y la diligencia se celebrará con la
participación de los intervinientes que se presenten.
Si el juez comisionado lo estima necesario, ordenará la recepción de prueba para
mejor resolver.
Cuando se haya recibido prueba oral, quien la haya recibido deberá integrar el
tribunal en el momento de la decisión final.
(Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 8503 del 28 de abril de 2006, «Apertura de
la Casación Penal»)

ARTICULO 415.-
Audiencia oral Recabada la prueba, si alguno de los intervinientes la ha solicitado al
interponer o contestar la revisión, o el tribunal la estime necesaria, se designarán el día y
la hora para celebrar una audiencia pública, con el fin de exponer oralmente sobre sus
pretensiones. Son aplicables, en lo que corresponda, las disposiciones sobre la audiencia
oral en el recurso de apelación.

ARTICULO 416.-
Sentencia El tribunal rechazará la revisión o anulará la sentencia. Si la anula, remitirá a
nuevo juicio cuando el caso lo requiera o pronunciará directamente la sentencia que
corresponda en derecho.
No se absolverá, ni variará la calificación jurídica, ni la pena como consecuencia exclusiva
de una nueva apreciación de los mismos hechos conocidos en el proceso anterior o de una
nueva valoración de la prueba existente en el primer juicio, independientemente de las
razones que hicieron admisible la revisión.

( La Sala Constitucional mediante resolución N° 15294, del 31 de octubre de 2012,
interpretó esta norma “…de conformidad con los parámetros y alcances establecidos en
esta sentencia.”)

ARTICULO 417.-
Reenvío Si se efectúa una remisión a un nuevo juicio, en este no podrá intervenir ninguno
de los jueces que conocieron del anterior. En el juicio de reenvío regirán las disposiciones
del artículo anterior y no se podrá imponer una sanción más grave que la fijada en la
sentencia revisada, ni desconocer beneficios que esta haya acordado.

ARTICULO 418.-
Efectos de la sentencia La sentencia ordenará, si es del caso:
a) La libertad del imputado.
b) La restitución total o parcial de la suma de dinero pagada en concepto de multa,
la restitución de la suma cubierta como indemnización, a condición de que se haya

citado al actor civil. Cuando se ordene la devolución de la multa o su exceso,
deberá calcularse la desvalorización de la moneda.
c) La cesación de la inhabilitación y de las penas accesorias, de la medida de
seguridad y corrección.
d) La devolución de los efectos del comiso que no hayan sido destruidos. Si
corresponde se fijará una nueva pena o se practicará un nuevo cómputo.
La sentencia absolutoria ordenará cancelar la inscripción de la condena.
ARTICULO 419.-
Reparación civil por error judicial Cuando a causa de la revisión del procedimiento se
reconozca un error judicial, a consecuencia del cual el sentenciado descontó una pena que
no debió cumplir, o una mayor o más grave de la que le correspondía, el tribunal que
conoce de la revisión podrá ordenar el pago de una indemnización a cargo del Estado y a
instancia del interesado, siempre que este último no haya contribuido con dolo o culpa a
producir el error. Los jueces que dictaron la sentencia revisada serán solidariamente
responsables con el Estado, cuando hayan actuado arbitrariamente o con culpa grave en
los términos del artículo 199 de la Ley General de la Administración Pública. La reparación
civil sólo podrá acordarse en favor del condenado o sus herederos legítimos.

ARTICULO 420.-
Publicación de la sentencia que acoge la demanda de revisión A solicitud del interesado, el
tribunal dispondrá la publicación de una síntesis de la sentencia absolutoria en el Boletín
Judicial, sin perjuicio de la publicación que por su cuenta realice el imputado.

ARTICULO 421.-
Rechazo y costas El rechazo de una solicitud de revisión y la sentencia confirmatoria de la
anterior, no perjudicarán la facultad de presentar un nuevo recurso de revisión, siempre y
cuando se funde en razones diversas. Las costas de un recurso desechado estarán siempre
a cargo de quien lo interpuso.

(*)TÍTULO VIII . PROCEDIMIENTO EXPEDITO PARA LOS DELITOS EN FLAGRANCIA

(*)(Así adicionado este Título por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas,
Testigos y demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)
Artículo 422- Procedencia. Este procedimiento especial, de carácter expedito, se
aplicará en los casos en los cuales se trate de delitos en flagrancias e iniciará desde el
primer momento que se tenga noticia de la comisión de un hecho delictivo de tal especie.
En casos excepcionales, aun cuando se trate de un delito flagrante, se aplicará el
procedimiento ordinario, cuando la investigación del hecho impida aplicar aquel.
Este procedimiento especial omitirá la etapa intermedia del proceso penal ordinario
y será totalmente oral. Asimismo, estos casos podrán resolverse conforme al
procedimiento establecido en la Ley de Justicia Restaurativa.
(Así adicionado por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás
intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)
(Así reformado por el artículo 47 de la Ley de justicia restaurativa, N° 9582 del 2 de julio
del 2018)

Artículo 423.-Trámite inicial
El sospechoso detenido en flagrancia será trasladado inmediatamente, por las
autoridades de policía actuantes, ante el Ministerio Público, junto con la totalidad de la
prueba con que se cuente. No serán necesarios la presentación escrita del informe o el
parte policial, bastará con la declaración oral de la autoridad actuante.
(Así adicionado por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás
intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)

Artículo 424- Actuación por el Ministerio Público. El fiscal dará trámite inmediato al
procedimiento penal, para establecer si existe mérito para iniciar la investigación. Para
ello, contará con la versión inicial que le brinde la autoridad de policía que intervino en un
primer momento, así como toda la prueba que se acompañe. Además, de conformidad con
lo establecido en la Ley de Justicia Restaurativa, de oficio o a petición de parte, constatará
la existencia de los requisitos de admisibilidad e informará a la víctima, a la persona
imputada y su defensa técnica sobre la posibilidad de tramitar el caso mediante la
aplicación del procedimiento de justicia restaurativa, a fin de comunicar la solicitud al
Tribunal de Juicio para trasladar el caso a la respectiva oficina de justicia restaurativa.
(Así adicionado por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás
intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)
(Así reformado por el artículo 47 de la Ley de justicia restaurativa, N° 9582 del 2 de julio
del 2018)
Artículo 425- Nombramiento de la defensa técnica. Desde el primer momento en
que se obtenga la condición de sospechoso, el fiscal procederá a indicarle que puede
nombrar a un defensor de su confianza. En caso de negativa de la persona sospechosa o si
no comparece su defensor particular en el término de veinticuatro horas, se procederá a
nombrar, de oficio, a un defensor público para que lo asista en el procedimiento. Una vez
nombrado el defensor de la persona imputada, se le brindará, por parte del fiscal, un
término de veinticuatro horas para que prepare su defensa para tal efecto. El Ministerio
Público, de inmediato, deberá rendir un breve informe oral acerca de la acusación y de la
prueba existente.
La defensa técnica o la defensa pública, constatados los requisitos de admisibilidad
deberá explicar a la persona ofensora sobre la posibilidad de resolver el caso mediante la
aplicación del procedimiento de justicia restaurativa, así como sus derechos y obligaciones
establecidos por ley, a fin de restaurar el daño causado a la víctima y la comunidad con la
comisión del hecho delictivo. Si la persona ofensora manifiesta la anuencia de referir el
caso deberá comunicar al Ministerio Público, con el fin de verificar el cumplimiento de
requisitos, y comunicar la solicitud al Tribunal de Juicio para trasladar el caso a la
respectiva sede restaurativa.
(Así adicionado por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás
intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)
(Así reformado por el artículo 47 de la Ley de justicia restaurativa, N° 9582 del 2 de julio
del 2018)

Artículo 426.-Solicitud de audiencia ante el juez de juicio
Cuando el fiscal considere pertinente que el asunto debe ir a juicio y se encuentre
constituida la defensa técnica, procederá a solicitar oralmente al tribunal de juicio que
realice una audiencia para conocer de su solicitud; el tribunal resolverá de inmediato,
oralmente, si concurren los requisitos para aplicar el procedimiento en flagrancia.
(Así adicionado por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás
intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)

Artículo 427- Constitución del tribunal de juicio y competencia. El tribunal de juicio,
en cualquier tipo de delito que se juzgue mediante este procedimiento, será constituido
según su competencia, conforme lo dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual
tendrá competencia para resolver sobre causales de incompetencia, impedimentos,
recusaciones y nulidades. También, tendrá competencia para aplicar cualquiera de las
medidas alternativas al proceso, el procedimiento de justicia restaurativa, así como el
procedimiento abreviado. Cuando no proceda ninguna de las medidas anteriores, el
tribunal realizará el debate inmediatamente.
(Así adicionado por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás
intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)
(Así reformado por el artículo 47 de la Ley de justicia restaurativa, N° 9582 del 2 de julio
del 2018)
Artículo 428- Realización de la audiencia por el tribunal. Recibida la solicitud por
parte del fiscal, el tribunal, de forma inmediata, realizará la audiencia, la cual será oral y
pública. De la audiencia quedará registro digital de video y audio; tendrán acceso a ella las
partes, por medio de una copia. En la primera parte de esta audiencia, el fiscal expondrá
oralmente la acusación dirigida en contra del imputado, donde se describan los hechos y
se determine la calificación legal de estos, así como el ofrecimiento de prueba. La defensa
podrá referirse a la pieza acusatoria y realizar sus consideraciones sobre ella, además de
ofrecer la prueba para el proceso.
El juez verificará que la acusación sea clara, precisa y circunstanciada y que el
hecho atribuido sea típico. En caso contrario, el fiscal deberá corregirla oralmente en el
acto.
Inmediatamente, se conocerá de la aplicación de medidas alternativas, del
procedimiento de justicia restaurativa y el procedimiento abreviado.
Si se aprueba la remisión del caso a la sede restaurativa, se suspenderá la
audiencia hasta por un plazo máximo de ocho días hábiles para el trámite correspondiente.
En el mismo acto, el Tribunal fijará fecha y hora de la continuación de la audiencia, en que
se homologarán los acuerdos restaurativos o se continuará con el trámite establecido en
flagrancia. En todo momento se garantizará la confidencialidad de la información obtenida
en justicia restaurativa.
En el caso de que no proceda la aplicación de las medidas, no se proponga por la
defensa o no se acepte por el Ministerio Público o la víctima, según sea la medida, o el
tribunal las considere improcedentes, este último procederá a realizar el juicio de forma
inmediata y en esa misma audiencia. En este caso, deberá calificar la procedencia y
pertinencia de la prueba ofrecida por las partes.
(Así adicionado por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás
intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)
(Así reformado por el artículo 47 de la Ley de justicia restaurativa, N° 9582 del 2 de julio
del 2018)

Artículo 429.-Realización del juicio
En la segunda parte de la audiencia inicial, se verificará el juicio, donde se le
recibirá la declaración al imputado. En forma inmediata, se recibirá la prueba testimonial
de la siguiente manera: inicialmente la declaración del ofendido y luego la demás prueba;
posteriormente, se incorporará la prueba documental y las partes podrán prescindir de su
lectura. Por último, se realizarán las conclusiones por el fiscal y luego, la defensa. En
forma inmediata, el tribunal dictará sentencia en forma oral; si lo considera necesario, se
retirará a deliberar y luego de un plazo razonablemente corto, el cual no podrá sobrepasar
las cuatro horas, salvo causa excepcional que lo justifique y se comunique oralmente a las
partes, sin que la ampliación del plazo exceda de veinticuatro horas luego de finalizada la
audiencia de debate. Posteriormente, el tribunal se constituirá en la sala de audiencias,
donde oralmente dictará sentencia en forma integral. El dictado de la resolución en forma
oral, valdrá como notificación para todas las partes, aunque estas no comparezcan.
(Así adicionado por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás
intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)

Artículo 430.-Dictado de la prisión preventiva
Cuando el fiscal considere la conveniencia de la imposición de la prisión
preventiva o cualquiera otra medida cautelar, lo podrá solicitar así al tribunal de juicio,
desde el inicio del proceso. En caso de que el tribunal, conforme a los parámetros
establecidos en este Código, considere proporcional y razonable la solicitud del fiscal,
establecerá la medida cautelar de prisión preventiva en contra del imputado, la cual no
podrá sobrepasar los quince días hábiles.
Cuando deba solicitarse por un plazo superior, así como en los casos donde el
fiscal o el tribunal de juicio considere que no corresponde aplicar el procedimiento
expedito, por no estar ante hechos cometidos en flagrancia o al ser incompatible la
investigación de los hechos, procederá la prisión preventiva, si existe mérito para ello,
según las reglas establecidas en este Código. El juez penal será el encargado de resolver
acerca de la solicitud dirigida por parte del fiscal.
En el caso del dictado oral de la sentencia condenatoria, si el tribunal lo considera
oportuno, fijará la prisión preventiva en contra del imputado, por un plazo máximo de los
seis meses. Cuando en sentencia se absuelva al imputado, se levantará toda medida
cautelar o restrictiva impuesta en contra de él.
Para todo aquello que no se indique expresamente en este artículo, regirán las
reglas de la prisión preventiva que se regulan en esta normativa procesal.
(Así adicionado por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás
intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)

Artículo 431.-Recursos
En contra de la sentencia dictada en forma oral, procederán los recursos conforme
a las reglas establecidas en este Código.
(Así adicionado por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás
intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)

Artículo 432.-Sobre la acción civil y la querella
En la primera fase de la audiencia, el actor civil y el querellante también podrán
constituirse como partes, en cuyo caso el tribunal ordenará su explicación oral y brindará
la palabra a la defensa para que exprese su posición; de seguido resolverá sobre su
admisión y el proceso continuará. Cuando proceda, la persona legitimada para el ejercicio
de la acción civil resarcitoria, podrá delegarla en el Ministerio Público para que le
represente en el proceso.
Cuando corresponda declarar con lugar la acción civil resarcitoria, el
pronunciamiento se hará en abstracto y las partidas que correspondan se liquidarán por la
vía civil de ejecución de sentencia.
La parte querellante y el actor civil asumirán el proceso en el estado en que se
encuentre, de modo que no proceden suspensiones del debate motivadas por la atención
de otros compromisos profesionales ni personales. Si la prueba ofrecida por el actor civil o
el querellante resulta incompatible con los objetivos de celeridad del procedimiento
expedito, el tribunal se lo prevendrá oralmente a la parte proponente, quien manifestará si
prescinde de ella o solicita la aplicación del procedimiento ordinario, en cuyo caso el
tribunal ordenará adecuar los procedimientos.
La acción civil no procederá en el procedimiento expedito, cuando existan terceros
demandados civilmente y no se encuentren presentes ni debidamente representados por
patrocinio letrado en el momento de la apertura del debate, sin perjuicio de los derechos
que le confiere la jurisdicción civil.
(Así adicionado por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás
intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)

Artículo 433.-Garantías
Para todos los efectos, especialmente laborales, se entenderá que la víctima y los
testigos tendrán derecho a licencia con goce de sueldo por parte de su patrono, público o
privado, cuando tengan que asistir a las diligencias judiciales o comparecer ante el
llamamiento judicial y por el tiempo necesario para ello. Con el objeto de comprobar la
asistencia a tales actos, el tribunal que conoce de la causa, deberá extender el
comprobante respectivo en el cual se indiquen la naturaleza del acto y la duración efectiva
del trámite.
(Así adicionado por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás
intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)

Artículo 434.-Localización y horarios
Mediante reglamento se definirán la localización y los horarios de los jueces de las
causas en flagrancia que establece esta Ley.
La fijación de los días y el horario de atención al público de estos jueces, deberá
establecerse en jornadas nocturnas, de fines de semana o feriados, para la mejor
prestación del servicio de administración de justicia, en forma tal que los términos
establecidos en la presente Ley puedan cumplirse efectivamente.
(Así adicionado por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás
intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)

Artículo 435.-Duración del proceso
Cuando proceda la aplicación del procedimiento expedito, en ningún caso debe
transcurrir un plazo superior a quince días hábiles entre el inicio del procedimiento y la
celebración de la audiencia por parte del tribunal. El incumplimiento de ese plazo será
causal de responsabilidad disciplinaria para el funcionario responsable de la demora.
(Así adicionado por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás
intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)

Artículo 436.-Normas supletorias
Para lo no previsto en este título, se aplicarán las regulaciones de este Código de
manera supletoria, en tanto sean compatibles con la naturaleza célere del procedimiento
expedito.
(Así adicionado por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás
intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)

LIBRO III. RECURSOS
TITULO I. NORMAS GENERALES
()ARTICULO 437.- Reglas generales Las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos. El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente acordado. Cuando la ley no distinga entre las diversas partes, el recurso podrá ser interpuesto por cualquiera de ellas. ()Este artículo fue interpretado por resolución de la Sala Constitucional N° 2002-08591
de las 14:59 horas del 04/09/2002. En el sentido que dicho artículo no resulta
inconstitucional, en la medida en que se interprete, a la luz del artículo 41 de la
Constitución Política y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el sentido
de que también procede el recurso de casación de la víctima en contra del auto que
ordene la suspensión del procedimiento a prueba.
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 422 al 437 actual)

ARTICULO 438.-
Condiciones de interposición Los recursos se interpondrán en las condiciones de
tiempo y forma que se determinan en este Código, con indicación específica de los puntos
impugnados de la resolución.
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 423 al 438 actual).

ARTICULO 439.-
Agravio Las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que les causen agravio,
siempre que no hayan contribuido a provocarlo. El recurso deberá sustentarse en el
reproche de los defectos que causan la afectación.
El imputado podrá impugnar una decisión judicial aunque haya contribuido a provocar el
vicio, en los casos en que se lesionen disposiciones constitucionales o legales sobre su
intervención, asistencia y representación.
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 424 al 439 actual)

ARTICULO 440.-Adhesión
Quien tenga derecho a recurrir podrá adherirse, dentro del período de emplazamiento, al
recurso interpuesto por cualquiera de las partes, siempre que cumpla con los demás
requisitos formales de interposición.
Sobre la adhesión se dará audiencia a las demás partes por el término de tres días, antes
de remitir las actuaciones al tribunal de alzada.
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos
y demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 425 al 440 actual)

Artículo 441.-Instancia al Ministerio Público
La víctima o cualquier damnificado por el hecho, cuando no estén constituidos como
partes, podrán presentar solicitud motivada al Ministerio Público para que interponga los
recursos que sean pertinentes. El Ministerio Público deberá comunicarle a la víctima o a
cualquier damnificado que pueda ser localizado, conforme a la información que consta en
el expediente, dentro del término para recurrir, su decisión de no impugnar la sentencia
absolutoria, el cese o la modificación de la medida cautelar adoptada por el peligro de
obstaculización. Le explicará, por escrito y en forma motivada, la razón de su proceder.
Si la víctima o cualquier damnificado no está conforme, podrá interponer el recurso
correspondiente, dentro de un plazo igual al que tuvieren las demás partes, el cual
comenzará a correr a partir de la comunicación del Ministerio Público.
(Así reformado por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás
intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009)
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 426 al 441 actual)

ARTICULO 442.-
Recurso durante las audiencias Durante las audiencias sólo será admisible el
recurso de revocatoria, el que será resuelto de inmediato, sin suspenderlas.
La interposición del recurso implica la protesta para el saneamiento del vicio.
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 427 al 442 actual)

ARTICULO 443.-
Efecto extensivo Cuando existan coimputados el recurso interpuesto por uno de
ellos favorecerá también a los demás, a menos que se base en motivos exclusivamente
personales.
También favorecerá al imputado el recurso del demandado civil, en cuanto incida en
la responsabilidad penal.
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 428 al 443 actual)

ARTICULO 444.-
Efecto suspensivo La resolución no será ejecutada durante el plazo para recurrir y
mientras se tramite el recurso, salvo disposición legal en contrario.
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 429 al 444 actual)

ARTICULO 445.-
Desistimiento El Ministerio Público podrá desistir de sus recursos, en dictamen
fundado, aun si los hubiera interpuesto un representante de grado inferior.
Las partes podrán desistir de los recursos deducidos por ellas o sus defensores, sin
perjudicar a los demás recurrentes o adherentes, pero cargarán con las costas. Para
desistir de un recurso, el defensor deberá tener mandato expreso del imputado.
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 430 al 445 actual)

ARTICULO 446.-
Competencia
El recurso atribuirá al tribunal de alzada el conocimiento del proceso, sólo en
cuanto a los puntos de la resolución a que se refieran los agravios.
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 431 al 446 actual)

ARTICULO 447.-
Prohibición de la reforma en perjuicio
Cuando la resolución sólo fue impugnada por el imputado o su defensor, no podrá
modificarse en su perjuicio.
Los recursos interpuestos por cualquiera de las partes permitirán modificar o revocar la
resolución aun en favor del imputado.
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 432 al 447 actual)

ARTICULO 448.-
Rectificación
Los errores de derecho en la fundamentación de la sentencia o resolución
impugnadas, que no hayan influido en la parte resolutiva, no la anularán; pero serán
corregidos, así como los errores materiales en la designación o el cómputo de las penas.
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 433 al 448 actual)

TITULO II. RECURSO DE REVOCATORIA

ARTICULO 449.-
Procedencia
El recurso de revocatoria procederá solamente contra las providencias y los autos
que resuelvan sin sustanciación un trámite del procedimiento, a fin de que el mismo
tribunal que los dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que
corresponda.
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 434 al 449 actual).

ARTICULO 450.-
Trámite
Salvo en las audiencias orales, este recurso se interpondrá, en escrito fundado,
dentro de los tres días siguientes a la notificación. El tribunal resolverá por auto, previa
audiencia a los interesados, por el mismo plazo.
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 435 al 450 actual)

ARTICULO 451.-Efecto. La resolución que recaiga será ejecutada, a menos que el
recurso haya sido interpuesto en el mismo momento con el de apelación subsidiaria y se
encuentre debidamente sustanciado.
(Así adicionado por el artículo 2° de la ley N° 9021 del 3 de enero de 2012. Anteriormente
este numeral había sido derogado por el artículo 10° «Creación del recurso de apelación de
la sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas
reglas de oralidad en el proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)
(Mediante Fe de Erratas, publicada en La Gaceta N° 51 del 12 de marzo de 2012, página
55, se corrigió la redacción del numeral 2° de la ley N° 9021 del 3 de enero de 2012, en el
sentido de que solo se adicione el numeral 451, y sin que se corra la numeración
subsiguiente)
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 436 al 451 actual).

TITULO III. RECURSO DE APELACION

ARTICULO 452.-
Resoluciones apelables
Además de lo dispuesto en el procedimiento contravencional y en la ejecución
penal, el recurso de apelación procederá solamente contra las resoluciones de los
tribunales del procedimiento preparatorio e intermedio, siempre que sean declaradas
apelables, causen gravamen irreparable, pongan fin a la acción o imposibliliten que esta
continúe.
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 437 al 452 actual)

ARTICULO 453.-Interposición.
El recurso de apelación se interpondrá ante el mismo tribunal que dictó la resolución y en la misma audiencia en que la resolución de
instancia fue dictada. En esa oportunidad, el apelante indicará someramente el motivo del
agravio.
El fundamento del recurso será expuesto ante el tribunal de apelación. Cuando el
tribunal de alzada tenga su sede en un lugar distinto, la parte deberá fijar un nuevo lugar
o la forma para recibir notificaciones, si es necesario.
Cuando el recurrente intente prueba en alzada, la ofrecerá junto con la
interposición del recurso y señalará en concreto el hecho que pretende probar.
En los casos de excepción en que la resolución judicial se haya dictado fuera de
audiencia o por escrito, el recurso podrá ser interpuesto en el término de tres días
siguientes a la notificación.
(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 9021 del 3 de enero de 2012)
(Anteriormente este numeral había sido reformado por el artículo 3° «Creación del recurso
de apelación de la sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación
de nuevas reglas de oralidad en el proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 438 al 453 actual)

ARTICULO 454.-Trámite y elevación. Presentado el recurso, el tribunal emplazaráa las otras partes para que en el plazo de tres días contesten el recurso y, en su caso,
ofrezcan prueba.
Si se producen adhesiones durante el emplazamiento, correrá traslado a las otras
partes para que contesten la adhesión en el mismo plazo.
Luego, sin más trámite e inmediatamente, remitirá las actuaciones al tribunal de
alzada para que resuelva.
Solo se remitirá copia de las actuaciones pertinentes o se formará un legajo
especial para no demorar el trámite del procedimiento.
Excepcionalmente, el tribunal de alzada podrá solicitar otras copias o las
actuaciones originales; ello no implicará la paralización del procedimiento.
(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 9021 del 3 de enero de 2012)
(Anteriormente este numeral había sido reformado por el artículo 3° «Creación del recurso
de apelación de la sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación
de nuevas reglas de oralidad en el proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 439 al 454 actual).

ARTICULO 455.-Trámite en el tribunal de apelación. Recibidas las actuaciones, el
tribunal de alzada dentro de los tres días siguientes convocará a una audiencia oral con la
presencia de las partes, decidirá la admisibilidad del recurso y la procedencia de la
cuestión planteada, todo en una sola resolución.
(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 9021 del 3 de enero de 2012)
(Anteriormente este numeral había sido reformado por el artículo 3° «Creación del recurso
de apelación de la sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación
de nuevas reglas de oralidad en el proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 440 al 455 actual)

ARTICULO 456.-Audiencia oral. Quien ha ofrecido prueba tomará a su cargo hacerla
concurrir a la audiencia. El secretario auxiliará al oferente expidiendo las citaciones o las
órdenes necesarias, las que diligenciará. El tribunal resolverá inmediatamente de manera
oral, salvo que por lo avanzado de la hora o por conocerse un asunto de tramitación
compleja, se podrá diferir la resolución hasta por veinticuatro horas.
(Así reformado por el artículo 3° «Creación del recurso de apelación de la sentencia, otras
reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el
proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 441 al 456 actual)

ARTICULO 457.-
Celebración de la audiencia
La audiencia se celebrará con los intervinientes que comparezcan, y sus abogados
podrán hacer uso de la palabra, sin que se admitan réplicas.
Quienes intervengan en la discusión podrán dejar breves notas escritas sobre su
informe.
El imputado será representado por su defensor, pero podrá asistir a la audiencia y,
en ese caso, se le concederá la palabra en último término.
En la audiencia, el tribunal podrá interrogar a los recurrentes sobre las cuestiones
planteadas en el recurso.
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 442 al 457 actual)

TÍTULO IV. RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA

(Así reformado el título anterior por el artículo 4° «Creación del recurso de apelación de la
sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas
de oralidad en el proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)
Artículo 458.-Resoluciones recurribles. Son apelables todas las sentencias y los
sobreseimientos dictados en la fase de juicio y que resuelven los aspectos penales, civiles,
incidentales y demás que la ley determina.
(Así reformado por el artículo 4° «Creación del recurso de apelación de la sentencia, otras
reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el
proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó
del anterior artículo 443 al 458 actual).

ARTICULO 459.-Procedencia del recurso de apelación.
El recurso de apelación de sentencia permitirá el examen integral del fallo, cuando la parte interesada alegue
inconformidad con la determinación de los hechos, la incorporación y valoración de la
prueba, la fundamentación jurídica o la fijación de la pena. El tribunal de alzada se
pronunciará sobre los puntos que le sean expresamente cuestionados, pero declarará, aun
de oficio, los defectos absolutos y quebrantos al debido proceso que encuentren en la
sentencia.
(Así reformado por el artículo 4° «Creación del recurso de apelación de la sentencia, otras
reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el
proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 444 al 459 actual)

ARTICULO 460. Interposición.
El recurso de apelación de sentencia se interpondrá ante el tribunal que dictó la resolución, dentro del plazo de quince días de notificada,
mediante escrito o cualquier otra forma de registro reglamentariamente autorizado.
La parte recurrente deberá expresar los fundamentos de su inconformidad, el
agravio que le causa y su pretensión. En el mismo acto ofrecerá la prueba en respaldo de
sus alegaciones.
Cuando el tribunal de alzada tenga su sede en un lugar distinto, la parte deberá
fijar nuevo lugar o nueva forma para recibir notificaciones.
(Así reformado por el artículo 4° «Creación del recurso de apelación de la sentencia, otras
reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el
proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 445 al 460 actual)

Artículo 461.-Audiencia. Interpuesto el recurso, el tribunal que dictó la sentencia
dará audiencia a los interesados por el término de cinco días, durante los cuales deberán
señalar lugar o forma para recibir notificaciones en alzada y también podrán formular
adhesiones. Si se produce alguna adhesión, el tribunal conferirá nueva audiencia a las
otras partes sobre este extremo, por el término de cinco días. Vencidos estos plazos
remitirá los autos al tribunal de apelación de sentencia correspondiente.
(Así reformado por el artículo 4° «Creación del recurso de apelación de la sentencia, otras
reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el
proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 446 al 461 actual)

Artículo 462.-Trámite.
El tribunal de apelación de sentencia podrá declarar inadmisible el recurso, si estima que la resolución no es recurrible, que el recurso ha sido
interpuesto en forma extemporánea o que la parte no tiene el derecho de recurrir, en cuyo
caso lo declarará así y devolverá las actuaciones al tribunal de origen.
Si el recurso es admisible, el tribunal lo sustanciará y se pronunciará sobre el
fondo, aun cuando estime que en su redacción existen defectos. Si considera que estos le
impiden, en forma absoluta, conocer del reclamo, le prevendrá a la parte su corrección
conforme al artículo 15 de este Código, puntualizándole los aspectos que deben aclararse
y corregirse. Si los defectos no son corregidos, declarará su inadmisibilidad.
Si el recurso es admisible, el tribunal convocará, cuando corresponda, a audiencia
oral y pública, admitirá la prueba pertinente y útil para la comprobación de los agravios
acusados. De igual manera, ordenará traer de oficio la prueba que para los mismos
propósitos estime necesaria. En esta audiencia, según los puntos de inconformidad de las
partes, se reexaminarán los actos previos y posteriores al debate, los registros de los
actos realizados durante el juicio, los registros de la sentencia, y se evacuará la prueba
admitida. Durante esta audiencia se dará oportunidad al recurrente y a las partes para
exponer y argumentar acerca de los extremos de la apelación. En cualquier caso, el
tribunal que constate el quebranto a un derecho fundamental de las partes involucradas
podrá decretarlo de oficio.

(Así reformado por el artículo 4° «Creación del recurso de apelación de la sentencia, otras
reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el
proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artí culo 447 al 462 actual)

ARTICULO 463.-Audiencia oral. Si al interponer el recurso de apelación de
sentencia, al contestarlo o al adherirse a él, alguno de los interesados ha ofrecido prueba
que deba ser recibida en forma oral o considera necesario exponer oralmente sus
alegaciones, o bien, cuando el tribunal la estime útil, este fijará una audiencia oral dentro
de los quince días de recibidas las actuaciones.
Para celebrar la audiencia y la recepción de la prueba, regirán las reglas dispuestas
en el recurso de apelación de las etapas previas al juicio.
(Así reformado por el artículo 4° «Creación del recurso de apelación de la sentencia, otras
reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el
proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 448 al 463 actual)

Artículo 464.-Prueba en apelación de sentencia.
En orden al examen integral del juicio o del fallo emitido por el tribunal de juicio, mediante el recurso de apelación de
sentencia, el tribunal, a petición de parte, tendrá la facultad de examinar los registros de
las pruebas producidas en el juicio, siempre y cuando sea necesario, pertinente y útil para
los fines de la apelación, el objeto de la causa o para la constatación de un agravio. De
igual forma se procederá respecto de las manifestaciones del imputado.
En caso de pruebas testimoniales se examinarán los registros del debate o la
prueba y, si hay alguna duda sobre el alcance de las manifestaciones de algún testigo o
perito, por excepción, podrá recibir directamente su deposición o informe en audiencia
oral, pública y contradictoria, en la que se aplicarán, en cuanto sean compatibles, las
disposiciones que regulan el debate en la fase de juicio.
La parte recurrente podrá ofrecer, en el escrito de interposición del recurso,
pruebas nuevas sobre los hechos objeto del proceso o sobre la forma en que fue realizado
un acto, cuando se contradiga lo señalado en las actuaciones, en el acta, en los registros
del debate o la propia sentencia.
El tribunal aceptará como nueva solo la prueba ofrecida en su oportunidad pero
que sea arbitrariamente rechazada, la que aparezca como novedosa con posterioridad a la
sentencia y aquella que, aunque existiendo previamente, no estuvo en posibilidad efectiva
de ser ofrecida por el interesado en su momento.
El tribunal de apelación de sentencia podrá auxiliarse, en todo caso, de los
sistemas de documentación a su alcance, sean las actas escritas, la grabación fónica o la
videograbación, para facilitar el control de lo ocurrido en el tribunal de sentencia,
evitándose en lo posible repeticiones innecesarias.
Cuando la prueba sea evacuada oralmente, los jueces que la hayan recibido
deberán integrar el tribunal en el momento de la decisión final.
(Así reformado por el artículo 4° «Creación del recurso de apelación de la sentencia, otras
reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el
proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos
y demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 449 al 464 actual)

Artículo 464 bis.–(Derogado por el artículo 10° «Creación del recurso de apelación
de la sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas
reglas de oralidad en el proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)
(Así adicionado por el artículo 3° de la Ley N° 8503 del 28 de abril de 2006, «Apertura de
la Casación Penal»)
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos
y demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 449 bis al 464 bis actual)
(Mediante resolución de la Sala Constitucional N° 13820 del 20 de agosto de 2014, se
anuló el numeral 10 de la Ley N° N° 8837 del 3 de mayo de 2010, «Creación del recurso
de apelación de la sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación
de nuevas reglas de oralidad en el proceso penal», el cual derogó este artículo,
restituyéndose el artículo 466 bis del Código Procesal Penal. Subsiguientemente mediante
voto 2014-017411 del 22 de octubre de 2014, se adicionó la resolución número 2014-
013820 del 20 de agosto del 2014, a efectos de que se entienda lo siguiente: 1) La
inconstitucionalidad del artículo 10 de la Ley de creación del recurso de apelación de la
sentencia lo es únicamente respecto de la derogatoria del artículo 466 bis del Código
Procesal Penal, no así en cuanto al resto de normas que dicho artículo 10 derogó. 2) Se
dimensionan los efectos de la sentencia de fondo para que el artículo 466 bis del Código
Procesal Penal (originalmente el artículo 451 bis) entre a tener vigencia nuevamente a
partir de la fecha en que se resolvió esta acción, es decir, a partir del 20 de agosto del 2014

De forma tal que, los recursos de casación planteados en el supuesto de la norma,
que ya hubieran sido resueltos al 20 de agosto del 2014 quedan incólumes, pero los
recursos de casación planteados en el supuesto de la norma, que no estuviesen resueltos
al 20 de agosto del 2014 (es decir, estuviesen pendientes de resolución), quedarían sin
efecto en virtud de la prohibición que revive (con la nueva entrada en vigencia del artículo
466 bis del Código Procesal Penal) al ser declarada inconstitucional la norma que la
derogó.) ARTICULO 465. Examen y resolución. El tribunal de apelación de sentencia
apreciará la procedencia de los reclamos invocados en el recurso y sus fundamentos, de
modo que pueda valorar la forma en que los jueces de juicio apreciaron la prueba y
fundamentaron su decisión.
Hará uso de los registros que tenga disponibles, reproducirá la prueba oral del
juicio cuando lo estime necesario, pertinente y útil para la procedencia del reclamo, y hará
la valoración integral que corresponda con el resto de las actuaciones y la prueba
introducida por escrito.
Si el tribunal de apelación estima procedente el recurso, anulará total o
parcialmente la resolución impugnada y ordenará la reposición del juicio o de la
resolución. Cuando la anulación sea parcial, se indicará el objeto concreto del nuevo juicio
o resolución. En los demás casos, enmendará el vicio y resolverá el asunto de acuerdo
con la ley aplicable.
Cuando el recurso ha sido interpuesto solo por el imputado o a su favor, en la
resolución del tribunal de apelación de sentencia o en el juicio de reenvío no se podrá
imponer una sanción más grave que la impuesta en la sentencia anulada, ni desconocer
los beneficios que en esta se hayan acordado.
Si por efecto de la resolución del recurso debe cesar la prisión del imputado, el
tribunal de apelación de sentencia ordenará directamente la libertad.
(Así reformado por el artículo 4° «Creación del recurso de apelación de la sentencia, otras
reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el
proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 450 al 465 actual)

ARTICULO 466.-Juicio de reenvío. El juicio de reenvío deberá ser celebrado por el
mismo tribunal que dictó la sentencia, pero integrado por jueces distintos.
El recurso de apelación que se interponga contra la sentencia del juicio de reenvío
deberá ser conocido por el tribunal de apelación de sentencia respectivo, integrado por
jueces distintos de los que se pronunciaron en la ocasión anterior. De no ser posible
integrarlo con nuevos jueces, porque el impedimento cubre a titulares y suplentes, o no se
cuenta con el número suficiente de suplentes, la competencia será asumida por los
titulares que sean necesarios, no obstante la causal y sin responsabilidad disciplinaria
respecto de ellos.
(Así reformado por el artículo 4° «Creación del recurso de apelación de la sentencia, otras
reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el
proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 451 al 466 actual)

Artículo 466 bis.–Juicio de reenvío. El juicio de reenvío deberá ser celebrado por
el mismo tribunal que dictó la sentencia, pero integrado por jueces distintos.
El Ministerio Público, el querellante y el actor civil no podrán formular recurso de
casación contra la sentencia que se produzca en el juicio de reenvío que reitere la
absolución del imputado dispuesta en el primer juicio, pero sí podrán hacerlo en lo relativo
a la acción civil, la restitución y las costas.
El recurso de casación que se interponga contra la sentencia del juicio de reenvío,
deberá ser conocido por el Tribunal de Casación respectivo, integrado por jueces distintos
de los que se pronunciaron en la ocasión anterior. De no ser posible integrarlo con nuevos
jueces, porque el impedimento cubre a titulares y suplentes, o no se cuenta con el número
suficiente de suplentes, la competencia será asumida por los titulares que sean
necesarios, no obstante la causal y sin responsabilidad disciplinaria respecto de ellos.
(Así adicionado por el artículo 3° de la Ley N° 8503 del 28 de abril de 2006, «Apertura de
la Casación Penal»)
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos
y demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 451 bis al 466 bis actual)
(Anteriormente, este artículo había sido derogado por el artículo 10 de la Ley de Creación
del Recurso de apelación de la sentencia y otras reformas al régimen de impugnación e
implementación de nuevas reglas de oralidad en el proceso penal, N° 8837 del 3 de mayo
de 2010. Posteriormente, mediante resolución de la Sala Constitucional N° 13820 del 20
de agosto de 2014, se anuló dicho numeral 10 de la ley afectante, restituyéndose este
artículo en su texto preexistente. Subsiguientemente mediante voto 2014-017411 del 22
de octubre de 2014, se adicionó la resolución número 2014-013820 del 20 de agosto del
2014, a efectos de que se entienda lo siguiente: 1) La inconstitucionalidad del artículo 10
de la Ley de creación del recurso de apelación de la sentencia lo es únicamente respecto
de la derogatoria del artículo 466 bis del Código Procesal Penal, no así en cuanto al resto
de normas que dicho artículo 10 derogó. 2) Se dimensionan los efectos de la sentencia de
fondo para que el artículo 466 bis del Código Procesal Penal (originalmente el artículo 451
bis) entre a tener vigencia nuevamente a partir de la fecha en que se resolvió esta acción,
es decir, a partir del 20 de agosto del 2014. De forma tal que, los recursos de casación
planteados en el supuesto de la norma, que ya hubieran sido resueltos al 20 de agosto del
2014 quedan incólumes, pero los recursos de casación planteados en el supuesto de la
norma, que no estuviesen resueltos al 20 de agosto del 2014 (es decir, estuviesen
pendientes de resolución), quedarían sin efecto en virtud de la prohibición que revive (con
la nueva entrada en vigencia del artículo 466 bis del Código Procesal Penal) al ser
declarada inconstitucional la norma que la derogó.)

TÍTULO V. RECURSO DE CASACIÓN
(Así adicionado el título anterior por el artículo 5° «Creación del recurso de apelación de la
sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas
de oralidad en el proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)
Artículo 467.-Resoluciones recurribles. El recurso de casación procederá contra las
resoluciones dictadas por los tribunales de apelación de sentencia, que confirmen total o
parcialmente, o bien resuelvan en definitiva, la sentencia dictada por el tribunal de juicio.
(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 9021 del 3 de enero de 2012)
(Así adicionado por el artículo 5° «Creación del recurso de apelación de la sentencia, otras
reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el
proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)

Artículo 468.-Motivos. El recurso de casación podrá ser fundado en alguno de los
siguientes motivos:
a) Cuando se alegue la existencia de precedentes contradictorios dictados por los
tribunales de apelación de sentencia, o de estos con precedentes de la Sala de
Casación Penal.
b) Cuando la sentencia inobserve o aplique erróneamente un precepto legal
sustantivo o procesal.
Para los efectos del inciso a) de este artículo se entiende por precedente
únicamente la interpretación y aplicación de derecho relacionada directamente con el
objeto de resolución.
Cuando el precepto legal que se invoque como inobservado o erróneamente
aplicado constituya un defecto del procedimiento, para que proceda el recurso deberá
dirigirse contra los actos sancionados con inadmisibilidad, caducidad, ineficacia o nulidad,
siempre que el recurrente haya reclamado oportunamente la subsanación del defecto o
haya hecho manifestación de recurrir en casación. Queda a salvo lo dispuesto en el
artículo 178 de este Código, referido a defectos absolutos.
(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 9021 del 3 de enero de 2012)
(Así adicionado por el artículo 5° «Creación del recurso de apelación de la sentencia, otras
reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el
proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)

Artículo 469.-Interposición. El recurso de casación será interpuesto bajo sanción de
inadmisibilidad, ante el tribunal que dictó la resolución, dentro del plazo de quince días de
notificada, mediante escrito o cualquier otro registro reglamentariamente autorizado.
Deberá estar debidamente fundado y citará, con claridad, las disposiciones legales que se
consideren inobservadas o erróneamente aplicadas, o bien, la mención y el contenido de
los precedentes que se consideren contradictorios; en todo caso, se indicará cuál es el
agravio y la pretensión.
Deberá indicarse, por separado, cada motivo con sus fundamentos.Fuera de esta
oportunidad no podrá aducirse otro motivo.
(Así adicionado por el artículo 5° «Creación del recurso de apelación de la sentencia, otras
reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el
proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)

Artículo 470.-Audiencia. Interpuesto el recurso, el tribunal que dictó la sentencia de
apelación dará audiencia a los interesados por el término de cinco días, durante los cuales
deberán señalar el lugar o la forma para recibir notificaciones en alzada y también podrán
formular adhesiones. Si se produce alguna adhesión, el tribunal conferirá nueva audiencia
a las partes restantes sobre este extremo, por el término de cinco días. Vencidos estos
plazo, remitirá el expediente a la Sala de Casación.
(Así adicionado por el artículo 5° «Creación del recurso de apelación de la sentencia, otras
reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el
proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)

Artículo 471.- Admisibilidad y trámite. La Sala de Casación declarará inadmisible el
recurso cuando no se cumplan los requisitos legales para su interposición, según lo
establece el artículo 469 anterior; además, cuando la resolución no sea recurrible, la parte
no tenga el derecho de recurrir, cuando el recurso tenga como finalidad modificar los
hechos probados o cuando el recurso sea absolutamente infundado, en cuyo caso lo
declarará así y devolverá las actuaciones al tribunal de origen.
Si el recurso es admisible, se asignará a un magistrado instructor; la Sala lo
sustanciará y se pronunciará sobre los motivos planteados.
Si el recurso es admisible y no se considera necesario convocar a una audiencia
oral, la Sala dictará sentencia.
(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 9021 del 3 de enero de 2012)
(Así adicionado por el artículo 5° «Creación del recurso de apelación de la sentencia, otras
reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el
proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)

Artículo 472.-Audiencia oral. Si al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse
a él, alguno de los interesados considera necesario exponer oralmente sus alegaciones,
solicitará audiencia oral a la Sala que la fijará dentro de los quince días de recibidas las
actuaciones. Igual procedimiento se seguirá si la Sala, de oficio, estima necesaria su
realización.
Para celebrar la audiencia oral regirán las reglas dispuestas para el recurso de
apelación. La resolución del caso se dictará inmediatamente después de realizada la
audiencia, salvo que la complejidad del asunto obligue a su postergación.
(Así adicionado por el artículo 5° «Creación del recurso de apelación de la sentencia, otras
reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el
proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)

Artículo 473.-Resolución y efectos extensivos. Si la Sala de Casación estima
procedente el recurso por violación de ley procesal, anulará, total o parcialmente, la
resolución impugnada y ordenará la reposición del procedimiento y resolución del tribunal
de apelación de la sentencia. Cuando la anulación sea parcial, se indicará el objeto
concreto del nuevo procedimiento o resolución.
En los demás casos, la Sala, al acoger el recurso, enmendará el vicio y resolverá el
asunto de acuerdo con la ley aplicable.
Cuando lo estime pertinente, para tutelar el derecho del imputado a un recurso que
implique el examen integral del juicio y la sentencia, la Sala podrá disponer la anulación
del debate, las resoluciones que de él dependan y se ordenará su reposición mediante
reenvío al tribunal de juicio.
Para la toma de su decisión, la Sala tendrá a su disposición los registros del juicio y
del procedimiento de apelación de sentencia. Solamente se podrá ofrecer prueba cuando
el recurso se fundamente en un defecto de procedimiento y se discuta la forma en que fue
llevado a cabo un acto, en contraposición a los registros del procedimiento de apelación de
la sentencia.
Si por efecto de la resolución del recurso la Sala considera que debe cesar la prisión
del imputado, ordenará directamente la libertad.
(Así adicionado por el artículo 5° «Creación del recurso de apelación de la sentencia, otras
reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el
proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)

Artículo 474.-Prohibición de reforma en perjuicio. Cuando el recurso de casación ha
sido interpuesto solo por el imputado o a su favor y cuando se ha presentado recurso de
apelación de sentencia solo por el imputado, o a su favor, en la resolución de la Sala o en
el juicio de reenvío no se podrá imponer una sanción más grave que la impuesta en la
sentencia anulada, ni desconocer los beneficios que en esta se hayan acordado.
(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 9021 del 3 de enero de 2012)
(Así adicionado por el artículo 5° «Creación del recurso de apelación de la sentencia, otras
reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el
proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)

Artículo 475.-Juicio de reenvío. El juicio de reenvío a la instancia de juicio o a la de
apelación de sentencia deberá ser celebrado por el mismo tribunal que dictó la resolución
anulada, pero integrado por jueces distintos.
El recurso de casación que se interponga contra la sentencia del juicio de reenvío
del tribunal de apelación deberá ser conocido por la Sala de Casación, integrada por
magistrados distintos de los que se pronunciaron en la ocasión anterior. De no ser posible
integrarlo con nuevos magistrados, porque el impedimento cubre a titulares y suplentes, o
no se cuenta con el número suficiente de suplentes, la competencia será asumida por los
titulares que sean necesarios, no obstante la causal y sin responsabilidad disciplinaria
respecto de ellos.
(Así adicionado por el artículo 5° «Creación del recurso de apelación de la sentencia, otras
reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el
proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)

LIBRO IV. EJECUCION
TITULO I. EJECUCION PENAL
CAPITULO I. NORMAS GENERALES

ARTICULO 476.-
Derechos
El condenado podrá ejercer, durante la ejecución de la pena, los derechos y las
facultades que las leyes penales, penitenciarias y los reglamentos le otorgan, y planteará
ante el tribunal que corresponda las observaciones que, con fundamento en aquellas
reglas, estime convenientes.
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 452 al 467 actual)
(Así corrida su numeración por el artículo 5° «Creación del recurso de apelación de la
sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas
de oralidad en el proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010, que lo traspaso del
antiguo artículo 467 al 476)

ARTICULO 477.-
Competencia
Las resoluciones judiciales serán ejecutadas, salvo disposición en contrario, por el
tribunal que las dictó en primera o en única instancia.
El tribunal de sentencia será competente para realizar la primera fijación de la pena
o las medidas de seguridad, así como de las condiciones de su cumplimiento. Lo relativo a
las sucesivas fijaciones, extinción, sustitución o modificación de aquellas será competencia
del tribunal de ejecución de la pena.
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 453 al 468 actual)
(Así corrida su numeración por el artículo 5° «Creación del recurso de apelación de la
sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas
de oralidad en el proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010, que lo traspaso del
antiguo artículo 468 al 477)

ARTICULO 478.-
Incidentes de ejecución
El Ministerio Público, el querellante, el condenado y su defensor podrán plantear,
ante el tribunal de ejecución de la pena, incidentes relativos a la ejecución, sustitución,
modificación o extinción de la pena o de las medidas de seguridad. Estos deberán ser
resueltos dentro del término de cinco días, previa audiencia a los demás intervinientes. Si
fuera necesario incorporar elementos de prueba, el tribunal, aun de oficio, ordenará una
investigación sumaria, después de la cual decidirá.
Los incidentes relativos a la libertad anticipada y aquellos en los cuales, por su
importancia, el tribunal lo estime necesario, serán resueltos en audiencia oral, citando a
los testigos y peritos que deben informar durante el debate.
El tribunal decidirá por auto fundado y, contra lo resuelto, procede recurso de
apelación ante el tribunal de sentencia, cuya interposición no suspenderá la ejecución de
la pena, a menos que así lo disponga este último tribunal.
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 454 al 469 actual)
(Así corrida su numeración por el artículo 5° «Creación del recurso de apelación de la
sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas
de oralidad en el proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010, que lo traspaso del
antiguo artículo 469 al 478)

ARTICULO 479.-
Suspensión de medidas administrativas
Durante el trámite de los incidentes, el tribunal de ejecución de la pena podrá
ordenar la suspensión provisional de las medidas de la administración penitenciaria que
sean impugnadas en el procedimiento.
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 455 al 470 actual)
(Así corrida su numeración por el artículo 5° «Creación del recurso de apelación de la
sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas
de oralidad en el proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010, que lo traspaso del
antiguo artículo 470 al 479)

ARTICULO 480.-
Defensa
La labor del defensor culminará con la sentencia firme, sin perjuicio de que
continúe en el ejercicio de la defensa técnica durante la ejecución de la pena. Asimismo, el
condenado podrá nombrar un nuevo defensor, en su defecto, se le nombrará un defensor
público.
El ejercicio de la defensa durante la ejecución penal consistirá en el asesoramiento
al condenado, cuando se requiera, para la interposición de las gestiones necesarias en
resguardo de sus derechos.
No será deber de la defensa vigilar el cumplimiento de la pena.
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 456 al 471 actual)
(Así corrida su numeración por el artículo 5° «Creación del recurso de apelación de la
sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas
de oralidad en el proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010, que lo traspaso del
antiguo artículo 471 al 480)

ARTICULO 481.-
Ministerio Público
Los fiscales de ejecución de la pena intervendrán en los procedimientos de
ejecución, velando por el respeto de los derechos fundamentales y de las disposiciones de
la sentencia.
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 457 al 472 actual)
(Así corrida su numeración por el artículo 5° «Creación del recurso de apelación de la
sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas
de oralidad en el proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010, que lo traspaso del
antiguo artículo 472 al 481)

ARTICULO 482.-
Atribuciones de los jueces de ejecución de la pena
Los jueces de ejecución de la pena controlarán el cumplimiento del régimen
penitenciario y el respeto de las finalidades constitucionales y legales de la pena y de las
medidas de seguridad. Podrán hacer comparecer ante sí a los condenados o a los
funcionarios del sistema penitenciario, con fines de vigilancia y control.
Les corresponderá especialmente:
a) Mantener, sustituir, modificar o hacer cesar la pena y las medidas de seguridad,
así como las condiciones de su cumplimiento.
b) Visitar los centros de reclusión, por lo menos una vez cada seis meses, con el fin
de constatar el respeto de los derechos fundamentales y penitenciarios de los
internos, y ordenar las medidas correctivas que estimen convenientes.
c) Resolver, con aplicación del procedimiento previsto para los incidentes de
ejecución, las peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el
régimen y el tratamiento penitenciario en cuanto afecten sus derechos.
d) Resolver, por vía de recurso, las reclamaciones que formulen los internos sobre
sanciones disciplinarias.
e) Aprobar las sanciones de aislamiento por más de cuarenta y ocho horas, en
celdas.
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó
del anterior artículo 458 al 473 actual)
(Así corrida su numeración por el artículo 5° «Creación del recurso de apelación de la
sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas
de oralidad en el proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010, que lo traspaso del
antiguo artículo 473 al 482)

CAPITULO II. PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

ARTICULO 483.- Ejecutoriedad
La sentencia condenatoria deberá quedar firme para originar su ejecución.
Inmediatamente después de quedar firme, se ordenarán las comunicaciones e
inscripciones correspondientes.
Si el sentenciado se halla en libertad, se dispondrá lo necesario para su captura.
El tribunal ordenará la realización de las medidas necesarias para que se cumplan
los efectos de la sentencia.
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 459 al 474 actual.)
(Así corrida su numeración por el artículo 5° «Creación del recurso de apelación de la
sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas
de oralidad en el proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010, que lo traspaso del
antiguo artículo 474 al 483)

ARTICULO 484.- Cómputo definitivo
El tribunal de sentencia realizará el cómputo de la pena, y descontará de esta la
prisión preventiva y el arresto domiciliario cumplidos por el condenado, para determinar
con precisión la fecha en la que finalizará la condena.
El cómputo será siempre reformable, aun de oficio, si se comprueba un error o
cuando nuevas circunstancias lo tornen necesario.
La liquidación de la pena se comunicará inmediatamente al tribunal de ejecución y
al Instituto Nacional de Criminología.
El incumplimiento de estas disposiciones se considerará falta grave.
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 460 al 475 actual.)
(Así corrida su numeración por el artículo 5° «Creación del recurso de apelación de la
sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas
de oralidad en el proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010, que lo traspaso del
antiguo artículo 475 al 484)

ARTICULO 485.- Enfermedad del condenado
Si durante la ejecución de la pena privativa de libertad, el condenado sufre alguna
enfermedad que no pueda ser atendida en la cárcel, el tribunal de ejecución de la pena
dispondrá, previo los informes médicos necesarios, la internación del enfermo en un
establecimiento adecuado y ordenará las medidas necesarias para evitar la fuga.
El director del establecimiento penitenciario tendrá iguales facultades, cuando se
trate de casos urgentes; pero la medida deberá ser comunicada de inmediato al tribunal
que podrá confirmarla o revocarla.
Estas reglas serán aplicables a la prisión preventiva, en relación con el tribunal que
conozca del proceso, y a las restantes penas en cuanto sean susceptibles de ser
suspendidas por enfermedad.
El tiempo de internación se computará a los fines de la pena, siempre que el
condenado esté privado de libertad.
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo traspasó
del anterior artículo 461 al 476 actual.)
(Así corrida su numeración por el artículo 5° «Creación del recurso de apelación de la
sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas
de oralidad en el proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010, que lo traspaso del
antiguo artículo 476 al 485)

ARTICULO 486.- Ejecución diferida
El tribunal de ejecución de la pena podrá suspender el cumplimiento de la pena
privativa de libertad, en los siguientes casos:
a) Cuando deba cumplirla una mujer en estado avanzado de embarazo o con hijo
menor de tres meses de edad, siempre que la privación de libertad ponga en
peligro la vida, la salud o la integridad de la madre, el feto o el hijo.
b) Si el condenado se encuentra gravemente enfermo y la ejecución de la pena
ponga en peligro su vida, según dictamen que se requerirá al Departamento de
Medicina Legal.
Cuando cesen estas condiciones, la sentencia continuará ejecutándose.
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 462 al 477 actual.)
(Así corrida su numeración por el artículo 5° «Creación del recurso de apelación de la
sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas
de oralidad en el proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010, que lo traspaso del
antiguo artículo 477 al 486)

Artículo 486 bis.- Sustitución de la prisión durante la ejecución de la pena
por arresto domiciliario con monitoreo electrónico
El juez de ejecución de la pena podrá ordenar el arresto domiciliario con monitoreo
electrónico durante la ejecución de la pena, como sustitutivo de la prisión, siempre que
concurran los siguientes presupuestos:
1) Cuando la mujer condenada se encuentre en estado avanzado de embarazo al
momento del ingreso a prisión, sea madre jefa de hogar de hijo o hija menor de
edad hasta de doce años, o que el hijo o familiar sufra algún tipo de discapacidad o
enfermedad grave debidamente probada. Podrá ordenarse también este sustitutivo
siempre que haya estado bajo su cuidado y se acredite que no existe otra persona
que pueda ocuparse del cuidado. En ausencia de ella, el padre que haya asumido
esta responsabilidad tendrá el mismo beneficio.
2) Cuando la persona condenada sea mayor de sesenta y cinco años, siempre que
su personalidad, la naturaleza y modalidad del delito justifiquen la sustitución de la
prisión.
3) Cuando a la persona condenada le sobrevenga alguna enfermedad física,
adictiva o siquiátrica cuyo tratamiento, aun cuando sea posible seguirlo en la
prisión, resulte pertinente hacerlo fuera para asegurar la recuperación, previo los
informes médicos y técnicos necesarios que justifiquen el arresto domiciliario.
4) Cuando a la persona condenada le sobrevengan situaciones en la ejecución de
la pena que ameriten el resguardo del principio de humanidad, siempre que su
personalidad, la naturaleza y modalidad del delito justifiquen la sustitución de la
prisión.
El juez podrá ordenar las condiciones que aseguren el cumplimiento de la pena
ordenando su ubicación en el programa que defina el Ministerio de Justicia y Paz, a fin de
asegurar el cumplimiento del plan de ejecución y atención técnica, y obligaciones de
cumplimiento. Asimismo, podrá otorgar los permisos necesarios para los controles
médicos de rigor, la ocurrencia del parto u obligaciones adquiridas en relación con el
cuidado de los hijos menores a su cargo o personas con discapacidad o dependientes,
asegurándose el monitoreo permanente. Estas reglas serán aplicables a la prisión
preventiva en relación con la autoridad judicial que conozca del proceso. En caso de
incumplimiento injustificado o comisión de nuevo delito doloso se comunicará al juez
competente, quien podrá modificar o revocar este beneficio y ordenar el ingreso a prisión.
(Así adicionado por el artículo 10° de la ley N° 9271 del 30 de setiembre de 2014,
«Mecanismos electrónicos de seguimiento en materia penal»)

ARTICULO 487.- Medidas de seguridad
Las reglas establecidas en este Capítulo regirán para las medidas de seguridad en
lo que sean aplicables.
El tribunal examinará, periódicamente, la situación de quien sufre una medida.
Fijará un plazo no mayor de seis meses entre cada examen, previo informe del
establecimiento y de los peritos. La decisión versará sobre la cesación o continuación de la
medida y, en este último caso, podrá ordenar la modificación del tratamiento.
Cuando el juez tenga conocimiento, por informe fundado, de que desaparecieron
las causas que motivaron la internación, procederá a su sustitución o cancelación.
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 463 al 478 actual.)
(Así corrida su numeración por el artículo 5° «Creación del recurso de apelación de la
sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas
de oralidad en el proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010, que lo traspaso del
antiguo artículo 478 al 487)

TITULO II. EJECUCION CIVIL

ARTICULO 488.- Competencia
La sentencia que condene a restitución, indemnización o reparación de daños y
perjuicios, cuando no sea inmediatamente ejecutada o no pueda serlo por simple orden
del tribunal que la dictó, se ejecutará por el interesado ante el juez civil o contencioso
administrativo, según corresponda.
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 464 al 479 actual.)
(Así corrida su numeración por el artículo 5° «Creación del recurso de apelación de la
sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas
de oralidad en el proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010, que lo traspaso del
antiguo artículo 479 al 488)

ARTICULO 489.- Comiso
Cuando en la sentencia se ordene el comiso de algún objeto, el tribunal le dará el
destino que corresponda según su naturaleza, conforme a las normas que rigen la
materia. En su caso los instrumentos con que se cometió el delito, serán remitidos al
Museo Criminológico de la Corte Suprema de Justicia.
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 465 al 480 actual.)
(Así corrida su numeración por el artículo 5° «Creación del recurso de apelación de la
sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas
de oralidad en el proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010, que lo traspaso del
antiguo artículo 480 al 489)

ARTICULO 490.- Restitución y retención de cosas secuestradas
Las cosas decomisadas no sujetas a comiso, restitución o embargo, serán devueltas
a quien se le secuestraron, inmediatamente después de la firmeza de la sentencia. Si
hubieran sido entregadas en depósito provisional, se notificará al depositario la entrega
definitiva.
Las cosas secuestradas de propiedad del condenado podrán ser retenidas en
garantía de las costas del proceso y de la responsabilidad pecuniaria impuesta.
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 466 al 481 actual.)
(Así corrida su numeración por el artículo 5° «Creación del recurso de apelación de la
sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas
de oralidad en el proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010, que lo traspaso del
antiguo artículo 481 al 490)

ARTICULO 491.- Controversia
Si se suscita controversia sobre la restitución o su forma, se dispondrá que los
interesados acudan a la jurisdicción civil.
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 467 al 482 actual.)
(Así corrida su numeración por el artículo 5° «Creación del recurso de apelación de la
sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas
de oralidad en el proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010, que lo traspaso del
antiguo artículo 482 al 491)

ARTICULO 492.- Sentencia declarativa de falsedad instrumental
Cuando una sentencia declare falso un instrumento público, el tribunal que la dictó
ordenará que el acto sea reconstruido, suprimido o reformado. Si es del caso ordenará las
rectificaciones registrales que correspondan.
Si el documento ha sido extraído de un archivo, será restituido a él, con nota
marginal en cada página, y se agregará copia de la sentencia que hubiera establecido la
falsedad total o parcial.
Si se trata de un documento protocolizado, la declaración hecha en la sentencia se
anotará al margen de la matriz, en los testimonios que se hayan presentado y en el
registro respectivo.
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 468 al 483 actual.)
(Así corrida su numeración por el artículo 5° «Creación del recurso de apelación de la
sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas
de oralidad en el proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010, que lo traspaso del
antiguo artículo 483 al 492)

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 493.- Normas prácticas
La Corte Suprema de Justicia dictará las normas prácticas necesarias para aplicar
este Código.
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 469 al 484 actual.)
(Así corrida su numeración por el artículo 5° «Creación del recurso de apelación de la
sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas
de oralidad en el proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010, que lo traspaso del
antiguo artículo 484 al 493)

ARTICULO 494.- Derogaciones
Se derogan expresamente el Código de Procedimientos Penales, Ley No. 5377, del
19 de octubre de 1973 y las leyes que lo adicionaron y reformaron, así como cualquier
disposición que se oponga o contradiga lo preceptuado en este Código.
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 470 al 485 actual.)
(Así corrida su numeración por el artículo 5° «Creación del recurso de apelación de la
sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas
de oralidad en el proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010, que lo traspaso del
antiguo artículo 485 al 494)

ARTICULO 495.-
Reformas Se reforman los artículos 294 y 298 del Código de Procedimientos
Penales, Ley No. 5789, del 1 de setiembre de 1975 (sic: debe entenderse Ley Nº 5377 de
19 de octubre de 1973). Los textos dirán:
«Artículo 294.-
Si el juez estima prima facie que el imputado, en caso de condena, no se le privará
de libertad por un tiempo mayor al de la prisión sufrida, dispondrá por auto la cesación del
encarcelamiento y la inmediata libertad de aquel.
Además, en casos excepcionales, el juez, mediante auto motivado, podrá revocar la
prisión preventiva cuando así se requiera por haber variado las condiciones que
justificaron su imposición.
En todos los casos, la resolución revocatoria será apelable, sin efecto suspensivo,
por el Ministerio Público.»
«Artículo 298.-
No procederá la excarcelación:
1.- Antes de que hayan transcurrido tres meses desde que el juez ordenó la prisión
preventiva, sin perjuicio de la potestad extraordinaria otorgada al juez por el
párrafo segundo del artículo 294.
2.- A quien esté declarado rebelde.
3.- Cuando, a juicio del tribunal, existan vehementes indicios de que el imputado
tratará de eludir la acción de la justicia.
4.- Cuando existan indicios -igualmente graves- en los antecedentes del imputado o
en otros elementos de convicción, de que continuará la actividad delictiva.»
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 471 al 486 actual.)
(Así corrida su numeración por el artículo 5° «Creación del recurso de apelación de la
sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas
de oralidad en el proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010, que lo traspaso del
antiguo artículo 486 al 495)

ARTICULO 496.- Vigencia
Este Código entrará en vigencia el 1 de enero de 1998.
(Así corrida su numeración por el artículo 18 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y
demás intervinientes en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009, que lo
traspasó del anterior artículo 472 al 487 actual.)
(Así corrida su numeración por el artículo 5° «Creación del recurso de apelación de la
sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas
de oralidad en el proceso penal», ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010, que lo traspaso del
antiguo artículo 487 al 496)

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
TRANSITORIO I.-

Aplicación a procesos pendientes Los procesos que, a la entrada en vigencia de esta
ley, tengan auto de elevación a juicio o de prórroga extraordinaria, aunque no estén
firmes, continuarán tramitándose de conformidad con el Código anterior.
En los demás casos, se aplicará este Código y deberán adecuarse los
procedimientos conforme a las nuevas disposiciones.

TRANSITORIO II.-
Prescripción de causas pendientes El plazo de prescripción de la acción penal en las
causas pendientes en los tribunales, a las que se aplicará este Código, comenzará a correr
a partir de la vigencia de este último. Para las causas que deban continuar su tramitación
de conformidad con las normas del Código de Procedimientos Penales de 1973, regirán las
disposiciones sobre prescripción previstas en el Código Penal de 1970.

TRANSITORIO III.-
Facultades transitorias de la Corte Suprema de Justicia Además de las facultades ya
previstas en la ley, durante los primeros dos años de vigencia de este Código, la Corte
Suprema de Justicia podrá trasladar funcionarios de una circunscripción a otra o de una
oficina a otra, abrir o cerrar oficinas, asignar recargos, reorganizar despachos y redistribuir
la competencia territorial de los tribunales, siempre que ello resulte indispensable para la
mejor aplicación de este Código.

TRANSITORIO IV.-
Legislación de transición Antes de la entrada en vigencia de este Código, deberá
aprobarse una ley que regule la organización de las oficinas judiciales, su competencia y la
del Ministerio Público y, en general, se adecue la organización del Poder Judicial a los
requerimientos de este Código. Esa ley deberá contener las reglas que regirán la transición
de un sistema procesal a otro

TRANSITORIO V.-
Vigencia temporal de la reforma al Código de Procedimientos Penales La reforma de
los artículos 294 y 298 del Código de Procedimientos Penales, Ley No. 5789, del 1 de
setiembre de 1975 (sic: debe entenderse Ley Nº 5377 de 19 de octubre de 1973), que
mediante esta ley se realiza, se mantendrá en vigencia desde su publicación y hasta el 1
de enero de 1998.
Dado en la Presidencia de la República.-San José, a los diez días del mes de abril de
mil novecientos noventa y seis.

Fecha de generación: 28/10/2020 06:15:46 p.m.